Kast en caída: señales tempranas de un gobierno desconectado
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A poco más de un mes de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, los datos comienzan a mostrar una tendencia que no puede ser ignorada: el desgaste es rápido, sostenido y, sobre todo, estructural. No se trata solo de fluctuaciones normales de inicio de mandato, sino de señales consistentes de una desconexión entre el proyecto político del oficialismo y las expectativas de la ciudadanía.
Las principales encuestas publicadas este domingo —Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano— coinciden en un punto clave: la aprobación del gobierno se debilita o se mantiene en niveles bajos, mientras la desaprobación se consolida o crece. Más relevante aún, el eje programático central del Ejecutivo, el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, comienza a perder legitimidad social.
Un programa cuestionado desde su base
Uno de los datos más reveladores proviene de la encuesta Cadem. Según su última medición, un 49% de los encuestados cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los sectores más ricos, mientras solo un 44% considera que favorece a todos por igual. La diferencia puede parecer acotada, pero es políticamente significativa: el principal proyecto del gobierno no logra instalarse como un programa de interés general.
Más aún, el nivel de acuerdo con el plan muestra una tendencia negativa: un 45% declara estar de acuerdo (con una caída de 4 puntos), frente a un 49% que se manifiesta en desacuerdo (con un aumento de 3 puntos). Es decir, no solo existe división, sino que el rechazo comienza a superar al respaldo.
Este dato es particularmente crítico porque revela una percepción temprana: el programa de gobierno no está siendo entendido como una respuesta a las demandas sociales, sino como una iniciativa que favorece a ciertos sectores por sobre otros. En un país marcado por la desigualdad, esa percepción es políticamente costosa.
Aprobación débil y desaprobación en ascenso
Si se observan las cifras generales de aprobación, el panorama es aún más claro. En Cadem, el gobierno alcanza un 43% de aprobación frente a un 51% de desaprobación. En Criteria, la aprobación se ubica en 37%, con una desaprobación de 49%. Pero es en Pulso Ciudadano donde la tendencia se vuelve más evidente: la aprobación cae a 33,3%, mientras la desaprobación alcanza un 53,3%, su nivel más alto hasta ahora.
La convergencia de estos datos sugiere que no se trata de una medición aislada, sino de una tendencia consistente. El gobierno no logra consolidar una base de apoyo sólida en su fase inicial, algo que históricamente ha sido clave para sostener reformas estructurales.
A esto se suma una evaluación negativa en áreas específicas. Según Criteria, un 46% considera incorrecto el manejo de la situación de emergencia, frente a solo un 31% que lo evalúa positivamente. Esta cifra, además, acumula varias semanas de deterioro, lo que indica que el problema no es coyuntural, sino persistente.
Un desfase con las demandas sociales
Uno de los elementos más llamativos del escenario actual es el contraste entre el programa del gobierno y las preferencias expresadas por la ciudadanía en temas concretos.
La misma encuesta Criteria muestra que:
- Un 73% considera que deberían aumentarse los impuestos a las grandes empresas
- Un 88% cree que deben reducirse para las pequeñas empresas
- Un 91% opina lo mismo para las personas naturales
Estos datos reflejan una demanda clara por mayor equidad tributaria y alivio económico en sectores medios y bajos. Sin embargo, el enfoque del gobierno —más cercano a una lógica de desregulación y reducción generalizada de impuestos— no parece alinearse con estas prioridades.
Este desfase no es menor. Cuando un gobierno impulsa un programa que no coincide con las percepciones mayoritarias sobre justicia económica, su legitimidad se erosiona rápidamente.
Señales de desconexión y errores políticos
A la debilidad programática se suman episodios que refuerzan la percepción de desconexión. El caso del almuerzo del presidente en La Moneda con excompañeros universitarios es ilustrativo: un 59% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con el uso del palacio presidencial para fines sociales, frente a solo un 21% que lo aprobó.
Más allá del hecho puntual, lo que está en juego es una señal política. En un contexto de dificultades económicas y alta sensibilidad social, este tipo de acciones tiende a ser interpretado como falta de criterio o de empatía.
Este tipo de errores, aunque menores en apariencia, contribuyen a consolidar una narrativa: la de un gobierno desconectado de las preocupaciones cotidianas.
¿Problema de equipo o de proyecto?
Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿se trata de problemas de gestión o de un problema más profundo?
La evidencia sugiere que no es solo un tema de ejecución. El deterioro simultáneo en aprobación, percepción del programa y evaluación de políticas específicas apunta a una dificultad estructural: el proyecto político del gobierno no logra sintonizar con la sociedad chilena actual.
Esto incluye tanto el diseño de políticas como la capacidad del equipo gubernamental para interpretarlas, comunicarlas e implementarlas. La percepción de un “mal equipo” no surge únicamente de errores puntuales, sino de la incapacidad de construir una narrativa coherente y creíble.
Una fase crítica
A poco más de un mes de iniciado, el gobierno entra en una fase crítica. No porque enfrente una crisis terminal, sino porque las tendencias que hoy se observan pueden consolidarse si no hay correcciones significativas.
La combinación de:
- baja aprobación
- alto rechazo
- cuestionamiento al programa central
- y desconexión con demandas sociales
configura un escenario complejo.
En política, los inicios son determinantes. Y aunque aún hay margen de maniobra, los datos actuales sugieren que el gobierno de Kast enfrenta un problema de fondo: no ha logrado convencer a la ciudadanía de que su proyecto responde a sus necesidades.
Si esa percepción se instala, revertirla será mucho más difícil que cualquier ajuste táctico. Porque lo que está en juego no es solo la gestión, sino la credibilidad misma del proyecto político.
