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El oficialismo se enreda en sus disputas mientras necesita los votos del PDG

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Las críticas del vocero Gonzalo Arenas al Partido de la Gente y la dura respuesta de Franco Parisi abrieron un nuevo frente de conflicto para La Moneda. Al mismo tiempo, la UDI reclama mayor coordinación y Republicanos cuestiona la lealtad de sus aliados. Las diferencias se producen cuando el Gobierno necesita construir mayorías para aprobar sus proyectos y defender al ministro Fernando Rabat.

La relación entre el Gobierno de José Antonio Kast y los partidos que deben sostener su agenda legislativa atraviesa un momento de tensiones públicas. A las diferencias entre Republicanos y Chile Vamos se ha sumado ahora una controversia con el Partido de la Gente (PDG), una colectividad cuyos votos pueden resultar decisivos para el futuro del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y para la aprobación de otras iniciativas del Ejecutivo.

El episodio más reciente comenzó con declaraciones del subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, quien cuestionó la naturaleza política del PDG y sostuvo que carece de una visión de país. Franco Parisi respondió acusando al Gobierno de ejercer una forma de presión desde el poder.

La disputa resulta especialmente significativa porque La Moneda necesita negociar con parlamentarios de esa misma colectividad. Mientras cuestiona públicamente su consistencia política, busca sus respaldos para resolver votaciones relevantes.

Arenas y Parisi: una disputa con consecuencias parlamentarias

Durante una entrevista en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, Arenas sostuvo que el PDG representa a un sector de la clase media emergente que, a su juicio, privilegia demandas de consumo antes que una visión política articulada.

El vocero describió a la colectividad como un grupo inorgánico y afirmó que su funcionamiento podría contribuir al deterioro de la institucionalidad democrática. Aunque expresó una opinión favorable sobre algunos de sus parlamentarios y sobre la inteligencia política de Parisi, cuestionó la capacidad del partido para sostener posiciones coherentes.

La respuesta del fundador y actual secretario general del PDG llegó este martes.

Parisi defendió la capacidad de su partido para alcanzar acuerdos con sectores de derecha e izquierda, reivindicó sus demandas sobre vivienda, empleo, salud y educación pública, y acusó a Arenas de desconocer la contribución de su colectividad a la gobernabilidad.

También sostuvo que los partidos tradicionales han mostrado sus propias contradicciones y advirtió que el ejercicio temporal del poder no autoriza a descalificar a quienes mantienen posiciones independientes.

La controversia no se produjo en un momento cualquiera. El PDG aparece como uno de los actores relevantes para determinar el resultado de la acusación constitucional contra Rabat, presentada por parlamentarios opositores a raíz de las rebajas de condenas concedidas durante su gestión.

Parisi ha señalado que existe una mayoría favorable al libelo dentro de su colectividad. Sin embargo, esa posición no equivale todavía a un compromiso uniforme de toda la bancada.

Algunos diputados han pedido esperar los antecedentes de la comisión revisora y escuchar la defensa del ministro antes de definir sus votos.

La situación coloca al Gobierno ante una dificultad política evidente: necesita construir acuerdos con una fuerza a la que su propio portavoz acaba de atribuir debilidades institucionales.

La UDI advierte sobre las disputas internas

El conflicto con el PDG coincide con una advertencia formulada desde el propio oficialismo.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, y su subjefe, Sergio Bobadilla, difundieron una declaración en la que expresaron preocupación por las diferencias entre los partidos que respaldan al Presidente.

Los dirigentes gremialistas cuestionaron la falta de coordinación y sostuvieron que no basta con coincidir ocasionalmente en las votaciones para construir una alianza política eficaz.

También pidieron que las bancadas participen más activamente en la definición de prioridades legislativas y que el oficialismo elabore una agenda compartida.

La declaración adquiere importancia porque expresa un malestar que va más allá de una discrepancia puntual. La UDI reclama participación en la conducción política y cuestiona una relación en la que los partidos aliados aparecen principalmente como encargados de respaldar iniciativas diseñadas por el Ejecutivo.

Entre las prioridades que mencionaron figuran la protección de la infancia, las personas mayores, el crecimiento económico y el empleo, además de la responsabilidad fiscal.

Su advertencia refleja una preocupación por la capacidad del Gobierno para transformar sus iniciativas en acuerdos parlamentarios y por el costo político que pueden tener las disputas internas.

Republicanos y Chile Vamos: distintas concepciones de la lealtad

Las diferencias entre los partidos oficialistas tienen antecedentes recientes.

A comienzos de noviembre, el diputado republicano Alejandro Riquelme cuestionó a sectores de Chile Vamos por lo que consideraba una disposición a participar en el Gobierno sin asumir plenamente su defensa política.

La crítica provocó respuestas de parlamentarios de la UDI, quienes rechazaron que el respaldo al Ejecutivo deba confundirse con una adhesión incondicional a todas sus decisiones.

La discusión expuso una diferencia sobre el funcionamiento de la alianza gobernante.

Para sectores de Republicanos, la defensa del Presidente y de sus ministros constituye una obligación central de quienes participan del Gobierno. Desde Chile Vamos, en cambio, algunos dirigentes han reivindicado el derecho a discrepar de decisiones que consideran equivocadas o políticamente perjudiciales.

La permanencia de Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia ha intensificado estas tensiones.

Kast ha mantenido su respaldo al secretario de Estado, mientras parlamentarios de derecha han expresado reparos sobre la forma en que se gestionó la controversia por las rebajas de condenas.

La acusación constitucional ha convertido esas diferencias en un problema parlamentario concreto. No se trata solamente de declaraciones públicas: las posiciones de los diputados pueden influir directamente en la continuidad del procedimiento y en la estabilidad política del gabinete.

Las tensiones alcanzaron incluso el debate sobre derechos humanos. La diputada republicana Javiera Rodríguez enfrentó públicamente a Ximena Ossandón, de RN, después de que esta cuestionara el tono de sus intervenciones sobre las víctimas de la dictadura. La controversia produjo una situación poco habitual: parlamentarias del Frente Amplio salieron en defensa de la vicepresidenta de la Cámara, mientras sus propios aliados republicanos la cuestionaban.

El PDG y la construcción de mayorías

El Partido de la Gente ocupa una posición particular en este escenario.

No integra formalmente el oficialismo, pero tampoco mantiene una alianza permanente con la oposición. Su dirigencia reivindica precisamente la posibilidad de negociar con distintos sectores según el contenido de los proyectos.

Esa flexibilidad puede facilitar acuerdos específicos, aunque también introduce incertidumbre para un Gobierno que necesita respaldos previsibles.

En la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo no dispone por sí solo de una mayoría suficiente para asegurar toda su agenda, los votos del PDG pueden adquirir importancia en proyectos económicos, presupuestarios y políticos.

Pero esa influencia no significa que el partido actúe como un bloque homogéneo. Sus parlamentarios han mostrado diferencias y sus decisiones deben examinarse caso por caso.

La situación plantea una dificultad adicional para La Moneda.

Si el Gobierno negocia individualmente con los diputados del PDG, puede conseguir respaldos circunstanciales, pero no necesariamente construir una relación política estable con la colectividad.

Si, por el contrario, busca un entendimiento formal con su dirigencia, debe reconocer como interlocutor a un partido cuya identidad y funcionamiento han sido cuestionados por su propio vocero.

La contradicción no impide los acuerdos, pero puede complicar su negociación.

El problema de la conducción política

Los conflictos recientes permiten distinguir tres niveles de tensión.

El primero corresponde a las relaciones entre Republicanos y Chile Vamos, marcadas por diferencias sobre la conducción del Gobierno, la participación de los partidos aliados y los límites de la lealtad política.

El segundo se refiere a la relación del Ejecutivo con fuerzas externas al oficialismo, particularmente el PDG, cuyos votos necesita para determinadas iniciativas.

El tercero está relacionado con las diferencias dentro de esas mismas colectividades, que dificultan anticipar posiciones comunes y construir acuerdos duraderos.

Estos problemas no son exclusivos de la actual administración. Los gobiernos que carecen de mayorías parlamentarias propias deben negociar permanentemente con partidos de distintas orientaciones.

Sin embargo, esa necesidad exige coordinación política, capacidad de diálogo y reconocimiento de la autonomía de los interlocutores.

La discusión abierta por Arenas resulta ilustrativa. Su crítica al PDG plantea un debate legítimo sobre la fortaleza de los partidos y la coherencia de sus programas. Pero al formularla desde la vocería gubernamental, introduce un conflicto adicional con una colectividad de la que el Ejecutivo necesita apoyos.

Por su parte, la respuesta de Parisi reivindica una independencia que puede resultar políticamente atractiva para sus seguidores, aunque también deja abierta la pregunta sobre los criterios que utiliza el PDG para decidir sus respaldos legislativos.

Ambas posiciones muestran las dificultades de un sistema político fragmentado, en el que las alianzas pueden variar según la materia y las mayorías deben reconstruirse en cada votación.

Una prueba para el Gobierno

La acusación constitucional contra Rabat constituye una prueba inmediata de esta situación, pero no será la última.

El Gobierno enfrenta una agenda legislativa que incluye asuntos económicos, presupuestarios y sociales, además de controversias políticas que requieren negociaciones con sectores ajenos a su coalición.

En ese contexto, las diferencias públicas entre los partidos que lo respaldan y los enfrentamientos con potenciales aliados parlamentarios pueden dificultar la construcción de acuerdos.

La advertencia de la UDI apunta precisamente a ese problema: sin una agenda compartida y mecanismos de coordinación, la coincidencia ideológica general entre los partidos de derecha no garantiza una acción política común.

El conflicto con el PDG agrega otra dimensión. Para gobernar, Kast necesita relacionarse con fuerzas que no comparten necesariamente su proyecto y que pueden apoyar algunas iniciativas mientras rechazan otras.

La cuestión de fondo no es si el Gobierno debe renunciar a sus diferencias con esos partidos. Es cómo administra esas diferencias sin comprometer su capacidad para negociar.

Por ahora, las declaraciones de Arenas, la respuesta de Parisi y las advertencias de la UDI muestran que esa tarea está lejos de resolverse.

El oficialismo discute sobre la lealtad entre sus integrantes, reclama mayor participación en las decisiones y cuestiona a una colectividad externa cuyos votos necesita.

Mientras tanto, las decisiones legislativas continúan acercándose. Y en el Congreso, a diferencia de las declaraciones públicas, los desacuerdos terminan expresándose en votos.

 

Simón del Valle

 

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