Familiares de detenidos desaparecidos denuncian retiro del Estado en juicios por lesa humanidad
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La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) expresó su rechazo a una instrucción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile que, según la organización, ordena al equipo jurídico del Programa de Derechos Humanos abstenerse de participar en audiencias relacionadas con beneficios penitenciarios en causas por crímenes de lesa humanidad.
En una declaración, la AFDD señaló que esta decisión implicaría que los abogados del programa no intervengan en instancias judiciales donde se discuten rebajas de penas o regímenes alternativos de cumplimiento para condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile.
Según el documento, la medida representaría un cambio en el rol que históricamente ha desempeñado el Programa de Derechos Humanos, organismo estatal encargado de representar judicialmente a víctimas y sus familiares en causas vinculadas a desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad. La organización sostiene que la ausencia de esta participación podría incidir en los resultados de dichas audiencias.
La AFDD también advirtió que esta instrucción podría facilitar que personas condenadas por estos delitos accedan a beneficios como el cumplimiento de penas en sus domicilios, en lugar de recintos penitenciarios, en los casos en que los tribunales así lo determinen.
El Programa de Derechos Humanos tiene entre sus funciones el seguimiento de causas judiciales relacionadas con violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar (1973-1990), así como el apoyo a familiares de víctimas en procesos judiciales. En ese contexto, su participación en audiencias ha sido parte de la representación del Estado en la persecución penal de estos delitos.
En la declaración, la agrupación recordó que el Estado de Chile tiene obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación respecto de crímenes de lesa humanidad, derivadas de tratados suscritos y ratificados por el país. En ese marco, planteó que las decisiones administrativas no deberían afectar el acceso a la justicia en estos casos.
La organización también dirigió un llamado al ministro de Justicia, Fernando Rabat, solicitando que se garantice el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales. Asimismo, pidió a la encargada del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, mantener la representación jurídica en favor de las víctimas de desaparición forzada.
La declaración se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre políticas públicas en materia de derechos humanos durante la actual administración del presidente José Antonio Kast. En el texto, la AFDD plantea que las decisiones adoptadas podrían tener implicancias en la forma en que el Estado aborda los procesos judiciales relacionados con estos delitos.
La agrupación anunció que se mantendrá en estado de alerta frente a lo que califican como una agenda que podría afectar la memoria y los procesos judiciales vinculados a las víctimas de desaparición forzada. También indicó que denunciará acciones que, a su juicio, vayan en contra de estos principios.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha emitido una respuesta pública detallada respecto de la instrucción mencionada por la AFDD ni sobre los alcances específicos de la medida en el funcionamiento del Programa de Derechos Humanos.
El debate sobre la participación del Estado en causas de derechos humanos ha sido recurrente en Chile, especialmente en relación con el rol del Programa de Derechos Humanos en la tramitación de causas judiciales y en la representación de víctimas. Estas discusiones suelen involucrar consideraciones legales, políticas y de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La situación planteada por la AFDD abre un nuevo foco de atención sobre la política del gobierno en este ámbito y sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales encargados de abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado reciente del país.
