
El premio literario anulado y los límites del poder político sobre la cultura
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El Ministerio de las Culturas dejó sin efecto la evaluación de un jurado que había seleccionado un poemario sobre las víctimas del estallido social. La cartera invoca errores administrativos y la necesidad de incorporar nuevas postulaciones. Escritores, artistas e intelectuales denuncian una posible intervención sobre la autonomía de los premios públicos. El conflicto reabre la disputa por la memoria de octubre de 2019.
Un libro de poesía sobre las víctimas del estallido social de octubre de 2019 ha colocado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el centro de una controversia que trasciende el ámbito literario. La decisión de dejar sin efecto la evaluación de un jurado que había seleccionado la obra Persona sin identificar, de Verónica Jiménez Dotte, provocó una reacción de escritores, artistas e intelectuales que advierten sobre los riesgos de intervención política en los mecanismos públicos de reconocimiento cultural.
El Gobierno sostiene que la medida responde a irregularidades administrativas y que busca garantizar la igualdad de condiciones entre los participantes. La autora y varios integrantes del jurado cuestionan esa explicación, especialmente la decisión de sustituir a los evaluadores originales después de que estos hubieran adoptado y documentado su veredicto.
El conflicto ocurre bajo un gobierno que ha convertido su interpretación crítica del estallido social en uno de los componentes de su discurso político. Ese antecedente no demuestra que exista censura, pero explica por qué una decisión administrativa sobre un premio literario ha adquirido una dimensión pública considerable.
Un premio decidido que nunca fue anunciado
El 10 de noviembre, el Ministerio de las Culturas difundió los resultados de los Premios Literarios 2026, uno de los principales reconocimientos estatales a la creación literaria chilena.
Sin embargo, las categorías de poesía publicada e inédita quedaron fuera del anuncio.
La omisión llamó la atención de la poeta y periodista Verónica Jiménez Dotte, autora de Persona sin identificar, publicado por Garceta Ediciones en 2025.
Al investigar las razones de esa ausencia, Jiménez conoció que el jurado de poesía publicada había seleccionado su libro para el primer lugar. Según su testimonio, la decisión había sido adoptada por unanimidad y formalizada en un acta.
La versión fue respaldada públicamente por Milagros Abalo y Gastón Carrasco, dos de los cinco integrantes de la comisión evaluadora. Posteriormente se sumó otra integrante, Paula Miranda.
Los jurados confirmaron que existió una deliberación concluida y un veredicto formal. También señalaron que, después de esa decisión, se les informó que algunas obras no habían sido consideradas debido a problemas administrativos.
Según explicaron, manifestaron su disposición a evaluar las postulaciones pendientes. No obstante, el Ministerio resolvió reemplazar la comisión y realizar una nueva evaluación.
El procedimiento dejó sin efecto el resultado alcanzado por los especialistas, aunque la cartera sostiene que el premio todavía no estaba jurídicamente adjudicado.
La distinción es importante: una cosa es la decisión literaria del jurado y otra su formalización mediante una resolución administrativa. La controversia gira precisamente en torno a las facultades de la autoridad para intervenir entre ambas etapas.
La explicación del Ministerio
La Subsecretaría de las Culturas y las Artes ha señalado que durante el concurso se acogieron recursos de reposición que obligaron a incorporar tres postulaciones adicionales.
Según la autoridad, todas las obras admisibles deben evaluarse en igualdad de condiciones. Para garantizar la objetividad e imparcialidad del procedimiento, resolvió conformar nuevas comisiones.
La cartera también sostuvo que no corresponde reconocer oficialmente ganadores antes de que las resoluciones respectivas hayan completado su tramitación.
El argumento administrativo no puede descartarse sin examinar los antecedentes. Si existían obras indebidamente excluidas, el Ministerio tenía la obligación de corregir esa situación y resguardar los derechos de sus autores.
Pero la explicación deja abierta una pregunta decisiva: ¿por qué fue necesario reemplazar a los jurados que ya habían evaluado las obras, en lugar de permitirles examinar las postulaciones pendientes?
