
Villa Alegre: un relleno sanitario de US$10 millones enfrenta la oposición de comunidades rurales del Maule
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El proyecto Piedra Larga, impulsado por Inversiones y Servicios INSER S.A., pretende instalar un centro de manejo de residuos en el límite de Villa Alegre y Yerbas Buenas. Mientras la empresa argumenta que permitirá resolver problemas de disposición de basura en la provincia de Linares, organizaciones vecinales y autoridades locales cuestionan sus posibles efectos sobre el agua, la agricultura y la calidad de vida. La iniciativa continúa en evaluación ambiental y ha recibido nuevas observaciones de organismos públicos.
El proyecto se denomina Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga y pertenece a Inversiones y Servicios INSER S.A. Considera una inversión declarada de 10 millones de dólares y se encuentra sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La iniciativa contempla un predio de 190,65 hectáreas, aunque, según el estudio presentado por la empresa, el relleno sanitario propiamente tal ocuparía 5,8 hectáreas. El emplazamiento se encuentra aproximadamente a 5,5 kilómetros de la Ruta 5 Sur, en una zona rural próxima a las localidades de Putagán y Gúmera.
Para sus impulsores, la instalación permitiría reducir los largos desplazamientos que actualmente realizan los camiones recolectores hacia centros de disposición situados fuera de la provincia. Para las organizaciones opositoras, en cambio, el proyecto podría trasladar los costos ambientales de la gestión de residuos hacia comunidades campesinas.
La controversia volvió a adquirir actualidad en noviembre, cuando representantes de la Mesa No al Relleno Sanitario en Tierra Campesina llevaron sus preocupaciones al Concejo Municipal de Villa Alegre.
Un proyecto que continúa acumulando observaciones
La historia administrativa de Piedra Larga es extensa. Su actual Estudio de Impacto Ambiental ingresó al sistema en enero de 2024, después de etapas anteriores de revisión y reformulación.
Durante 2026, el expediente registró nuevas adendas, solicitudes de aclaración y pronunciamientos de servicios públicos.
Uno de los hitos más recientes fue la presentación de una adenda complementaria el 2 de octubre. Posteriormente, durante ese mismo mes, organismos como la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Sernageomin, el Consejo de Monumentos Nacionales y las municipalidades de Villa Alegre y Yerbas Buenas formularon nuevas observaciones.
La Seremi de Salud del Maule, por su parte, emitió un pronunciamiento conforme sobre esa adenda el 23 de octubre.
Esta diversidad de respuestas muestra que el proceso ambiental todavía no está resuelto y que persisten materias técnicas sometidas a examen. El proyecto figura en calificación y no registra una Resolución de Calificación Ambiental aprobatoria.
Las observaciones de los organismos públicos no equivalen necesariamente a un rechazo del proyecto. Constituyen parte del procedimiento mediante el cual el titular debe responder preguntas, complementar antecedentes y demostrar que cumple las exigencias ambientales.
Sin embargo, su persistencia permite comprender por qué las organizaciones locales mantienen activa la oposición.
Agua, agricultura y calidad de vida
Las preocupaciones expresadas por las comunidades abarcan varios aspectos.
Uno de los principales es la eventual afectación de aguas superficiales y subterráneas, particularmente por la posibilidad de que los líquidos generados por la descomposición de residuos —conocidos como lixiviados— puedan alcanzar fuentes de agua utilizadas por la población o las actividades agrícolas.
Los vecinos también han advertido sobre olores, proliferación de insectos y otros vectores sanitarios, tránsito de camiones pesados y posibles consecuencias para la producción rural.
Estas preocupaciones deben distinguirse de impactos ambientales efectivamente demostrados. Un relleno sanitario moderno debe contar con sistemas de impermeabilización, captación y tratamiento de lixiviados, manejo de gases y medidas de control sanitario.
La cuestión que debe resolver la evaluación ambiental es si el diseño específico de Piedra Larga ofrece garantías suficientes para las condiciones del terreno donde pretende instalarse.
En mayo de 2025, la diputada Consuelo Veloso manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa, señalando que sus posibles consecuencias sobre las napas subterráneas, el consumo humano, el riego y la agricultura requerían especial atención.
La parlamentaria también cuestionó los efectos que podría producir el aumento del tránsito de camiones en localidades rurales.
Las inquietudes no se limitan al agua. En febrero de 2024, la senadora Paulina Vodanovic solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental examinar rigurosamente las medidas de mitigación del proyecto, incluyendo sus eventuales efectos sobre establecimientos educacionales rurales y sobre el patrimonio paleontológico de la zona.
Este último aspecto adquiere relevancia porque el proyecto ingresó mediante un Estudio de Impacto Ambiental que contempla, entre sus causales, la posible alteración de elementos del patrimonio cultural.
