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Vocera de Gobierno genera nueva polémica al calificar como “condenado” a Galvarino Apablaza

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Una nueva controversia comunicacional enfrenta la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, luego de referirse a la situación judicial de Galvarino Apablaza, a quien calificó como “condenado” por el asesinato del senador Jaime Guzmán, pese a que en Chile mantiene la calidad de procesado como presunto autor intelectual del crimen.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un nuevo aniversario del homicidio del parlamentario, ocurrido el 1 de abril de 1991, hecho que este año cumple 35 años y que, como cada año, es conmemorado por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”, afirmó la secretaria de Estado en un punto de prensa. En la misma línea, agregó que “vamos a avanzar en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato cumpla su condena como corresponde en nuestro país”.

Sin embargo, sus dichos generaron cuestionamientos debido a que Apablaza no ha sido condenado por la justicia chilena, sino que se encuentra procesado como presunto autor intelectual del crimen. La diferencia no es menor, ya que implica etapas distintas dentro del proceso penal.




Momento clave en proceso de extradición

La polémica ocurre en un momento decisivo del proceso judicial, marcado por la fase final de la solicitud de extradición desde Argentina, país donde Apablaza reside desde la década de los noventa.

Si bien la justicia argentina ya dio luz verde al procedimiento, aún resta un paso clave: la firma del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 de Buenos Aires.

En paralelo, en Argentina se desplegó un operativo policial para dar con el paradero del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), luego de que no fuera encontrado en su domicilio al momento de intentar ejecutar una orden de detención emitida por la jueza María Servini.

Fin del estatus de refugiado y búsqueda policial

Apablaza, quien había obtenido estatus de refugiado político en Argentina, perdió recientemente dicho beneficio bajo el gobierno de Javier Milei, lo que reactivó el proceso de extradición impulsado por Chile.

El procedimiento policial se llevó a cabo durante la tarde, cuando efectivos llegaron a su residencia sin lograr ubicarlo, lo que activó un operativo para dar con su paradero.

Nuevo flanco para el Ejecutivo

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado la ministra Sedini desde su llegada a la vocería. Sus intervenciones públicas han sido objeto de críticas, incluyendo controversias previas por declaraciones en redes sociales, donde aludió a un supuesto “Estado en quiebra”, generando tensión política para el Ejecutivo.

Consultado por la situación, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló no contar con antecedentes sobre el operativo en Argentina, al ser abordado por la prensa en una actividad junto al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Clave del debate: precisión jurídica vs. discurso político

La controversia instala nuevamente el debate sobre el tratamiento comunicacional de casos judiciales complejos, especialmente aquellos con alta carga política e histórica.

Mientras desde el gobierno se enfatiza la necesidad de que Apablaza enfrente la justicia en Chile, las críticas apuntan a la importancia de la precisión jurídica, particularmente en un caso que sigue en desarrollo y que no cuenta con una sentencia condenatoria firme en el país.



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