La protección ambiental en retroceso: menos fiscalización y normas pendientes

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Siete meses después de que el gobierno de José Antonio Kast retirara 43 decretos ambientales de Contraloría, 34 todavía no han sido reingresados y uno permanece sin información pública sobre su estado. Entre los instrumentos pendientes figuran normas de contaminación, reglamentos de conservación y la protección de ecosistemas y especies amenazadas. Paralelamente, el proyecto de Presupuesto 2027 reduce recursos para fiscalización ambiental, compromisos climáticos y programas de descontaminación. Aunque el Ejecutivo argumenta que busca mejorar la calidad regulatoria y la eficiencia del gasto, las decisiones abren interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger el medioambiente en un escenario de creciente presión sobre los territorios.

El 12 de marzo de 2026, un día después de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, firmó el Oficio N.º 1.707. Mediante ese documento solicitó retirar de la Contraloría General de la República 43 decretos supremos que habían sido enviados para su tramitación durante el gobierno anterior.

El retiro se concretó el 16 de marzo. La explicación oficial fue la necesidad de revisar los instrumentos, evaluar sus fundamentos técnicos y jurídicos y evitar la aprobación de regulaciones que pudieran presentar deficiencias.

La medida alcanzó normas de calidad del aire y del agua, planes de descontaminación, reglamentos para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), mecanismos de conservación y decretos destinados a crear nuevas áreas protegidas.

Más de 200 días después, una investigación de La Tercera estableció que apenas una parte de esos instrumentos había retomado su tramitación. Cinco decretos fueron reingresados y completaron el procedimiento; otros tres permanecían bajo evaluación de Contraloría. Treinta y cuatro no habían sido reingresados y sobre uno no existía información suficiente para determinar su situación.

La investigación constató, además, que desde el 27 de julio no se habían registrado nuevos movimientos conocidos.

El balance resulta significativo porque muchos de estos instrumentos no corresponden a iniciativas nuevas. Algunos comenzaron su tramitación en 2024 y 2025, después de procesos de elaboración técnica y participación institucional.

Su retiro no equivale necesariamente a una derogación definitiva. Pero mientras no completen su tramitación, las nuevas disposiciones no pueden producir todos los efectos jurídicos para los que fueron diseñadas.

De los glaciares y salares a los parques marinos

Entre los decretos pendientes se encuentran decisiones destinadas a proteger ecosistemas especialmente sensibles.

Una de ellas es la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural. La especie enfrenta amenazas asociadas a la actividad humana, la alteración de sus hábitats y los cambios en la disponibilidad de alimento.

La medida adquiere especial relevancia en el norte de Chile, donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, cercana al área de influencia del controvertido proyecto minero-portuario Dominga.

Según la investigación de La Tercera, Greenpeace ha cuestionado que el Ministerio mantenga el decreto en revisión sin establecer una fecha para su reingreso. La organización sostiene que los argumentos sobre la necesidad de nuevos estudios no justifican mantener indefinidamente suspendida la tramitación de una medida de conservación.

También permanecen bajo revisión decretos destinados a crear nuevas áreas protegidas en salares y lagunas altoandinas de la Región de Atacama, entre ellos Las Parinas y Lagunas Bravas.

Se trata de territorios donde confluyen intereses de conservación, disponibilidad de agua, biodiversidad y actividad minera, particularmente en el contexto de la expansión de proyectos asociados al litio.

En el ámbito marino, los decretos relativos a los parques Mar de Juan Fernández II y Nazca-Desventuradas II también figuran entre los instrumentos pendientes.

Su aprobación había sido presentada por el gobierno anterior como parte de una expansión significativa de la superficie marina protegida de Chile.

El problema no consiste únicamente en la demora administrativa. La incertidumbre afecta a comunidades, organizaciones ambientales y también a los propios titulares de proyectos económicos, que necesitan conocer con claridad las normas aplicables a cada territorio.

El Presupuesto 2027: más recursos globales, menos para programas específicos

La segunda dimensión del problema aparece en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027.

El Ministerio del Medio Ambiente contempla recursos por aproximadamente $98.632 millones. Aunque el monto total muestra un aumento nominal respecto de 2026, su distribución revela disminuciones importantes en programas específicos.

Una parte considerable del incremento se concentra en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya implementación exige nuevas capacidades institucionales, personal y recursos operativos.

En cambio, la Subsecretaría del Medio Ambiente experimenta una reducción de aproximadamente $2.000 millones.

Los fondos destinados a la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que contienen los compromisos climáticos asumidos por Chile, presentan una disminución real cercana al 60%.

