La CAT denuncia retroceso catastrófico en el empleo público tras fallo de la Corte Suprema
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La Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT) expresó su profunda consternación ante el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró la incompatibilidad entre el empleo a contrata y cualquier pretensión de estabilidad laboral en el sector público. Según la organización, esta resolución constituye un golpe devastador que intensifica la precarización de los funcionarios públicos y evidencia la crisis estructural de la Administración del Estado.
Cuatro décadas de incumplimiento político y legal
La CAT responsabiliza a los sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia por haber evitado sistemáticamente el fortalecimiento de las plantas permanentes del Estado. En su lugar, se expandió la dotación mediante contratas y honorarios, precarizando el empleo público.
El gremio recuerda que el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834) fija un límite del 20% para el personal a contrata, norma que ha sido sistemáticamente vulnerada mediante glosas en la Ley de Presupuestos. Esta práctica, subraya la central, ha creado una “masa crítica” de funcionarios en constante vulnerabilidad, al tiempo que se instalaba en la opinión pública la idea de que los trabajadores del sector público gozan de supuestos privilegios.
El sepultamiento de la “confianza legítima”
En su declaración, la CAT lamenta el fin de la doctrina de la “confianza legítima”, desarrollada por excontralores como Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez, que buscaba otorgar estabilidad a quienes llevaban años renovando contratas. Este principio, que ofrecía un resguardo administrativo, fue debilitado primero por la reinterpretación restrictiva de la actual Contralora General, Dorothy Pérez, y finalmente sepultado por el reciente fallo de la Corte Suprema.
Crítica a la CUT y la ANEF
La central autónoma también emplazó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a quienes acusa de guardar un “silencio estratégico” frente al progresivo incumplimiento del límite legal de contratas. Según la CAT, estas organizaciones deben asumir su responsabilidad política y realizar una autocrítica profunda por haber permitido la consolidación de la precarización laboral en el sector público.
Exigencias inmediatas
La declaración concluye con un llamado urgente a defender la estabilidad y dignidad del empleo público. Entre sus principales demandas destacan:
Fin inmediato al abuso de las contratas: El Ejecutivo y el Congreso deben iniciar un proceso extraordinario para crear nuevas plantas funcionarias y encasillar a miles de trabajadores que cumplen funciones permanentes, reduciendo las contratas al 20% legal.
Responsabilidad política y sanciones legales: Se solicita investigar a autoridades ministeriales y directivos de servicio que, durante décadas, han incumplido sistemáticamente el Estatuto Administrativo al gestionar el crecimiento del Estado con empleo precario.
La CAT finaliza su declaración convocando a las asociaciones de funcionarios y a los propios trabajadores públicos a coordinar acciones en defensa de la función pública, subrayando que el servicio estatal debe sostenerse en la estabilidad y la dignidad labora
