El costo fiscal y económico de la rebaja de impuestos a las empresas y a los altos ingresos
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Ya se conocen más detalles del proyecto de “reconstrucción” del nuevo gobierno, tan anunciado y tan diferido. Solo una pequeña parte tiene que ver con asignar recursos para recuperar las zonas devastadas por los recientes incendios: lo principal es una reforma tributaria regresiva que baja los impuestos a las utilidades de las empresas y a los ingresos del capital.
La principal rebaja tributaria es la de la tasa del impuesto a las utilidades de las grandes empresas del 27% al 23%, que parte en 2027 con una merma estimada por el gobierno de 657 millones de dólares para llegar en 2030 a una estimada en 2.024 millones. Se agrega un sustancial crédito al empleo, que es en realidad otra forma de rebajar el impuesto a las utilidades de las empresas, que parte con una merma estimada de 751 millones de dólares en 2026 para llegar en 2030 a una estimada en 1.449 millones. Corresponde a un crédito para las empresas contra el Impuesto de Primera Categoría de hasta un 15% de un ingreso mínimo por trabajador contratado.
La tercera medida es la “reintegración” del sistema tributario para los actuales contribuyentes del impuesto a la renta, de modo que las personas descuenten íntegramente del impuesto a la renta por la totalidad de sus ingresos los pagos de impuestos a las utilidades tributables realizados por su participación en la propiedad de empresas. Habrá una reducción gradual de la obligación de restitución aplicable a los créditos por Impuesto de Primera Categoría, hoy de 65%, unificando progresivamente su tratamiento para los contribuyentes sujetos a impuestos finales por sus ingresos. El gobierno estima que el costo fiscal de esta medida alcanzará a 10 millones de dólares en 2027 y a 167 millones en 2030. Para Hernán Frigolett, ex director del Servicio de Impuestos Internos, la estimación de la reintegración es extremadamente baja: “estamos hablando de un conjunto de empresas que explican prácticamente el 90% de las ventas, y, por lo tanto, el efecto es mucho mayor. Las estimaciones hablan de montos que están en torno a los US$600-800 millones”. La cuarta medida que favorece a los grupos de altos ingresos en el país es la eliminación del 10% de impuesto a las ganancias de capital, con una merma permanente estimada en unos 20 millones de dólares.
A su vez, después de la presentación del proyecto de ley y ante el reclamo de las organizaciones gremiales, el gobierno finalmente señaló que el impuesto de primera categoría a las utilidades que pagan la micro, pequeñas y medianas empresas se mantendrá en 12,5% de forma permanente. Este se redujo transitoriamente del 25% al 10% en 2020-2022 y a partir de 2023 subió a 12,5%, mientras en 2029 debía aumentar a 15% para en 2030 volver al régimen general de 27% vigente. El gobierno no ha señalado el costo fiscal de esta medida.
La suma de la merma de ingresos fiscales en régimen es así del orden de 4.000 millones de dólares.
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Un primer argumento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que esto se paga solo: “estamos muy tranquilos: hay un informe financiero y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo. Están largamente compensados”. Sostiene que al término de la actual administración el 57% estaría compensando con las ganancias del crecimiento y “en el año 6 se subsana prácticamente todo”, dos años después del fin del actual gobierno, dicho sea de paso.
Se recurre así a la muy antigua narrativa neoliberal de Estado mínimo, que se supone permitiría crecer más, y a sus medidas estrella: la desregulación social y ambiental y la rebaja de impuestos a los dueños del capital y a los altos ingresos. Buena parte de la literatura actual sobre crecimiento contradice este acto de fe, en beneficio de estrategias nacionales que maximicen las especializaciones industrializadoras y promotoras de servicios modernos con vocación redistributiva.
Para compensar la rebaja de impuestos, el crecimiento tendría que pasar de una tasa potencial actualmente estimada en del orden de 2% anual a una tasa sostenida de 4%. El proyecto del gobierno muestra lo que ocurre cuando se aplica lo que la modelización en economía denomina “supuestos heroicos”. En este caso, se calcula elasticidades promedio arbitrarias y lineales que no consideran que las estimaciones de aumento del PIB por efecto del aumento de la rentabilidad de proyectos de inversión después de impuestos son especialmente inciertas en un contexto de ajuste fiscal y de choques externos significativos, tanto actuales como en perspectiva. Esto no dejará de existir aunque se aprobara la insólita invariabilidad tributaria de nada menos que 25 años que contiene el proyecto de ley, algo nunca visto, para las inversiones de más de 50 millones dólares. En realidad, estamos ante supuestos que han sido acomodados para obtener un resultado esperado antes que para diagnosticar de manera realista los efectos de las medidas económicas que el gobierno de Kast planea tomar.
Una hipótesis más plausible es que se terminará concentrando todavía más los ingresos y disminuyendo la prestación de bienes sociales, sin mayores efectos en el crecimiento de la inversión, que en todo caso representa no más de un quinto del PIB. Si además ésta termina concentrada en la minería para mantener la extracción antes que para producir más, dado el desgaste de los yacimientos, no será exactamente un motor de la economía en los próximos años. Ni ampliará la creación de empleos, en una etapa de acelerados cambios tecnológicos.
Un segundo argumento del ministro Quiroz es que los menores ingresos fiscales se compensarán en todo caso con rebajas de gasto público: “es mito que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con un alza de impuestos; es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros, como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, incluso hay mucho que se presta a abuso, a fraude; por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. No es todo el equilibrio final; también hay medidas de contención de gasto en la iniciativa”.
Quiroz había anunciado en campaña que bajaría en 6 mil millones de dólares el gasto público en los primeros 18 meses de gobierno, es decir del orden de un 1,5% del Producto Interno Bruto. Luego precisó que la cifra era de 4 mil millones en 2026, es decir del orden de un 1,3% del PIB. Las rebajas tributarias anunciadas tendrán un efecto de 0,3% del PIB en 2026 (por el crédito al empleo y la exención de IVA a la compra de viviendas que tendrán efecto en el año), cálculo que resulta de tomar la cifra en pesos de 2026 de las rebajas de impuestos anunciadas y de compararla con el PIB nominal de 2025, aumentado de un 3% de inflación y un 2% de crecimiento. El gobierno, usando seguramente otros supuestos, que no explicita, estima la rebaja de ingresos en un 0,15% del PIB en 2026.
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Prevalecerá en todo caso en el corto plazo un choque fiscal contractivo, vía disminución del déficit presupuestario por baja del gasto público, del orden de entre 1% y 1,15% del PIB en 2026 según se considere uno u otro cálculo del PIB. Si se concreta la idea -anunciada por Quiroz antes de asumir- de realizar recortes adicionales de gasto público de hasta 18 mil millones de dólares en todo el período de gobierno de Kast, solo se puede proyectar un crecimiento por debajo del potencial.
Para crecer, se necesita articular las condiciones de la demanda en consumo e inversión y expandir la demanda externa de exportaciones netas con aumentos de competitividad, lo que requiere de políticas en materia monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos que no sean permanentemente contractivas -como las que suelen recomendar los economistas convencionales en Chile- y de grandes dosis de innovación productiva e institucional, con un mercado interno que expanda y sea expandido por empleos y salarios reales dinámicos y que sea, además, un soporte de la actividad ante los vaivenes internacionales. Estos temas no son mencionados en los planes de gobierno, que confía solo en los supuestos efectos mágicos del funcionamiento de mercados cada vez más desregulados y de las rebajas de los impuestos y gastos públicos.
Gonzalo Martner
