Ningún milímetro de “mal menor” o resignación frente al nuevo fraude constitucional

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Hemos sido testigos de uno de aquellos pactos oligárquicos que quedarán registrados en la historia política de Chile. Será recordado, tal vez, como un ejemplo paradigmático de ingeniería institucional orientada a impedir cualquier atisbo de deliberación popular. Sea como sea, no será recordado por su sutileza ni su elegancia, sino por su explícito y burdo entramado en forma de embudo antidemocrático compuesto de bordes, árbitros, filtros y cerrojos.

Los detalles del acuerdo han circulado profusamente en los medios de comunicación. Se establecen 12 bases constitucionales que son iguales o peores a la Constitución pinochetista; un “Comité Técnico de Admisibilidad” de 14 tecnócratas designados por el Senado que tendrán poder de veto de todo lo que, a su juicio, no se ajuste a dichas bases; una “Comisión Experta” de 24 tecnócratas designados en partes iguales por la Cámara de Diputados y el Senado, la cual elaborará un anteproyecto y podrá participar en etapas cruciales de la “deliberación” del “Consejo Constitucional”, que elegirá a sus miembros con las reglas del actual Senado. Ese órgano “100% electo”, en realidad sólo podrá discutir en torno al anteproyecto de los famosos “expertos”.

No es necesario hacer un análisis exhaustivo de los detalles del acuerdo. Es un fraude descarado. Un pacto oligárquico y antidemocrático que debe ser rechazado categóricamente. El nuevo proceso constituyente está diseñado para que el resultado no pueda ser otro que blindar el neoliberalismo chileno, la herencia de la dictadura y enterrar las demandas y expectativas de cambio abiertas por la rebelión de octubre. Cualquier “malmenorismo” frente al proceso y al proyecto de constitución que surja, es criminal. Sostener que el triunfo del rechazo nos obliga a tragarnos tamaña estafa es seguir poniendo la otra mejilla a una derecha sedienta. La firma del Partido Comunista y la descarada justificación de Daniel Jadue deben empujar a romper todo atisbo de ilusión con ese partido.

Su carácter antidemocrático es reconocido por los propios incumbentes. “Es mejor un acuerdo imperfecto a no tenerlo”, sintetizó Gabriel Boric. Y es que todos saben que la virtud del acuerdo no reside precisamente en su contenido, sino en el hecho de haberse firmado.

El espejo peruano fue un factor importante a considerar. Las disputas políticas en Perú, con un intento fallido de giro bonapartista por parte de Castillo y un golpe institucional de derecha consumado por el Parlamento en contra del presidente, han dado pie a movilizaciones en diversas ciudades, incluyendo decenas de cortes de ruta, la toma del aeropuerto de Arequipa y de la planta de la empresa Gloria (el gigante lácteo peruano que acaba de comprar Soprole), con un saldo de varios muertos fruto de la brutal represión policial. Este fue un tema obligado en las rondas de negociación constitucional. La advertencia estaba sobre la mesa: no sellar el mentado pacto de gobernabilidad y transición constitucional, podía acrecentar la inestabilidad política y alimentar el fantasma populista.

El gesto fundamental fue la reunión secreta entre Gabriel Boric y Javier Macaya, presidente de la UDI. El acuerdo fácilmente podría bautizarse como “Boric-Macaya”, con el presidente oficiando de Ricardo Lagos y Macaya de Pablo Longueira. Fue ahí donde se delinearon los rasgos esenciales del acuerdo y Boric le garantizó a la derecha que ambas coaliciones de gobierno, tanto la ex Concertación como el Frente Amplio y el Partido Comunista, estaban dispuestas a ceder todo lo esencial a cambio de presentar a la opinión pública un órgano estéticamente electo.

El clima huele a los noventa. O al menos eso es lo que quieren: “cambios a la medida de lo posible”, estatuas de Aylwin, revival de la farándula, grandes consensos políticos en las alturas, tecnócratas designados definiendo nuestro futuro, etc. Pero es una trampa. El escenario internacional convulso marcado por la guerra de Ucrania, que en Chile se traducirá en una fuerte recesión económica y estanflación, impiden un retorno pacífico a los noventa. Se trata de una utopía reaccionaria. De triunfar los grandes acuerdos, el resultado será peor que los noventa, con mayor pobreza y precariedad.

Es por esto que detrás de tanta politiquería, es indispensable hacer un análisis de clase, que analice las apuestas estratégicas de los poderes reales para definir los contornos esenciales del nuevo escenario político.

