El espejismo del crecimiento: por qué la rebaja de impuestos de Kast no «reconstruye» Chile
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El llamado “Plan de Reconstrucción Nacional” impulsado por José Antonio Kast se presenta como una respuesta ambiciosa frente a la crisis provocada por los incendios de 2026. Sin embargo, detrás del discurso de urgencia y reconstrucción, emerge una agenda económica conocida: reducción de impuestos corporativos, incentivos al capital y promesas de crecimiento que, según numerosos economistas, carecen de sustento empírico sólido y arriesgan profundizar las desigualdades existentes.
La medida estrella del plan —la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%— se justifica bajo una lógica clásica: al reducir la carga tributaria sobre las empresas, estas invertirán más, generarán empleo y dinamizarán la economía. Este argumento, ampliamente difundido en corrientes económicas de corte neoliberal, ha sido aplicado en distintos países durante las últimas décadas. El problema es que la evidencia acumulada no respalda de forma consistente sus resultados.
Diversos economistas han cuestionado que una reducción de impuestos de este tipo se traduzca efectivamente en mayor inversión productiva. En muchos casos, las empresas no reinvierten estos recursos en expansión o empleo, sino que los destinan a aumentar utilidades, repartir dividendos o fortalecer posiciones financieras. Es decir, el beneficio no necesariamente “chorrea” hacia el resto de la economía. En contextos de incertidumbre —como el que enfrenta Chile tras una catástrofe—, la probabilidad de que las empresas adopten una postura conservadora es aún mayor.
A esto se suma un problema estructural: la composición del tejido empresarial chileno. Aunque el discurso oficial suele invocar a las pymes como beneficiarias, lo cierto es que la mayor parte de las utilidades empresariales se concentra en grandes compañías. Por lo tanto, la rebaja tributaria impacta desproporcionadamente a los actores de mayor tamaño. En la práctica, esto implica una transferencia de recursos desde el Estado hacia los sectores más acomodados, reforzando una estructura económica ya altamente concentrada.
El costo fiscal de esta medida es otro punto crítico. Reducir el impuesto corporativo implica, inevitablemente, una caída en la recaudación. Las estimaciones apuntan a miles de millones de dólares menos para el Estado en régimen. En un país que enfrenta necesidades urgentes de reconstrucción —vivienda, infraestructura, apoyo social—, esta decisión resulta, como mínimo, contradictoria. Menos ingresos fiscales significan menos capacidad para financiar políticas públicas, precisamente en el momento en que más se requieren.
Los defensores del plan argumentan que el crecimiento económico compensará esta pérdida de recaudación. Sin embargo, esta afirmación ha sido ampliamente cuestionada. La llamada “curva de Laffer”, que sugiere que menores impuestos pueden aumentar la recaudación al estimular la actividad económica, tiene escaso respaldo en economías como la chilena. La mayoría de los estudios empíricos muestra que las rebajas tributarias rara vez se autofinancian. Apostar a ese resultado en un contexto de crisis no solo es optimista: es arriesgado.
Más preocupante aún es la falta de claridad sobre cómo se financiará el resto del plan. Si se reducen los ingresos del Estado sin mecanismos compensatorios claros, las opciones son limitadas: aumentar la deuda, recortar gasto o ambas. En cualquiera de los casos, las consecuencias recaen sobre la ciudadanía. Recortes en programas sociales, menor inversión pública o deterioro de servicios esenciales son escenarios plausibles que contradicen el objetivo declarado de reconstrucción.
El plan también ha sido criticado por su carácter ideológico. Bajo el paraguas de una emergencia nacional, se introduce una agenda de transformación tributaria que va más allá de la reconstrucción. La reducción de impuestos a empresas, junto con otras medidas como la flexibilización regulatoria y cambios en beneficios sociales, responde a una visión específica del rol del Estado y del mercado. El problema no es la existencia de esa visión, sino su implementación sin un debate profundo y en un contexto que dificulta la deliberación.
Otro aspecto relevante es el impacto en la desigualdad. Chile ya presenta altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza. Políticas que reducen la carga tributaria sobre el capital, sin fortalecer mecanismos redistributivos, tienden a exacerbar estas brechas. La evidencia internacional muestra que las rebajas de impuestos corporativos suelen beneficiar en mayor medida a los propietarios del capital que a los trabajadores. En otras palabras, aumentan las ganancias en la cima sin garantizar mejoras significativas en la base.
En este sentido, el plan de Kast parece repetir una promesa que ha sido formulada —y cuestionada— múltiples veces: que favorecer a los más ricos terminará beneficiando a todos. Sin embargo, la experiencia indica lo contrario. Sin políticas activas de redistribución, inversión pública robusta y fortalecimiento del Estado, el crecimiento económico por sí solo no corrige las desigualdades, y en muchos casos las profundiza.
Esto no significa que la inversión privada no sea importante. Lo es. Pero confiar exclusivamente en incentivos tributarios para impulsarla es una estrategia limitada. Factores como la estabilidad institucional, la calidad de la infraestructura, el capital humano y la demanda interna son igualmente —o más— determinantes. Ignorar estos elementos en favor de una receta simplificada no solo es insuficiente, sino potencialmente perjudicial.
En definitiva, el plan de reconstrucción propuesto por Kast plantea más preguntas que respuestas. Su énfasis en la rebaja de impuestos corporativos, lejos de ser una solución evidente, abre un debate profundo sobre el tipo de desarrollo que Chile necesita. ¿Es razonable reducir los ingresos del Estado en medio de una crisis? ¿A quién beneficia realmente esta medida? ¿Y qué riesgos implica para el futuro del país?
Las respuestas, según una parte importante del mundo económico, son claras: esta propuesta no reconstruye Chile. Solo redistribuye recursos hacia quienes menos lo necesitan, apostando a un crecimiento incierto mientras debilita la capacidad del Estado para responder a las urgencias reales de la población.
Simón del Valle
