“Por encargo del presidente Kast”: la destitución de Priscilla Carrasco en pleno tratamiento oncológico abre una crisis política
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La salida de Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) se ha convertido en una de las controversias más sensibles del Gobierno. La decisión, adoptada —según reconoció la ministra de la Mujer, Judith Marín— “por encargo del presidente Kast”, ha desatado críticas transversales no solo por su trasfondo político, sino también por el momento en que ocurre: en medio del tratamiento oncológico activo de la funcionaria.
El episodio ha tensionado al Ejecutivo en dos planos simultáneos. Por un lado, instala dudas sobre la autonomía de las instituciones y el rol del sistema de Alta Dirección Pública. Por otro, abre un cuestionamiento ético sobre el trato a una autoridad que enfrenta un cáncer de mama triple negativo mientras seguía ejerciendo sus funciones.
Carrasco había asumido el cargo en 2022 tras un concurso público y, hasta ahora, no existían cuestionamientos públicos a su desempeño. Por el contrario, distintas voces han destacado que durante su gestión el SernamEG amplió significativamente su cobertura territorial. Aun así, el ministerio comunicó su salida mediante una declaración breve, sin explicar las razones de fondo.
Ese silencio es uno de los principales focos de crítica. La ausencia de argumentos técnicos o políticos ha alimentado la percepción de una decisión discrecional, reforzada por la afirmación de que se trató de un “encargo” directo del presidente. En un sistema que busca profesionalizar la administración pública, la remoción sin fundamentos explícitos se percibe como un retroceso.
Pero el aspecto más delicado del caso es el contexto personal de la exdirectora. Carrasco se encuentra en tratamiento activo contra el cáncer, incluyendo una mastectomía reciente, quimioterapia e inmunoterapia. A pesar de ello, no había solicitado licencia médica y continuaba desempeñando su cargo. Su salida, en estas condiciones, ha sido interpretada por críticos como una señal especialmente dura hacia mujeres que enfrentan enfermedades graves.
La propia Carrasco expresó su desconcierto al conocer la decisión. Más allá de su situación personal, advirtió que el mensaje trasciende su caso individual y puede afectar a otras mujeres en condiciones similares. La discusión, así, se ha desplazado desde una medida administrativa hacia un debate más amplio sobre derechos, dignidad y coherencia en las políticas públicas.
Las reacciones desde el mundo político no tardaron. La diputada Ana María Gazmuri calificó la decisión en términos categóricos:
“Esto es inaceptable. Inhumano. Hace años venimos trabajando por la prevención y el acceso oportuno al tratamiento del cáncer de mama, y hemos escuchado el testimonio de cientos de mujeres que enfrentan esta enfermedad en condiciones muchas veces durísimas”.
La parlamentaria enfatizó además el carácter institucional del cargo:
“No es un detalle: este es un cargo de Alta Dirección Pública, ratificado además para el periodo 2025–2028. No es un puesto de confianza política. Las diferencias políticas no pueden justificar decisiones que desconocen trayectorias, menos aún en medio de tratamientos”.
En la misma línea, advirtió sobre el impacto simbólico de la medida:
“Cuando se naturaliza esto, no se afecta a una sola persona: se envía una señal brutal a todas las mujeres que están luchando por su vida. Así no se gobierna. Así se vulnera la dignidad”.
Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez habló de “indolencia brutal”:
“Mientras Priscilla Carrasco enfrenta un cáncer, el Gobierno le pide la renuncia, ignorando no solo su situación, también que llegó al cargo por Alta Dirección Pública, y que en su gestión llevó al SernamEG al 90% de cobertura territorial. Una falta total de humanidad”.
Estas críticas convergen en un punto: la aparente contradicción entre el discurso del Ejecutivo en materia de género y salud, y la decisión adoptada. La ministra Marín había señalado previamente que la salud de las mujeres, especialmente en materia oncológica, sería un eje de su gestión. En ese contexto, la salida de una autoridad en tratamiento activo ha sido leída como un gesto difícil de conciliar con esa agenda.
El impacto institucional también preocupa. La salida de Carrasco deja al SernamEG sin una dirección titular en un momento relevante para la implementación de políticas contra la violencia de género. Los procesos asociados a la Alta Dirección Pública podrían extender la designación de una nueva autoridad, generando incertidumbre en la conducción del servicio.
Sin embargo, el elemento que articula la crisis sigue siendo la frase “por encargo del presidente Kast”. Para sus detractores, esa declaración no solo confirma el carácter político de la decisión, sino que también expone un estilo de conducción que tensiona los equilibrios entre técnica y política en la administración del Estado.
A falta de explicaciones oficiales más detalladas, el caso se ha instalado como un símbolo incómodo para el Gobierno. No solo por la salida de una autoridad, sino por lo que representa: la intersección entre poder político, salud y derechos en un contexto especialmente sensible.
En política, las decisiones siempre tienen costos. En este caso, el costo parece amplificado por el silencio que las rodea y por el momento en que se producen. La combinación de un “encargo” presidencial y un tratamiento oncológico en curso ha configurado una controversia que difícilmente se resolverá sin una explicación más clara del Ejecutivo