La recomposición de un “centro burgués” como apuesta estratégica

Lo primero que hay que decir es que el acuerdo no cayó del cielo y no se firmó por consideraciones meramente coyunturales. El acuerdo constituye un triunfo y una consumación de una orientación estratégica de la gran burguesía, la cual logró alinear políticamente a la derecha “responsable” de Chile Vamos, la centro izquierda neoliberal de la ex Concertación y al reformismo de Apruebo Dignidad, incluyendo al Partido Comunista. De paso, logró transformar a Amarillos y a Demócratas de Ximena Rincón en un actor relevante y a excluir a la derecha “populista” de Partido de la Gente y Partido Republicano (que hoy juegan un rol desestabilizador no deseado por los dueños de Chile).

Es decir, se trata de un triunfo de la línea de recomponer un “centro burgués” con eje en Chile Vamos y el “centro” que votó rechazo. Para fortalecer ese proyecto, necesitan que el gobierno pueda sostenerse y tener una base de sustentación suficiente para que su desgaste (producto de la crisis económica y la frustración de expectativas) sea controlada y permita un gobierno de recambio en las próximas elecciones.

Esta orientación “de centro burgués” surgió frente al fracaso del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y el proceso constituyente. Hagamos memoria. El paro nacional del 12 de noviembre de 2019 planteó la posibilidad de la caída de Piñera y de un quiebre institucional, por lo que toda la gran burguesía y los partidos del régimen hicieron ese pacto para salvarle el pellejo a Piñera. Buscaban apaciguar las calles, lo que requería romper la alianza de hecho que existía entre sectores populares y las capas medias progresistas que se movilizaban. Así surgió el desvío de la Convención Constitucional. Los partidos capitalistas, tanto de la derecha como la ex Concertación, apostaban por controlar el proceso a través del veto del quórum y todas las trampas pactadas en la cocina. Sin embargo, la elección de constituyentes impidió que la derecha tuviese el tercio de la Convención.

Si bien el proceso constituyente (sumado a la pandemia) fue exitoso en desviar y vaciar las calles (con lo cual contaron con la colaboración no sólo del Frente Amplio y el Partido Comunista, sino también de Movimientos Sociales Constituyentes y Coordinadora Plurinacional -ex Lista del Pueblo, hoy ligada a Jorge Sharp- que apostaron todas sus fichas a las negociaciones palaciegas en el ex Congreso vaciando las organizaciones sociales, sindicales y territoriales); el resultado de la Convención estuvo lejos de dejar conforme a los sectores más concentrados de la burguesía.

El apruebo y rechazo representaban dos caminos de restauración post rebelión. El apruebo constituía una restauración “progresista” que apostaba a la integración de las organizaciones sociales al Estado a través de algunas concesiones, diversos mecanismos institucionales para cooptar a los sindicatos y organizaciones sociales, pero a costa de mantener la obra económica de los 30 años. El rechazo representaba una restauración conservadora. Sin embargo, ambas opciones eran malas para la gran burguesía. Ésta veía que el régimen de la Constitución del 80 era anacrónico y disfuncional (es decir, un rechazo a secas no servía), pero la nueva Constitución abría mucho el juego. De ahí surgieron las variantes hacia una “tercera vía”, con el aprobar para reformar, rechazar para reformar y los acuerdos previos al plebiscito para moderar la nueva Constitución que firmaron los partidos de gobierno.

La contundente derrota del apruebo hizo que la derecha se envalentonara y coqueteara con la idea de bloquear un cambio constitucional, pero visto el escenario de conjunto, esto no iba en la dirección de fortalecer el “centro” y aislar a los “extremos”. Javier Macaya fue el vocero del gran capital y Gabriel Boric cogió el guante en la misma dirección.

Sin embargo, hay que decir que esta reorientación estratégica del gran empresariado no se reduce al problema del régimen político y la transición constitucional. El acuerdo entre la gran burguesía y el reformismo es más amplio e integral, puesto que involucra dos nudos estratégicos en la situación nacional: qué hacer frente a la crisis económica y frente al debilitamiento de la autoridad estatal. En ambos terrenos ya se selló un acuerdo hace meses. Específicamente, post plebiscito del 4 de septiembre.

En el terreno económico está plenamente operativo un gran pacto no escrito: todos los partidos coinciden en que la inflación debe combatirse con recesión, ajuste y responsabilidad fiscal, evitando cualquier medida “populista” como un nuevo retiro y aprobando el TPP11 como señal a los inversionistas y multinacionales. En síntesis: que la crisis la paguen las y los trabajadores con disminución del salario real, restringiendo el consumo popular, con mayor desempleo y precarización laboral. En eso hay plena unidad de las distintas fracciones de la burguesía, y también plena unidad política entre el gobierno y la oposición (la disputa política está centrada en los bordes de las reformas tributaria y previsional, que no sale de una negociación parlamentaria que no las pone en riesgo).