La comunidad busca apoyo municipal para defender el cerro Quilipín
La novedad más reciente se produjo el 11 de noviembre, durante la sesión ordinaria número 72 del Concejo Municipal de Villa Alegre.
Representantes de la Mesa No al Relleno Sanitario en Tierra Campesina expusieron ante el alcalde y los concejales el estado de la evaluación ambiental y solicitaron respaldo para enfrentar las próximas etapas del procedimiento.
Ricardo Tapia y Electra Oro participaron en representación de la organización. Según el comunicado difundido por la Mesa, la petición incluyó apoyo económico y logístico para tres áreas: defensa judicial y administrativa, difusión de información verificable y educación comunitaria.
La organización también solicitó medidas destinadas a proteger el cerro Quilipín, al que identifica como un espacio de valor ambiental, patrimonial y turístico.
De acuerdo con los representantes vecinales, el Concejo recibió favorablemente la solicitud y manifestó disposición a respaldar las gestiones comunitarias. No obstante, esa declaración no permite establecer todavía qué recursos concretos serán asignados ni qué acciones jurídicas emprenderá el municipio.
La oposición tiene una trayectoria anterior. El 4 de octubre, una reunión de vecinos en Putagán acordó nuevas actividades de movilización, campañas informativas y gestiones ante las autoridades.
La resistencia, por tanto, no corresponde a una reacción aislada frente a una obra recién anunciada, sino a una organización territorial que ha acompañado durante años la tramitación ambiental.
La empresa defiende una solución para la basura de Linares
La controversia tiene otra dimensión que no puede omitirse.
La provincia de Linares enfrenta dificultades para disponer sus residuos domiciliarios dentro de su propio territorio. Diversos municipios deben trasladar la basura a instalaciones ubicadas en otras provincias, con mayores distancias y costos de transporte.
INSER S.A. presenta Piedra Larga como una alternativa para enfrentar esa situación.
Según antecedentes difundidos el 13 de noviembre, el proyecto contempla recibir hasta 4.400 toneladas mensuales de residuos domiciliarios y asimilables procedentes de Linares, Villa Alegre y Colbún, con una vida útil proyectada de once años.
Sus impulsores sostienen que la instalación permitiría reducir recorridos de camiones y utilizar sistemas de tratamiento de lixiviados y aprovechamiento del biogás similares a los existentes en el relleno sanitario Santa Marta, en la Región Metropolitana.
En una visita organizada para medios locales a esa instalación, el empresario Darío Benucci expuso las tecnologías que se pretende incorporar al proyecto.
Sin embargo, la experiencia de otra instalación no demuestra por sí sola que esas tecnologías funcionarán con idénticos resultados en Piedra Larga. Su eficacia dependerá de las características geológicas, hidrológicas y operacionales del emplazamiento.
Tampoco está acreditado, con los antecedentes revisados, cuál sería el ahorro efectivo para cada municipalidad ni cómo se distribuirían los costos de construcción, operación y disposición final.
El problema de fondo: quién recibe la basura y quién soporta sus impactos
El conflicto de Villa Alegre plantea una pregunta que se repite en numerosos territorios de Chile.
La disposición de residuos es un servicio indispensable. Las ciudades generan diariamente grandes cantidades de basura y necesitan infraestructura para tratarla y disponerla de manera segura.
Pero los lugares escogidos para instalar esa infraestructura suelen encontrarse en zonas rurales, donde las comunidades tienen menor población y dependen de actividades agrícolas, recursos hídricos y ecosistemas que consideran parte fundamental de su forma de vida.
La discusión no puede reducirse a la necesidad de construir rellenos sanitarios ni a la oposición de los vecinos.
Debe examinarse si el emplazamiento seleccionado es ambientalmente adecuado, qué alternativas fueron consideradas, qué beneficios obtendrían las comunas y cuáles serían los costos para quienes viven cerca.
También es necesario preguntarse cuánto de la solución propuesta depende de enterrar residuos y cuánto contempla reducirlos, separarlos, reciclarlos y valorizarlos.
El proyecto Piedra Larga se encuentra precisamente en esa etapa decisiva: sus impulsores deben demostrar que la infraestructura es viable y que los impactos previstos pueden prevenirse, mitigarse o compensarse conforme a la legislación.
Las comunidades, por su parte, reclaman que sus observaciones sean examinadas rigurosamente antes de adoptar una decisión.
La nueva intervención del Concejo Municipal de Villa Alegre confirma que la controversia ya no se limita a una evaluación técnica. Se ha convertido también en una discusión sobre el destino de un territorio y sobre la participación de sus habitantes en las decisiones que pueden transformarlo.
Por ahora, Piedra Larga no cuenta con aprobación ambiental. El desenlace dependerá de la evaluación de los antecedentes, las respuestas del titular y la decisión de las autoridades competentes.
