La reforma a la reforma tributaria

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El gobierno y la oposición han llegado recientemente a un acuerdo para introducir reformas al proyecto de reforma tributaria – propuesto meses atrás por el ejecutivo- que estaba todavía en trámite parlamentario. El acuerdo contempla en lo fundamental dos nuevos tributos para los sectores de más altos ingresos. Se supone – si es que las cuentas han estado bien sacadas – que los nuevos impuestos permitirán recaudar aproximadamente 2 mil millones de dólares anuales. 

Por un lado, se establece un impuesto adicional de 40 % a los más altos ingresos del país – considerando como tal a los que exceden los 15 millones de pesos mensuales – lo cual implica incrementar los tributos que pagan aproximadamente 84 mil personas en el país.  No se trata de que los más ricos tributarán el 40 % de sus ingresos. Si así fuera sería la tasa más alta que haya imperado jamás en Chile, y más alta también que la que impera en la mayoría de los países de América Latina y del mundo. Se trata de la tasa marginal, es decir, el último tramo de sus elevados ingresos – lo que exceda  los 15 mil pesos – se gravará con una tasa de 40%, pero los tramos inferiores seguirán teniendo tasas menores. El promedio de la tributación será indudablemente inferior al 40 %.

El otro impuesto es un gravamen a las casas de lujo, es decir, las que superen los 400 mil pesos  de avalúo fiscal. Este tipo de impuesto cae dentro de lo que se denominan impuestos al patrimonio, pues grava no los ingresos que se hayan recibido en un período determinado, sino que se paga un impuesto por ser dueño de un determinado activo – casa de lujo en el actual caso – independientemente de los ingresos que haya obtenido su propietario en el período analizado.

Si no se hubieran aprobados estos nuevos impuestos todo el programa social planteado por el presidente Piñera – incluidas las modificaciones o adiciones que se le puedan hacer en su trámite parlamentario – serian un tremendo engaño a la población nacional. Si no hubiera dinero en las arcas fiscales para financiar, por ejemplo, los mayores gastos previsionales, o para subvencionar los salarios mínimos de modo de llevarlos a los 350 mil pesos, entonces habría que financiarlos por la vía reducir otros gastos fiscales, tales como la salud, la educación o las obras públicas, lo cual implicaría que los sectores más desprotegidos de la población recibirían más ingreso, por un lado, pero se le prestarían servicios peores o más caros, por otro, lo cual sería un engaño de marca mayor.

La otra alternativa para financiar los mayores gastos  sería  la emisión pura y simple de nuevos activos monetarios, lo cual tiene al menos dos inconvenientes graves: por un lado, que la mayor o menor emisión monetaria no es un resorte sobre el cual pueda decidir en forma libre y soberana el Presidente de la República o su ministro de Hacienda, sino que es materia que entra dentro de las atribuciones y de la  autonomía del Banco Central, que son cuestiones institucionales que no parecen estar -por lo menos por ahora – en vías de modificarse.

El segundo inconveniente – en el caso poco probable de que el Ejecutivo lograse convencer al BCC de que emitiera más dinero, para financiar un grado mayor de déficit fiscal – es la alta probabilidad de que – una vez que se superen determinados umbrales en materia de déficit – eso se traduzca en mayor inflación, con lo cual los beneficios monetarios que recibirían los pensionados y los que reciben salario mínimo, se harían sal y agua.

Es decir, con las reformas a la reforma tributaria se deja establecido el sano criterio de que los beneficios sociales por los que lucha gruesa parte de la ciudadanía, tienen que financiarse por la vía de que los ricos del país paguen mayores tributos. Alguien tiene que pagar la cuenta, y no puede ser el mismo pueblo que recibe los beneficios.  En otras palabras, tiene que caminarse hacia una mejor distribución del ingreso, como mecanismo de solución – por lo menos parcial – de las actuales demandas sociales.

Sergio Arancibia

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