La diferencia no es menor.
Incorporar obras omitidas puede constituir una corrección necesaria. Sustituir a quienes ya habían emitido un veredicto introduce un problema adicional, porque permite que una nueva comisión reconsidere la totalidad del resultado después de que la autoridad conoce la decisión original.
La proporcionalidad de esa medida, su fundamento normativo y su correspondencia con las bases del concurso son aspectos que requieren una explicación documentada.
Un libro sobre las víctimas de octubre
Persona sin identificar es un poemario de 76 páginas que aborda las muertes, la represión policial y las experiencias de violencia durante el estallido social de 2019.
La obra establece vínculos entre esos acontecimientos y la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Su autora posee una trayectoria reconocida en la literatura chilena. Ha publicado poesía y ensayos, ha recibido distinciones literarias y anteriormente ha participado como jurado en concursos públicos.
El contenido del libro adquiere particular relevancia en el contexto político actual.
Desde su trayectoria como candidato, José Antonio Kast ha sostenido una interpretación fuertemente crítica del estallido social, destacando los episodios de violencia, destrucción de infraestructura y alteración del orden público.
Para el mandatario y su sector político, octubre de 2019 constituye un acontecimiento que debe ser examinado principalmente desde sus consecuencias sobre la seguridad y la institucionalidad.
En cambio, el poemario de Jiménez aborda otra dimensión del mismo período: las víctimas, el sufrimiento, la violencia institucional y las huellas que esos acontecimientos dejaron en personas y comunidades.
Ambas perspectivas forman parte de una disputa todavía abierta sobre la memoria reciente del país.
La pregunta que plantea el caso es si una obra que desarrolla una interpretación distinta de la defendida por el Gobierno puede ser evaluada y reconocida por instituciones públicas sin interferencias derivadas de esa diferencia política.
Hasta ahora no se han presentado pruebas públicas suficientes para establecer que el contenido del poemario motivó la decisión ministerial. La sospecha de censura expresada por la autora y sus partidarios debe ser investigada, no asumida como un hecho demostrado.
Pero tampoco basta invocar razones administrativas para cerrar la discusión. La transparencia exige conocer las resoluciones, los fundamentos de la sustitución del jurado y la forma en que se garantizará la independencia de la nueva evaluación.
La comunidad cultural reacciona
La controversia provocó una declaración pública suscrita inicialmente por 201 personas y organizaciones vinculadas a la cultura.
Entre los firmantes figuran Raúl Zurita, Diamela Eltit, Nona Fernández, Alfredo Castro, Faride Zerán, Nivia Palma, Horacio Salinas y Jorge Coulon.
El documento, titulado En defensa de la democracia, la memoria y contra la censura institucional, cuestiona la anulación de un veredicto adoptado por un jurado especializado e independiente.
Los firmantes consideran que la medida establece un precedente preocupante para la autonomía de las instituciones culturales y solicitan restituir el resultado original.
La reacción tiene una importancia que excede la defensa de una autora.
Los premios literarios públicos existen para reconocer la creación artística mediante procedimientos especializados, no para establecer una versión oficial de la historia ni determinar qué interpretaciones de los acontecimientos nacionales merecen reconocimiento.
La autonomía de los jurados es, por tanto, una garantía institucional. No significa que sus decisiones sean inmunes a la legalidad administrativa, pero sí que cualquier intervención posterior debe estar suficientemente fundada y respetar las competencias que las bases del concurso entregan a los evaluadores.
Si una autoridad pudiera sustituir libremente a un jurado después de conocer su veredicto, la independencia del reconocimiento artístico quedaría debilitada.
La cuestión adquiere especial sensibilidad cuando la obra seleccionada aborda acontecimientos sobre los cuales el Gobierno mantiene posiciones políticas explícitas.
¿Corrección administrativa o censura?
El término censura exige precisión.