El programa de Calefacción Sustentable registra una reducción de 54,47%, mientras los recursos destinados a fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente caen 19,4%.

El proyecto también elimina la identificación presupuestaria específica que en 2026 destinaba recursos a la implementación del Acuerdo de Escazú.

Estas cifras deben interpretarse con cuidado. El presupuesto global del Ministerio no está experimentando un recorte generalizado y el nuevo SBAP recibe recursos adicionales. Sin embargo, la disminución de programas operativos plantea preguntas sobre la capacidad de ejecutar políticas ambientales ya comprometidas.

Menos recursos para vigilar el cumplimiento de las normas

La Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, las normas de emisión, los planes de descontaminación y otras obligaciones ambientales.

Su trabajo incluye inspecciones, monitoreo, procedimientos sancionatorios y seguimiento de proyectos que pueden producir impactos sobre el agua, el aire, los ecosistemas y las comunidades.

El proyecto presupuestario contempla una reducción real de 2,44% en los recursos totales de la Superintendencia, pero la disminución es considerablemente mayor en sus programas específicos de fiscalización, donde alcanza el 19,4%.

También se propone reducir en 14 cupos la dotación máxima del organismo.

El Ministerio ha explicado que buscará compensar estas restricciones mediante monitoreo remoto, herramientas de inteligencia ambiental y una fiscalización estratégica de carácter regional.

Estas herramientas pueden mejorar la eficiencia de las inspecciones, especialmente cuando permiten identificar incumplimientos mediante sistemas de información y vigilancia a distancia. Sin embargo, no reemplazan necesariamente la presencia de fiscalizadores en terreno, la toma de muestras ni las investigaciones técnicas que requieren comprobar directamente los impactos de una actividad.

La pregunta es particularmente relevante para territorios donde se concentran proyectos mineros, energéticos, industriales y de infraestructura.

En lugares como el Valle del Huasco, donde comunidades y organizaciones mantienen controversias judiciales por proyectos mineros, la capacidad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir las resoluciones ambientales resulta determinante.

Lo mismo ocurre en zonas afectadas por contaminación atmosférica, escasez hídrica o conflictos asociados a la instalación de nuevas infraestructuras.

La reducción de recursos no demuestra, por sí sola, que disminuirá el número de fiscalizaciones. Pero obliga a conocer cómo se reorganizarán las inspecciones, qué actividades tendrán prioridad y cuáles podrían quedar postergadas.

Los compromisos climáticos también pierden financiamiento

Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático que establece obligaciones para distintos organismos del Estado y contempla instrumentos de planificación destinados a reducir emisiones y adaptar el país a los efectos del calentamiento global.

Su implementación requiere recursos, capacidades técnicas y coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y municipios.

Por eso resulta significativo que el presupuesto destinado al cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales registre una disminución cercana al 60%.

La reducción ocurre en un contexto de creciente exposición del territorio chileno a fenómenos meteorológicos extremos.

Durante las últimas semanas, la Región Metropolitana ha experimentado episodios de lluvias intensas, granizo e inundaciones que volvieron a mostrar la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a precipitaciones concentradas en períodos breves.

Aunque no corresponde atribuir cada episodio meteorológico al cambio climático sin estudios específicos, existe una necesidad ampliamente reconocida de adaptar las ciudades, mejorar sus sistemas de drenaje y reducir la exposición de la población a eventos extremos.

La disminución de los recursos destinados a adaptación y mitigación abre interrogantes sobre el ritmo con que podrán implementarse las medidas previstas en la legislación.

También preocupa la desaparición de la asignación específica para el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que establece obligaciones relacionadas con el acceso a la información ambiental, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el medioambiente.

La ausencia de una glosa presupuestaria identificada no significa automáticamente que Chile haya abandonado el acuerdo ni que todas sus actividades carezcan de financiamiento. Sin embargo, dificulta conocer qué recursos específicos estarán disponibles para cumplir sus compromisos.

La explicación del gobierno: eficiencia y revisión regulatoria

El Ejecutivo ha defendido las decisiones ambientales desde dos argumentos principales: la necesidad de revisar la calidad de las regulaciones heredadas y la conveniencia de utilizar con mayor eficiencia los recursos públicos.

Respecto de los decretos retirados, las autoridades señalaron que varios instrumentos habían sido enviados a Contraloría durante las últimas semanas de la administración anterior y que correspondía examinar sus fundamentos antes de completar la tramitación.

Ese argumento encuentra cierto respaldo en las fechas: 14 decretos fueron ingresados el mismo 11 de marzo de 2026, día del cambio de gobierno.

