«Reconstrucción» o privilegio: el verdadero debate tras el proyecto del gobierno
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El proyecto de «Reconstrucción Nacional» impulsado por el gobierno de José Antonio Kast ha abierto un debate que va mucho más allá de la urgencia de reconstruir zonas afectadas. Lo que hoy está en discusión no es solo un plan económico, sino una definición política profunda: ¿se está utilizando la reconstrucción como una oportunidad para el desarrollo equitativo o como un vehículo para redefinir el modelo tributario en favor de ciertos sectores?
La oposición ha sido clara —y en este caso, con fundamentos difíciles de ignorar— en advertir que el corazón del proyecto no está en la reconstrucción, sino en una reforma tributaria encubierta. La senadora Paulina Vodanovic lo sintetizó sin rodeos: esta es, esencialmente, una ley de rebaja de impuestos a los más ricos. Y aunque el gobierno insista en que se trata de dinamizar la economía, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿dinamizar para quién?
El punto más crítico del proyecto es la lógica detrás de sus incentivos. La idea de reducir impuestos corporativos y ofrecer beneficios tributarios bajo el supuesto de que eso generará empleo no es nueva. Es, de hecho, una de las promesas más recurrentes del pensamiento económico liberal. Pero también es una de las más cuestionadas cuando se contrasta con la realidad. La propia admisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —reconociendo que “no hay ninguna garantía” de que se generen nuevos empleos— desarma el principal argumento del Ejecutivo.
Aquí no estamos frente a una diferencia ideológica abstracta, sino ante un problema concreto de diseño de política pública. Si el objetivo declarado es reducir el desempleo, resulta contradictorio impulsar una medida que ni siquiera asegura avanzar en esa dirección. Como planteó la diputada Constanza Schonhaut, el gobierno parece estar priorizando un mecanismo que funciona más como beneficio tributario que como política laboral efectiva.
Más aún, la crítica de Gael Yeomans apunta al núcleo del problema: las empresas pueen recibir estos beneficios sin estar obligadas a contratar. En otras palabras, el Estado renuncia a recaudación con la esperanza —no la certeza— de que el sector privado actuará en una dirección socialmente deseable. Esa es una apuesta riesgosa, especialmente en un contexto económico incierto.
El argumento del “derrame”, tan presente en este tipo de políticas, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pero la experiencia comparada y la historia reciente de Chile muestran que el crecimiento no necesariamente se traduce en bienestar generalizado. El senador Daniel Núñez lo expresó con dureza: se vendió la idea de que bajar impuestos a los más ricos generaría crecimiento y empleo, pero hoy ni siquiera el propio gobierno puede sostener esa promesa.
Por otro lado, la ofensiva coordinada de la oposición —que reunió desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista— no es solo una señal política, sino también una advertencia institucional. Cuando sectores tan diversos coinciden en cuestionar un proyecto, no se trata únicamente de cálculo político, sino de una percepción compartida de riesgo. La decisión de convocar expertos para analizar posibles vicios de constitucionalidad y proponer alternativas económicas demuestra que la crítica no es meramente retórica.
En ese sentido, lo planteado por Lautaro Carmona añade otra capa de preocupación: la posibilidad de que los beneficios se concentren en grupos específicos, incluso dentro del propio aparato estatal. Si esto es así, el proyecto no solo sería ineficaz en términos de empleo, sino también regresivo en términos de equidad.
El gobierno, por supuesto, tiene derecho a impulsar su visión económica. Pero ese derecho viene acompañado de una responsabilidad: demostrar que sus propuestas son coherentes con los objetivos que declara. Y en este caso, esa coherencia parece frágil. No basta con hablar de reconstrucción si las herramientas propuestas no garantizan resultados concretos para quienes más lo necesitan.
Finalmente, el problema de fondo es político. La reconstrucción de un país —o de zonas afectadas por crisis— requiere legitimidad social. Y esa legitimidad no se construye solo con cifras macroeconómicas, sino con la percepción de justicia. Si la ciudadanía percibe que el esfuerzo colectivo termina beneficiando desproporcionadamente a unos pocos, el proyecto pierde sustento, incluso antes de ser aprobado.
Chile no necesita solo reconstruir infraestructura. Necesita reconstruir confianza. Y para eso, las políticas públicas deben ser claras en sus objetivos, efectivas en sus resultados y justas en su distribución. Hoy, el proyecto del gobierno parece fallar, al menos parcialmente, en esos tres frentes.
Simón del Valle
