La Contraloría, la ultraderecha y el caso Steinert: Cuando el árbitro se convierte en el enemigo
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Las críticas de Jorge Alessandri y Arturo Squella a la Contraloría tras el dictamen contra Trinidad Steinert revelan un cambio preocupante en la cultura política chilena. Más que debatir la legalidad de los actos de una exministra, el oficialismo comienza a poner en cuestión la legitimidad de uno de los principales órganos de control del Estado. Es una estrategia conocida en otras democracias.
Hay una diferencia fundamental entre impugnar un fallo y desacreditar a quien lo dicta.
Las democracias constitucionales descansan precisamente sobre esa distinción. Ningún gobierno, por amplio que sea su respaldo electoral, puede ser juez de sus propios actos. Para eso existen tribunales, fiscalías, bancos centrales independientes, organismos electorales y contralorías. Son instituciones concebidas para limitar el ejercicio del poder, incluso cuando ese límite resulta incómodo para quienes gobiernan.
Por eso resulta significativo el giro que ha tomado la reacción oficialista tras el dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones legales de su cargo al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones.
Lo esperable habría sido discutir el contenido jurídico del pronunciamiento. O, como efectivamente hizo la propia exministra, presentar una solicitud de reconsideración utilizando los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Esa es la vía normal en un Estado de derecho.
Pero el debate comenzó a desplazarse.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que había que «mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo», afirmó que algunos constitucionalistas consideran que el organismo «se está pasando de sus atribuciones» y concluyó con una advertencia poco habitual: «ojo con la Contraloría». Añadió además que el organismo estaba emitiendo una opinión sobre una autoridad de confianza política y recordó que «el poder político está en los ciudadanos electos».
Un día después, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, profundizó esa línea. No solo respaldó la ofensiva jurídica de Steinert para dejar sin efecto el dictamen, sino que planteó derechamente revisar las atribuciones constitucionales de la Contraloría porque, a su juicio, hace tiempo observa «excesos» en el ejercicio de sus facultades.
No deja de ser una reacción llamativa.
La Contraloría no inventó un caso. No abrió una investigación política. Respondió a un requerimiento presentado por parlamentarios, examinó los antecedentes y concluyó que una ministra había actuado fuera de las atribuciones que la ley le confería. Esa es exactamente la función que la Constitución le asigna desde hace casi un siglo: controlar la legalidad de los actos de la administración y fijar una jurisprudencia administrativa obligatoria para los organismos públicos.
La cuestión de fondo, entonces, ya no parece ser Steinert.
Comienza a ser la propia Contraloría.
Y allí aparece un fenómeno político que trasciende el caso chileno.
En los últimos años, diversos movimientos de derecha radical han desarrollado una estrategia recurrente cuando una institución independiente limita la acción del poder político. El debate deja de centrarse en la conducta investigada y pasa a concentrarse en la supuesta parcialidad o exceso del órgano que ejerce el control.
En Estados Unidos, Donald Trump convirtió durante años al Departamento de Justicia, al FBI y a numerosos jueces federales en parte de una supuesta conspiración contra su liderazgo. En Hungría, Viktor Orbán impulsó profundas reformas para reducir la autonomía del Poder Judicial. En Brasil, Jair Bolsonaro mantuvo una confrontación permanente con el Tribunal Supremo Federal y cuestionó reiteradamente la legitimidad de las instituciones electorales.
Los contextos son distintos y sería un error establecer equivalencias mecánicas.
Pero el mecanismo político es sorprendentemente similar: cuando el órgano de control adopta una decisión desfavorable, el verdadero problema deja de ser la conducta del gobernante y pasa a ser la legitimidad del controlador.
Chile había permanecido relativamente al margen de esa lógica.
La derecha tradicional construyó durante décadas buena parte de su identidad política reivindicando la fortaleza de las instituciones y el respeto al orden jurídico. Precisamente por ello resulta llamativo que las principales voces que hoy cuestionan a la Contraloría provengan desde sectores que históricamente defendieron el peso de las instituciones como garantía de estabilidad.
La paradoja resulta aún más evidente si se observa el contexto inmediato.
Hace apenas unas semanas, la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau fue ampliamente rechazada porque la mayoría del Congreso estimó que carecía de fundamentos jurídicos suficientes. En ese momento se sostuvo, con razón, que los mecanismos constitucionales no podían transformarse en herramientas de confrontación política.
Ahora ocurre el movimiento inverso.
Existe un dictamen formal de la Contraloría que concluye que una ministra actuó fuera del marco legal de sus atribuciones. Sin embargo, parte del debate oficialista parece orientarse menos a responder los argumentos jurídicos del organismo que a cuestionar la legitimidad de sus competencias.
Las instituciones democráticas no son infalibles. Sus resoluciones pueden ser discutidas, recurridas e incluso corregidas. Pero existe una diferencia esencial entre controvertir un dictamen y convertir al órgano que fiscaliza el poder en el principal objeto de sospecha.
Porque cuando el árbitro comienza a transformarse en el enemigo, la discusión ya no trata únicamente sobre un caso administrativo. Empieza a tratar sobre la calidad de la democracia y sobre la disposición de quienes ejercen el poder a aceptar que, precisamente en un Estado de derecho, también existen límites para ellos.
Simón del Valle
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