Pero otros instrumentos habían comenzado su tramitación mucho antes. Tres procedían de 2024 y seis de 2025, lo que plantea la necesidad de explicar las razones particulares de su retiro y las demoras posteriores.

En materia presupuestaria, el Ministerio ha señalado que durante los últimos cuatro años se registró una subejecución promedio de 6,7% de los recursos de la cartera.

También ha explicado que parte de los ajustes responde a una redistribución de fondos. En el caso de Calefacción Sustentable, por ejemplo, la prioridad anunciada para 2027 es instalar más de 10.000 calefactores que ya se encuentran almacenados, antes de realizar nuevas adquisiciones.

Estos argumentos requieren ser considerados al evaluar los recortes. Una reducción presupuestaria no tiene necesariamente el mismo efecto cuando existen recursos acumulados, cambios operativos o programas que no han conseguido ejecutar la totalidad de sus fondos.

Pero la eficiencia del gasto también debe medirse por resultados: cuántas fiscalizaciones se realizan, cuántos hogares reducen su exposición a la contaminación, cuántas medidas climáticas se implementan y cuánto tiempo demora la entrada en vigor de nuevas normas ambientales.

La protección ambiental y las prioridades económicas

Las decisiones ambientales del gobierno se producen mientras el Ejecutivo insiste en acelerar la inversión privada como principal instrumento de recuperación económica.

En la Enade celebrada el miércoles, el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteraron su compromiso con la agilización de permisos y la reducción de obstáculos regulatorios que, a su juicio, han retrasado proyectos de inversión.

La discusión sobre los tiempos de tramitación es legítima. Los procedimientos excesivamente prolongados pueden generar incertidumbre y costos para las empresas, las comunidades y la administración pública.

Pero existe una diferencia entre simplificar procedimientos y reducir las capacidades del Estado para evaluar, regular y fiscalizar actividades con impactos ambientales.

Los 43 decretos retirados en marzo y las asignaciones del Presupuesto 2027 pertenecen a ámbitos administrativos diferentes. No constituyen, por sí solos, prueba de una política destinada a disminuir la protección ambiental.

Sin embargo, examinados en conjunto, permiten formular una pregunta sobre las prioridades de la administración: si el objetivo es acelerar las inversiones, ¿cómo se garantizará simultáneamente que el Estado disponga de normas actualizadas y recursos suficientes para prevenir, detectar y sancionar daños ambientales?

La respuesta requiere algo más que declaraciones generales sobre crecimiento o eficiencia.

Requiere conocer los plazos de reingreso de los decretos pendientes, las razones técnicas que justifican sus modificaciones y los resultados concretos que el Ministerio espera alcanzar con los recursos presupuestados para 2027.

Una protección que también depende de las decisiones administrativas

La política ambiental no se define exclusivamente mediante grandes reformas legales.

También se construye —o se modifica— a través de decisiones administrativas menos visibles: un reglamento que demora en entrar en vigor, una norma de emisión cuya actualización permanece pendiente, un programa que recibe menos recursos o una fiscalización que debe postergarse.

Sus consecuencias pueden tardar años en hacerse evidentes.

La demora en aprobar una norma de calidad ambiental no produce necesariamente un daño inmediato, pero puede prolongar la aplicación de estándares anteriores. La falta de un reglamento puede dificultar la ejecución de una ley. Y una fiscalización insuficiente puede permitir que un incumplimiento continúe sin ser detectado oportunamente.

Chile enfrenta simultáneamente presiones sobre sus recursos hídricos, expansión de actividades extractivas, conflictos territoriales, pérdida de biodiversidad y crecientes exigencias de adaptación climática.

En ese escenario, el debate ambiental no puede reducirse a una oposición entre crecimiento económico y conservación.

La existencia de reglas claras, organismos con capacidad técnica y procedimientos oportunos es también una condición para que las inversiones se desarrollen con seguridad jurídica y legitimidad social.

Siete meses después del retiro de los 43 decretos, buena parte de las nuevas regulaciones sigue pendiente. Al mismo tiempo, el proyecto de Presupuesto 2027 propone disminuir recursos en áreas relevantes de fiscalización, descontaminación y acción climática.

El gobierno sostiene que estas decisiones permitirán mejorar la eficiencia regulatoria y presupuestaria. Sus resultados deberán medirse durante los próximos meses.

Por ahora, el contraste es evidente: mientras el Ejecutivo busca acelerar las decisiones de inversión, una parte importante de los instrumentos destinados a fortalecer la protección ambiental continúa esperando su aprobación.

La cuestión pendiente es cuánto tiempo más permanecerán detenidos y con qué recursos contará el Estado para hacerlos cumplir cuando finalmente entren en vigor.

Redacción de El Clarín