En este caso, el Ministerio no ha prohibido la publicación, circulación o venta de Persona sin identificar. El libro existe y puede ser leído independientemente del resultado del concurso.
La controversia se refiere a una decisión estatal de reconocimiento y financiamiento cultural.
Sin embargo, la libertad artística no se reduce a la ausencia de prohibiciones. También requiere procedimientos institucionales que impidan que las preferencias políticas de las autoridades determinen qué obras reciben apoyo o reconocimiento público.
Una intervención administrativa puede afectar esa autonomía incluso sin impedir la circulación de una obra.
Por eso, la discusión no debería limitarse a establecer si hubo una orden explícita de censura. También corresponde examinar si la autoridad respetó las reglas del concurso, si la sustitución del jurado fue necesaria y si existieron garantías suficientes para evitar una influencia política sobre el resultado.
El Ministerio tiene derecho y obligación de corregir irregularidades. Los participantes tienen derecho a que sus obras sean evaluadas conforme a las bases. Y los jurados deben contar con condiciones que protejan la independencia de sus deliberaciones.
Esos principios no son incompatibles. Precisamente por ello, la administración debe explicar cómo los concilió en este caso.
La memoria del estallido como territorio de disputa
Siete años después de octubre de 2019, el estallido social continúa siendo objeto de interpretaciones profundamente divergentes.
Para algunos sectores, representa una crisis de violencia y destrucción que debilitó la convivencia democrática. Para otros, expresó demandas sociales acumuladas y abrió una discusión sobre desigualdad, derechos y representación política.
También dejó víctimas de violencia estatal, personas con lesiones graves, denuncias de violaciones a los derechos humanos y procesos judiciales cuyos efectos siguen presentes.
La literatura, el cine, las artes visuales y la investigación histórica han abordado esas experiencias desde perspectivas diversas.
Ningún gobierno tiene la obligación de compartir todas esas interpretaciones. Pero la administración de los recursos culturales exige distinguir entre las convicciones políticas de sus autoridades y la evaluación de las obras.
Esa separación resulta particularmente importante cuando el Estado actúa como promotor de la creación artística.
El reconocimiento público de una obra no implica que el Gobierno adhiera a sus ideas. Significa que una comisión competente ha valorado sus méritos de acuerdo con criterios previamente establecidos.
Confundir ambas cosas puede convertir la política cultural en una prolongación de las disputas partidarias.
La Contraloría y las preguntas pendientes
Verónica Jiménez anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para cuestionar el procedimiento.
La eventual intervención del organismo fiscalizador podría contribuir a esclarecer la legalidad de las decisiones adoptadas.
Entre los antecedentes que resultan necesarios figuran el acta del jurado original, las resoluciones que acogieron los recursos de reposición, las bases del concurso y el acto administrativo que dispuso la designación de nuevos evaluadores.
También es importante establecer si la incorporación de las tres postulaciones exigía jurídicamente repetir toda la evaluación o si existían alternativas menos invasivas para corregir el procedimiento.
La ceremonia de entrega de los Premios Literarios está prevista para el 25 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda. Las categorías cuestionadas permanecen pendientes.
Lo ocurrido con Persona sin identificar ha convertido una controversia sobre un premio de poesía en una discusión sobre las relaciones entre cultura, memoria y poder político.
La cuestión no consiste en determinar si el Gobierno comparte la visión de octubre de 2019 expresada por Verónica Jiménez. Tampoco en exigir que una obra sea premiada por su contenido político.
Se trata de establecer si el Estado garantiza que las decisiones literarias sean adoptadas por quienes tienen la responsabilidad de evaluar las obras y que cualquier corrección administrativa se realice conforme a reglas conocidas, verificables e independientes de las preferencias del poder.
La resolución de este caso tendrá consecuencias que pueden ir más allá de un premio.
Porque lo que está en discusión no es solamente el reconocimiento de un libro sobre el estallido social, sino las garantías que protegen la libertad de creación y la autonomía cultural frente a los cambios de gobierno.
Simón del Valle
