Lo llaman “pérdida de confianza”: suman y siguen las remociones de Kast en el aparato público
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Desde el día siguiente al cambio de mando que marcó el inicio del gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo partió una saga de remociones en diversas reparticiones públicas, entre servicios y ministerios, varias de las cuales han generado preocupación por las repercusiones que tendrán en ámbitos como el del medio ambiente o la educación.
Es el caso de dos autoridades a cargo de medio ambiente, biodiversidad y áreas protegidas que fueron destituidas en las horas siguientes a que Kast favoreciera vía decreto a más de cincuenta proyectos de inversión en proceso de revisión en la institucionalidad medioambiental. Y es también la remoción del Superintendente de Educación en las mismas horas en que ese organismo ministerial se disponía a anunciar sanciones por el caso de la cuestionada Universidad San Sebastián.
La casi totalidad de las autoridades cesadas en sus funciones habían llegado a sus cargos luego de cumplir con los concursos del sistema de Alta Dirección Pública. Sin embargo los despidos han sido justificados en base a la “pérdida de confianza” o al argumento de la evaluación de jefaturas, y en algunos casos corresponden a la atribución legal que permite al Ejecutivo nombrar directamente hasta a doce jefaturas de servicio durante los primeros tres meses de administración, sin necesidad de acudir a la Alta Dirección Pública.
Vivienda, Medio Ambiente y Pensiones: primeras remociones
Al día siguiente del cambio de mando tomó la iniciativa Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo. Poduje pidió el 12 de marzo la “renuncia no voluntaria” de la abogada María Luz Gajardo, hasta entonces directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la región del Biobío, nombrada en octubre de 2023 por Gabriel Boric tras ganar un concurso público del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Dos días más tarde fue el Ministerio del Medio Ambiente el que concentró la atención cuando el gobierno removió a dos autoridades validadas por el mismo sistema: Marie Claude Plumer (de la Superintendencia del Medio Ambiente) y Aarón Cavieres (director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas). Las renuncias fueron pedidas sólo días después de que Kast firmara un decreto para “destrabar” 51 proyectos de inversión en la institucionalidad ambiental. Cavieres había sido nombrado a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP, en un organismo cuya misión es gestionar la conservación de la biodiversidad del país y del sistema nacional de áreas protegidas.
Luego el 16 de marzo el gobierno notificó de cese de sus funciones a Osvaldo Macías, a cargo de la Superintendencia de Pensiones, quien había sido nombrado en 2016 mediante el sistema de ADP por Michelle Bachelet, y ratificado por Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En su lugar fue designado Joaquín Cortez, ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Vinculado además al negocio de la previsión social, en su condición de ex gerente de inversiones y ex director de la AFP Provida, Cortez tendrá a su cargo, esta vez desde el poder ejecutivo, la implementación de la reforma de pensiones.
Salud, Trabajo y Conadi: destituciones regionales
Un primer despliegue nacional de destituciones tuvo lugar en el Ministerio de Salud el 18 de marzo, con las remociones de directores de Servicios de Salud de seis regiones. Según información pormenorizada por Emol, salieron María Paz Iturriaga, acogida a retiro y subrogada por Rafael Villalobos en la región de Tarapacá; Francisco Grisolía, reemplazado por Fabiola Roa en Antofagasta; Luis Infante en el Servicio de Salud Metropolitano Norte; Marta Ercira en el Maule, Walter Alvial, sucedido por Manuel Herbage en Biobío; Marianela Rubilar, subrogada por Erick Vargas en Los Ríos, y Bárbara del Pino en Reloncaví.
El 19 de marzo se intensificaron las remociones. en el Ministerio del Desarrollo Social y Familia, fue removido por el gobierno el director nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo. Había asumido el puesto en 2024, como director subrogante y luego ratificado en un proceso de ADP en marzo de 2025. Horas después del cambio de mando del 11 de marzo, Morales se había negado a interrumpir tres procedimientos de compra de tierras, según dijo en una entrevista al diario El Austral: “Al día siguiente me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”.
También el 19 de marzo, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue pedida la renuncia de Andrea Soto, de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), quien había asumido el cargo en diciembre pasado, y tomó su puesto Patricia Soto como interina. Lo mismo pasó con Romanina Morales, hasta ese día directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupaba desde 2023. Será subrogada por Rodrigo Valdivia en espera del concurso público para el nombramiento definitivo.
Educación: la Universidad San Sebastián a la palestra
La cartera de Educación registró cambios especialmente cuestionados cuando el mismo 19 de marzo el gobierno pidió la renuncia del abogado José Miguel Salazar a la Superintendencia de Educación Superior. Salazar, que había asumido el cargo en 2023 a través del sistema de ADP, se sumó así a las remociones de Camila Rubio el 18 de marzo, nombrada en 2022 en la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), y de Loreto Orellana el 19 de marzo, designada en agosto del año pasado en la Superintendencia de Educación, ambas tras ser elegidas también por medio de concursos de ADP.
Según la versión oficial del ministerio, la renuncia de José Miguel Salazar fue pedida por “pérdida de confianza”. Sin embargo la decisión se produjo luego de que la Superintendencia de Educación Superior, tras una investigación reservada de quince meses, había formularon cargos y observaciones contra una serie de personas involucradas en las contrataciones irregulares y las altas remuneraciones pagadas por la Universidad San Sebastián, vinculada a la derecha, según informó el medio Reportea. De acuerdo con el diario La Tercera, Salazar fue removido el día después de que fueron conocidos los resultados de la investigación, a las puertas de que la superintendencia iniciara la etapa de definición de sanciones.
«El gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha. El caso USS no puede quedar en nada», manifestó al respecto en redes sociales la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio. También se refirió a la destitución la senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista: “El Presidente Kast pidió la renuncia del superintendente de Educación por pérdida de confianza. Yo me pregunto si la confianza la perdió sospechosamente el día anterior, cuando el superintendente anunció que habría sanciones contra la Universidad San Sebastián por su rol como refugio y caja pagadora millonaria a políticos de derecha, involucrando incluso recursos públicos, lo que denunciamos en su minuto junto al diputado Daniel Manouchehri. Acá no puede haber impunidad. Las sanciones se deben aplicar con la fuerza y la gravedad que ameritan los hechos y no con un tirón de orejas o un simple saludo a la bandera”.
Comisión para el Mercado Financiero y Obras Públicas: nombramientos directos
Siguiente organismo en anunciar cambios fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). servicio público vinculado al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda. La recién nombrada presidenta del ente regulador, Catherine Tornel, cesó en sus funciones a Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado; a Nancy Silva, directora general de Estudios, y a José Antonio Gaspar, de la Dirección Jurídica, quienes, según detalló Emol, serán sucedidos respectivamente por los actuales funcionarios Nicolás Álvarez (Conducta de Mercado), Alfredo Pistelli (Estudios) y Claudia Soriano (Dirección Jurídica),
Los cambios más recientes fueron anunciados ayer 21 de marzo en la cartera de Obras Públicas, donde el ministro Martín Arrau despidió a los diez directores de áreas, desde la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) a la que llega el ingeniero civil Joaquín Daga Kunze. Ésta es precisamente la cartera en la que Kast ya hizo uso de su facultad para designar a dos de las doce jefaturas de servicio de primer nivel que puede nombrar sin concurso de por medio, según la normativa del propio sistema de Alta Dirección Pública. Esos nombramientos fueron los de la abogada Francisca Morandé en la Fiscalía Nacional del MOP, quien vuelve a ese puesto luego de haberlo ocupado entre 2018 y 2022, y del ingeniero Eduardo Koffmann en la Dirección de Planeamiento, quien antes trabajó en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2019.
