Kast, el fin de su proyecto

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 42 segundos

Hay una regla no escrita en política: un presidente puede equivocarse en una designación, pero no puede equivocarse en lo que esa designación significa. El presidente José Antonio Kast no sólo decidió no sacar al Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Decidió convertir esa decisión en su identidad.

¿En qué sentido, digo, que ha transformado todo esto en su identidad? El Ministro de Justicia firmó decretos que rebajaron condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Esto es una decisión política y moral que toca el núcleo del discurso con el que Kast llegó a La Moneda, cuyas temáticas centrales serían orden, autoridad, protección, mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado.

La tesis que sostengo en esta columna es que su decisión de mantenerlo y defenderlo ha sido el término de su gobierno y de su carrera política. Llamar personalmente desde Europa a diputados descolgados para que lo salven de una acusación constitucional, a estas alturas, es francamente un suicidio político del cual no tendrá como remontar.

¿El costo? Ya está en las encuestas. Criteria marca 25% de aprobación, el mínimo de su gobierno. Y seguirá cayendo, porque cada día que Rabat sigue en Justicia es un día en que el discurso de la autoridad se vuelve parodia. Y lo digo muy serio.

Lo que hace Kast, como decíamos anteriormente, en la práctica es terminar su “proyecto político”, si es que alguna vez tuvo uno. Porque, ¿cuál era su proyecto? No era un plan de desarrollo económico (con el plan económico del Ministro Quiroz hay que olvidarse de que llegaremos a ser un país desarrollado). No era un reforma tributaria o educacional. Era una promesa simbólica, pero a la vez vaga que era poner “orden” en Chile. Era la idea de que después de años de “desorden” o de “permisividad hacia los delincuentes por parte de la izquierda”, alguien vendría a mandar. A poner límite. A proteger.

Esa promesa se cae a pedazos con Rabat. No se puede hablar de tolerancia cero con la delincuencia mientras se sostiene a un ministro que firma beneficios para pedófilos condenados, para narcotraficantes, integrantes del crimen organizado y violadores de derechos humanos.

Tampoco se puede hablar de autoridad cuando el ejercicio de esa autoridad parece reducirse a demostrar que nadie puede hacerlo cambiar de opinión, ni siquiera sus propios votantes.

Y hay algo más: todo este desplome ni siquiera es mérito de la oposición, sino que es, más bien, consecuencia de los propios errores del Gobierno. Y no estamos hablando de errores menores, sino de decisiones y acciones muy graves.

Creo que ese es precisamente el problema: las derechas chilenas se han acostumbrado, al menos en este país, a que sus acciones no tengan consecuencias, a que todo quede impune. Posiblemente, el señor Rabat salga del Gobierno, pero después termine en el segundo piso de La Moneda o en alguna oficina de abogados, y no pase absolutamente nada. Al final, todo esto queda en el olvido.

Y bueno, más allá de todo lo que he dicho anteriormente sobre la impunidad de la derecha chilena, hay otro aspecto que no quiero dejar pasar. Lo más grave de todo esto es que también se degrada la figura presidencial. La Presidencia no puede convertirse en un ejercicio de terquedad. Cuando el Presidente transforma una crisis por las rebajas de penas en una pulseada de ego, bajo la lógica de decir “a mí no me pautean las decisiones”, termina degradando la institución y reduciendo el cargo a alguno pequeño y personalista.

Y eso, obviamente, ya le está pasando la cuenta. El costo político se refleja en las encuestas y, lejos de disminuir, parece hundirlo cada vez más. Tengo la impresión de que ya no podemos esperar mucho más de José Antonio Kast y su gabinete. Cada vez aparecen más señales de que están concentrados en esta batalla cultural, en lugar de abordar los problemas que supuestamente llegaron a resolver: la delincuencia y el crecimiento económico. Y, hasta ahora, ninguno de esos dos frentes muestra buenos resultados.

Para finalizar esta columna, diría que el ministro de Justicia deja de ser un garante de la fe pública y pasa a convertirse en una especie de “bunker político”. A esto se suma que durante la semana nos enteramos de que José Antonio Kast comenzó a realizar llamados telefónicos desde Roma para intentar frenar una acusación constitucional, contactando incluso a personeros de la derecha, como los de Renovación Nacional.

Todo esto me da la sensación de que Kast carece de autoridad y ha convertido una falta grave en una causa personal. Reitero: como señalé más arriba, una decisión que lo está llevando, ni más ni menos, hacia su propio suicidio político.

Fabián Bustamante Olguín.

Doctor en Sociología. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte.