42 horas: una reforma que avanza pese a la resistencia empresarial
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La entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales en Chile no es solo un ajuste técnico dentro del calendario de la Ley 21.561. Es, más bien, una señal política y social de que ciertos cambios estructurales pueden sostenerse en el tiempo, incluso cuando enfrentan oposición persistente desde sectores económicos y discursos que buscan revertirlos.
La reducción de la jornada laboral —que comenzó en 2024 y continuará hasta llegar a las 40 horas en 2028— representa uno de los pocos procesos de reforma que no se ha detenido, pese a lo que algunos han descrito como una “motosierra neoliberal” impulsada por José Antonio Kast y sectores afines. Este concepto, más que retórico, refleja una visión económica que privilegia la desregulación, la reducción del rol del Estado y la flexibilidad laboral como ejes centrales del crecimiento.
Sin embargo, la evidencia reciente muestra que esta reforma ha logrado avanzar, no sin tensiones, pero con continuidad. Y eso es significativo.
Persistencia frente a la presión económica
Desde su origen, la ley de reducción de jornada fue objeto de críticas por parte del mundo empresarial. Argumentos sobre pérdida de competitividad, aumento de costos laborales y eventual destrucción de empleo han sido recurrentes. El propio Banco Central de Chile advirtió en 2025 posibles efectos negativos en la creación de empleo formal, alimentando el escepticismo técnico.
Pero el hecho de que hoy Chile esté transitando hacia las 42 horas demuestra que esas advertencias, aunque relevantes, no han sido suficientes para frenar el proceso. Más bien, han obligado a diseñar mecanismos de mitigación —como incentivos tributarios— y a instalar una discusión más sofisticada sobre productividad, organización del trabajo y calidad de vida.
Aquí hay un punto clave: la reforma no ignora los costos, pero tampoco los convierte en un veto absoluto. Esa es una diferencia sustantiva respecto de modelos donde cualquier cambio laboral queda subordinado a la lógica empresarial.
El rol de las empresas: entre adaptación y resistencia
El segundo eje del debate tiene que ver con la actitud del sector privado. Si bien muchas empresas han comenzado procesos de adaptación —reorganizando turnos, incorporando tecnología o ajustando procesos—, también es evidente que existen resistencias.
Estas no siempre son explícitas. A veces se expresan en la demora en implementar cambios, en interpretaciones restrictivas de la norma o en intentos de trasladar el costo al trabajador mediante mayor intensidad laboral. Es precisamente este riesgo el que ha llevado a organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores a insistir en la necesidad de fiscalización.
Lo relevante aquí es que la ley no depende de la voluntad de las empresas para existir. Es un mandato legal, inscrito en el Código del Trabajo de Chile, que establece límites claros. Y en ese sentido, su avance pese a los obstáculos empresariales reafirma una idea básica: el mercado laboral no es solo un espacio de negociación privada, sino también de regulación pública.
Más allá de las horas: el modelo en disputa
Reducir la jornada laboral no es únicamente trabajar menos horas. Es redefinir cómo se distribuye el tiempo en una sociedad. Es reconocer que la productividad no depende exclusivamente de la cantidad de horas trabajadas, sino también de su calidad. Y es, en última instancia, cuestionar un modelo donde el crecimiento económico se ha construido muchas veces a costa del desgaste laboral.
Por eso, la continuidad de esta reforma adquiere una dimensión más amplia. No se trata solo de cumplir un cronograma hacia las 40 horas, sino de sostener una visión distinta del trabajo. Una donde el bienestar no sea un efecto secundario, sino un objetivo explícito.
Un proceso abierto
La etapa de las 42 horas es, sin duda, un punto intermedio. Quedan desafíos importantes: medir impactos reales en empleo, asegurar cumplimiento efectivo, evitar distorsiones y fortalecer la productividad. Pero también es una prueba de que las reformas pueden sobrevivir a contextos adversos.
En un escenario donde conviven presiones económicas, discursos de ajuste y tensiones políticas, la continuidad de esta ley muestra que ciertos cambios logran consolidarse cuando responden a demandas sociales amplias.
La reducción de la jornada laboral en Chile no está exenta de riesgos ni de costos. Pero su avance sostenido sugiere que, incluso frente a la resistencia, hay transformaciones que terminan imponiéndose cuando logran instalarse como parte del sentido común de una sociedad.
Simón del Valle
