ONU: Los gobiernos deben dejar de negar la tortura y hacer que los funcionarios rindan cuentas
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La Asamblea General un experto independiente de derechos humanos de la ONU denunció en sus reuniones los demasiados países culpan de la tortura a funcionarios deshonestos, niegan los patrones sistémicos de tortura y no hacen que los torturadores rindan cuentas.
«Existe una brecha mundial en la rendición de cuentas por la tortura y los malos tratos», dijo Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y los tratos inhumanos, al presentar un informe sobre la rendición de cuentas. “La tortura y los malos tratos son casi siempre un problema sistémico, pero el uso de chivos expiatorios permite a los Estados negar la existencia de patrones estructurales o sistémicos y evadir su deber de tomar medidas preventivas y correctivas eficaces”.
La prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos obliga a los Estados a prevenir, investigar, procesar y reparar cualquier abuso de este tipo que ocurra dentro de su jurisdicción, pero los gobiernos continúan obstruyendo la verdadera rendición de cuentas mediante la negación absoluta y las barreras legales y estructurales, dijo.
“Como resultado, la gran mayoría de los responsables de perpetrar, instigar, consentir o consentir la tortura o los malos tratos nunca rinden cuentas”, dijo Melzer. “Esta actitud generalizada de negación y banalización no solo traiciona a millones de víctimas individuales y sus familias, sino que, de manera más general, daña profundamente la credibilidad del compromiso de los Estados con todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
“La rendición de cuentas por la tortura y los malos tratos es un requisito previo para garantizar la justicia, la reconciliación, el estado de derecho y la prevención de futuras violaciones”, dijo Melzer.
Los Estados no toman todavía las medidas necesarias, ni tienen recursos adecuados, para garantizar la aplicación y el cumplimiento integrales de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, en consonancia con su obligación de prevenir, investigar, enjuiciar, sancionar y reparar esos delitos.
“Los Estados deben distanciarse de cualquier forma de fachada y demostrar el valor político y la determinación necesarios para erradicar los patrones sistémicos de secreto, colusión e impunidad por la tortura y los malos tratos y garantizar la rendición de cuentas tanto institucional como individual por esos abusos”, dijo Melzer.
El ejemplo chileno
En Chile es preocupante el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad por parte del Estado.
La historia de amor entre Carabineros de Chile y el terrorismo de Estado es muy larga.
Es en 1927 que el en ese entonces presidente, Carlos Ibáñez del Campo, decretó la fusión de los distintos cuerpos policiales existentes en el país, por medio del DFL Nº 2.484.
Desde ese momento, las policías municipales, fiscales y de carabineros se unificaron bajo el nombre de Carabineros de Chile, concretando así la idea de entregar al Estado central el monopolio de las fuerzas policiales.
El Estado chileno y su Constitución son el resultado de intereses y acuerdos que tienen sus raíces en la dictadura militar, nacida bajo los planes de Estados Unidos y luego liderada por Augusto Pinochet.
Cuando a finales de la década de 1980 su gobierno dictatorial comenzó a perturbar éticamente los negocios y el libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver este “malestar”. Lamentablemente, esta transición nunca ha podido incluir a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura.
Quizás por eso, el 18 de octubre de 2019, el aumento de las tarifas del metro fue la “gota de más”.
Estado de excepción: otra forma de tortura negada por el Estado
Hoy, tampoco extraña el nuevo estado de excepción anunciado el 12 de octubre en el Wallmapu Mapuche.
Los territorios amenazados con este nuevo estado de excepción comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin. Estos territorios han seguido un proceso de recuperación de tierras en los últimos años, proceso obstaculizado por las transnacionales extranjeras y los terratenientes extranjeros instalados en estos territorios, que no quieren dejar parte de sus tierras a los Mapuche.
Este proceso de recuperación, en varios lugares, está basado en decisiones legales, ya que las Comunidades tienen a veces el Título de Merced de dichos territorios.
Los Títulos de Merced fueron otorgados a los mapuches una vez que el Estado chileno concluyó el proceso de ocupación militar de la Araucanía. Estos títulos se entregaron en virtud de la Ley del 4 de Diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de Indígenas, en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, iniciándose la titulación en 1884 y terminando el proceso en el año 1929.
Durante este proceso en las regiones VIII, IX y X se otorgaron 2.918 Títulos de Merced, correspondientes a 510.386,67 hectáreas. Hoy la mayoría de estas tierras, tras mecanismos legales e ilegales, ya no pertenecen al pueblo originario.
Elena Rusca, Ginebra, 21.10.21
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