Menos buses, menos derechos: el costo social de la “optimización”

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En Santiago, la desigualdad no solo se mide en ingresos, barrios o acceso a servicios. También se mide en algo más cotidiano, pero igual de determinante: cómo te mueves.

Las recientes decisiones del Ministerio de Transportes, encabezado por Louis de Grange, no son simples ajustes técnicos. Son una señal política clara sobre qué tipo de ciudad se está construyendo: una donde la eficiencia se impone sobre la equidad y donde, una vez más, los costos recaen sobre quienes menos tienen.

Reducir frecuencias, bajar la oferta en fines de semana y eliminar buses de mayor capacidad no es neutro. No afecta a todos por igual. En una ciudad profundamente segregada, estas medidas golpean directamente a quienes dependen del transporte público para vivir: trabajadores que cruzan la ciudad de punta a punta, estudiantes, mujeres que sostienen redes de cuidado, adultos mayores.

Para ellos, el transporte no es una opción. Es una condición de existencia.

Una ciudad partida en dos

Mientras en los sectores de mayores ingresos el transporte público es una alternativa —muchas veces prescindible—, en el Santiago popular es la única posibilidad real de desplazamiento.

Ahí, reducir un bus no es un ajuste: es más tiempo de espera, más hacinamiento, más incertidumbre. Es llegar tarde al trabajo. Es perder calidad de vida.

Por eso, hablar de “optimización” sin considerar esta desigualdad estructural es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, profundamente indiferente.

El patrón se repite

No es un hecho aislado. La suspensión del proyecto de ciclovías en el sector poniente de la capital —otra zona históricamente relegada— apunta en la misma dirección.

Las ciclovías no son solo infraestructura “verde”. Son una herramienta de democratización del espacio urbano. Permiten movilidad barata, accesible, autónoma. Quitarlas —o postergarlas— en los sectores más vulnerables mientras se mantienen o priorizan en otras zonas refuerza una lógica conocida: hay territorios que importan más que otros.

Y eso tiene nombre. Se llama desigualdad territorial.

¿Eficiencia para quién?

El argumento oficial habla de eficiencia, de buses vacíos, de costos que hay que contener. Pero la pregunta clave no es si el sistema debe ser eficiente. La pregunta es: ¿eficiente para quién?

Porque cuando la eficiencia se traduce en menos servicio para quienes más lo necesitan, deja de ser una solución técnica y pasa a ser una decisión política.

Una decisión que, acumulada con otras —como el freno a proyectos de movilidad en zonas populares— dibuja un patrón: el ajuste siempre ocurre en los mismos lugares, sobre las mismas personas.

Una ciudad más desigual

Lo que está en juego no es solo el transporte. Es el modelo de ciudad.

Una ciudad donde moverse se vuelve más difícil para los sectores de menores recursos no es solo menos eficiente. Es más injusta. Más excluyente. Más discriminatoria.

Y cuando esas decisiones se repiten, dejan de ser medidas aisladas. Se transforman en una política.

Una política que, bajo el lenguaje técnico de la “optimización”, termina desmantelando, poco a poco, condiciones básicas de igualdad en la vida urbana.

Porque en Santiago, al parecer, no todos los trayectos valen lo mismo. Y tampoco todas las personas.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista