Senadores socialistas enviarán carta a Claudia Sheinbaum para rechazar eventual designación de Francisco Chahuán como embajador en México
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La controversia política provocada por el proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas para internos enfermos o de edad avanzada escaló esta semana a un plano internacional. Senadores del Partido Socialista anunciaron que enviarán una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para advertirle sobre la eventual designación del senador Francisco Chahuán como embajador de Chile en ese país, debido a su rol como autor de la iniciativa legislativa que ha sido duramente cuestionada por el oficialismo y organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa, aprobada en general por el Senado por 23 votos a favor y 22 en contra, propone permitir que personas privadas de libertad con enfermedades graves, terminales o con edad avanzada puedan cumplir sus condenas bajo modalidades alternativas, como arresto domiciliario total. El proyecto fue impulsado por senadores de oposición, entre ellos Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
Aunque sus promotores sostienen que la propuesta busca introducir criterios humanitarios en el sistema penitenciario —especialmente para reos con enfermedades terminales o condiciones incompatibles con la vida carcelaria— el texto ha generado una fuerte reacción política debido a su redacción. Según críticos del proyecto, la norma establece criterios amplios que podrían permitir el acceso al beneficio a condenados por delitos extremadamente graves.
Entre las hipótesis que contempla la iniciativa se incluyen situaciones como discapacidad incompatible con las condiciones penitenciarias, enfermedades crónicas incurables, enfermedades terminales o una combinación de edad y condena que alcance determinados parámetros. El punto que ha encendido la polémica es que estos criterios no son copulativos, lo que abre la posibilidad de que una sola condición baste para acceder a la conmutación de la pena.
En ese contexto, parlamentarios del oficialismo han advertido que el proyecto podría beneficiar no solo a personas condenadas por delitos comunes, sino también a internos sentenciados por crímenes de alta gravedad, incluyendo homicidios, delitos sexuales o violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló durante el debate que la iniciativa podría incluso entrar en conflicto con compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo al cumplimiento efectivo de las penas por delitos de lesa humanidad.
La controversia política ha sido intensa desde la aprobación en general del proyecto. El presidente Gabriel Boric afirmó que la iniciativa “consagra la impunidad para criminales”, mientras que distintos sectores del oficialismo han anunciado acciones políticas y legislativas para intentar frenar su avance en las próximas etapas del proceso parlamentario.
En este escenario surge ahora un nuevo frente de tensión: el diplomático. Según confirmaron parlamentarios socialistas, se enviará una carta a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para informarle sobre el rol de Francisco Chahuán en la elaboración del proyecto.
La iniciativa de los senadores socialistas busca advertir a la mandataria mexicana que el legislador chileno ha impulsado una norma que, a juicio de sus críticos, podría permitir beneficios carcelarios a condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
El senador socialista Fidel Espinoza explicó públicamente que la carta tiene como objetivo poner en conocimiento de la presidenta mexicana el contexto político que rodea la iniciativa legislativa impulsada por Chahuán, considerando que México ha tenido históricamente un papel relevante en la defensa de los derechos humanos en América Latina.
La eventual designación de Chahuán como embajador de Chile en México ha sido mencionada en círculos políticos como una posibilidad dentro del escenario diplomático futuro, lo que ha provocado la reacción anticipada del Partido Socialista.
Desde la oposición, sin embargo, se ha defendido el proyecto de ley. El jefe de bancada del Partido Republicano en el Senado, Juan Irarrázaval, sostuvo que la iniciativa no permitirá una liberación masiva de internos y que su objetivo es incorporar criterios humanitarios al sistema penal.
En paralelo, algunos parlamentarios de derecha han sugerido que el debate sobre las condiciones de cumplimiento de las penas podría ampliarse en el futuro, incluso mediante la discusión de indultos presidenciales en casos específicos.
El proyecto de ley todavía debe continuar su tramitación legislativa. Tras su aprobación en general, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones antes de su discusión en particular en el Senado.
Mientras tanto, el conflicto político sigue creciendo. Lo que comenzó como un debate jurídico sobre criterios humanitarios en el sistema penitenciario se ha transformado en una disputa más amplia sobre memoria histórica, justicia y el rol del Estado frente a los crímenes más graves.
Fuentes: BioBioChile, ADN Radio, La Tercera, Senado de Chile, declaraciones públicas de parlamentarios y autoridades del Ministerio de Justicia.