Así también, el gobierno ha asumido con claridad y contundencia la exigencia de recomponer la autoridad estatal a través de medidas bonapartistas, como es la militarización permanente del sur, de las fronteras y la infraestructura crítica. Así también, el gobierno de Boric es quien tomó en sus manos la tarea sucia de “encarcelar a toda la plana mayor de la CAM” (como se jactaba Carolina Tohá en Tolerancia Cero) y enterrar cualquier atisbo de indulto a las y los presos de la revuelta, asegurando impunidad a los represores.

Pero no estamos en los noventa

La consumación del pacto constitucional y la política de grandes consensos exigida e impulsada por los grandes empresarios, constituye un factor de estabilidad para la gobernabilidad capitalista. Representa un triunfo táctico importante que abre un nuevo momento.

Sin embargo, estratégicamente esta política es muy débil “por abajo”. Hay un síntoma claro y contundente: la enorme indiferencia y apatía popular. La alegría de los políticos profesionales está totalmente alejada de los intereses del pueblo. Incluso el objetivo de sumar a la clase media progresista al acuerdo, apelando al gancho de una “Constitución nacida en democracia”, es sumamente precario e inseguro. Dentro de la base social y electoral del Frente Amplio y el Partido Comunista, se escucha decepción y rechazo a un fraude grotesco. Pocos son capaces de tragárselo.

La política de los grandes consensos en las alturas tuvo relativo éxito sólo cuando se sostenía en el crecimiento económico, el aumento del consumo y la promesa del ascenso social. Cuando ese motor se desaceleró, la fragilidad de un régimen político basado en la exclusión antidemocrática de las masas y la represión a la vanguardia obrera y juvenil, mostró todas sus contradicciones. La rebelión de octubre fue la consumación de ese ciclo. Hoy el éxito del acuerdo y los grandes consensos descansan sobre la pasividad y el reflujo de la lucha de clases, con un rol cómplice de las dirigencias sindicales que en vez de defender el salario y las condiciones de vida de las grandes mayorías, prefieren no hacerle olitas al gobierno apoyados por sus propios partidos.

Hoy la casta política quiere volver a esos grandes consensos pero sin tener el piso económico. El próximo año se estima que la economía caerá un 1,3%. La inflación de este año llegará al 12,3% según las estimaciones del Banco Central. El salario real ha caído un 2,4% respecto al IPC y un 15% respecto de la canasta básica. Se estima que el próximo año el consumo caerá casi un 6%. Según diversos analistas, el ajuste económico y la recesión no será moderado, como anuncia Mario Marcel. Además de los factores coyunturales, hay que decir que la economía del país no encuentra un motor dinámico. La última fue una década pérdida en cuanto a inversión (en 10 años apenas creció un 0,2%) y la economía sigue totalmente dependiente de los flujos de capitales (que hoy son desfavorables para Chile) y de los ciclos del precio del cobre. La burguesía nacional que domina los principales resortes de la economía no ofrece otra cosa que profundizar el rentismo y el saqueo.

Desde la óptica de la lucha de clases, la última década ha estado marcada por el círculo de la emergencia de la movilización seguida de la institucionalización. Revuelta e instititucionalización es el círculo vicioso que ha atravesado Latinoamérica y Chile no es la excepción. En el plano político de la izquierda, los nuevos fenómenos políticos por izquierda que han surgido al calor de estos ciclos (como en su minuto fue el Frente Amplio o recientemente fue la izquierda de “los movimientos sociales” en la Convención y la Lista del Pueblo), no han hecho más que hacerle la pega gratis al reformismo o al Partido Comunista. ¿Y para qué? Para que terminen firmando pactos aberrantes con la derecha, mientras siguen pendientes todas las demandas de octubre.

Hay que romper ese ciclo. Es fundamental que ante los pactos oligárquicos y antipopulares irrumpa la clase trabajadora y las luchas sociales en el centro de la escena para imponer una agenda propia, partiendo por un plan de emergencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo. Esto requiere reagruparnos y coordinarnos, partiendo por solidarizar con cada lucha y reclamo, por más mínimo que sea. Así también, es indispensable fortalecer y construir una alternativa y un partido revolucionario, socialista y de la clase trabajadora, un debate programático y estratégico que debemos dar entre todas y todos quienes nos declaramos oposición a izquierda al gobierno.

Por Fabián Puelma

@fabianpuelma

Fuente: editorial de La Izquierda Diario

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