Gobierno Piñera: Cuando la credibilidad es escasa el manejo de la crisis es parte de la crisis
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La clase política en Chile y, en general, el modelo de vida instaurado a partir del golpe de Estado de 1973, enfrentan una crisis de credibilidad y, de manera especial, ello se advierte en las partes fundacionales del sistema, las que en la actualidad han sido cuestionadas de manera profunda por la ciudadanía.
El modelo económico, dejó en evidencia que concentra el poder económico en pocas manos, y que la gran mayoría de la población queda condenada a vivir en condiciones de pobreza, o vulnerabilidad y, en el mejor de los casos, para un segmento social menos empobrecido, en un modelo de vida que le proporciona acceso a bienes materiales, los que deben adquirir a través del endeudamiento sistemático que les deja expuesto a los vaivenes de un modelo de mercado de alta volatilidad que los atrapa, a la vez que los empuja al ejercicio del consumismo por esa vía.
El sistema político institucional, por su parte, se funda en una Constitución (1980) promulgada durante la dictadura cívico-militar y que fue diseñada como un traje a la medida para blindar el modelo económico. Esa función la ha cumplido de manera eficiente, basada en el sistema binominal primero (donde 1/3 de los votos, se igualaba a los otros 2/3) dejando al gobierno y oficialismo en un virtual empate en el Congreso y, más tarde, con la exigencia de “altos quorum calificados” para ciertas leyes, especialmente las que afectan el modelo económico para, de esa forma, impedir cualquier cambio importante que pudiera “amenazar” la maquinaria del despojo instaurada en Chile, que se ha conocido, también, como el modelo neoliberal o modelo de mercado. Cuando lo anterior no funciona, como contención, recurren al tribunal Constitucional.
La tercera parte de la trilogía, propia de cualquier sistema, es la parte ideológica, que le otorga el fundamento teórico y que pretende naturalizar la existencia de un modelo de vida determinado. En el caso de Chile es un modelo consumista, difundido a través de los medios de comunicación, los que pertenecen a los mismos dueños del poder económico. Bajo esas condiciones, la clase dominante, pretende hacer que la ciudadanía haga suya la ideología del modelo, es decir, la ideología hegemónica que aspira, mediante su legitimación, a que los ciudadanos no cuestionen el modelo, sino que lo internalicen y lo defiendan ante cualquier debate que se suscite en la sociedad.
Estallido social
Esos tres aspectos, de manera general, subyacen en la construcción sociocultural del país y, también, explican las causas del estallido social ocurrido recientemente en el mes de octubre de 2019. Obviamente, sobre ese entramado existe una serie de otras variables, económicas, sociales, políticas y culturales, que fueron creando el clima de descontento que finalmente se expresó en una eclosión social, en que una gigantesca ola de demandas sociales no satisfechas, terminaron por derribar las barreras de contención, impuestas por el sistema, las que saltaron por los aires en un símil con los fenómenos naturales que cada cierto tiempo azotan las costas de nuestro territorio.
A lo anterior, se hace necesario agregar otro componente, que deriva de los aspectos señalados, y es que “la clase política” y sus prácticas deshonestas, incubadas al alero de un sistema económico espurio, por tanto, esa clase política no podía terminar siendo otra cosa que el rostro visible del sistema que la engendró y le dio vida, a la vez que la contaminó con el virus de la corrupción y la falta de ética.
La clase política en Chile, es producto inevitable de un sistema abusador para el ciudadano común. La mayor parte de los políticos que han administrado el país después de la dictadura (creadora del sistema) se han puesto al servicio de los grupos que controlan la actividad económica nacional. El gran empresariado, financia campañas electorales de presidentes y parlamentarios y de esa forma ejerce su influencia en todos los poderes del Estado.
La UDI y Renovación Nacional son los principales defensores del modelo de explotación implantado en Chile y, por razones ideológicas y prácticas, son los principales beneficiarios del sistema político corrupto. Sin embargo, quienes han ejercido la mayor influencia en la defensa del modelo del despojo ha sido, innegablemente, la UDI que de manera desembozada ha participado en el fortalecimiento del saqueo generalizado, recibiendo en compensación por “sus servicios” grandes sumas de dinero entregadas por los empresarios dueños del país.
Corrupción y la UDI
En ese escenario de corrupción, han sucumbido también los intentos de políticos honestos que han tratado de cambiar algunas cosas y, en una aventura casi quijotesca, han terminado en el más completo aislamiento, neutralizados por la acción de sus colegas en el parlamento, o abandonando finalmente la actividad política, ante la imposibilidad de cambios.
Lo anterior, puede explicar, en parte, el por qué las autoridades del país tienen tan escaza credibilidad y casi nula posibilidad de manejar con éxito las crisis de variado orden que afectan al país.
En los casos recientes, el estallido social primero, y luego la pandemia de Covid-19, el manejo de crisis ha sido errático, vacilante, y hasta contraproducente en algunos casos. El gobierno ha carecido de una visión global para enfrentar los problemas, especialmente por la negativa a incorporar, a instancias consultivas a organismos técnicos no gubernamentales, autoridades de niveles locales, como los Alcaldes y otras autoridades, además de organizaciones sociales y comunitarias territoriales para, en conjunto, enfrentar la crisis de manera integral.
El estilo gerencial de las actuales autoridades (propio de su formación) les ha impedido crear el vínculo necesario e irreemplazable en democracia que debe ser con los actores de la comunidad organizada.
No obstante, la pandemia del Covid-19 está entre nosotros y no discrimina entre abusadores y abusados, honestos y deshonestos, nos afecta innegablemente de manera profunda a todos y el desafío país es disminuir los efectos de la pandemia ahora, y sortear de la mejor manera posible las siguientes etapas que serán de reconstrucción de la sociedad en muchas de sus partes.
Superada la emergencia, la sociedad chilena enfrenta el desafío de ser capaces de salir adelante, no sólo para recuperar lo perdido, sino para fundar una nueva forma de convivencia, una nueva normalidad, donde la justicia, la dignidad y la inclusión para todos los habitantes del país, sean las bases fundacionales de un pacto social que permita mirar el futuro con esperanza.
Lamentablemente, por ahora, esa salida no se vislumbra.
Por Higinio Delgado Fuentealba
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