Debate jurídico tras dictamen de la Contraloría sobre requisitos de ingreso de trabajadores migrantes a municipalidades
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Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República ha abierto un intenso debate en torno al acceso de personas migrantes al empleo público en Chile, particularmente en el ámbito municipal. La controversia se intensificó tras la publicación de un comunicado de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que cuestiona tanto la interpretación jurídica del órgano contralor como sus efectos prácticos en miles de trabajadores extranjeros.
El Dictamen N° D138, fechado el 18 de marzo de 2026, establece que para ingresar a trabajar en municipalidades se requiere la calidad de “ciudadano”, exigencia que se extiende incluso a trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo. Esto incluye funciones operativas como aseo, mantención, jardinería o actividades recreativas. En términos simples, el criterio implica que personas extranjeras —aunque cuenten con residencia definitiva y cumplan obligaciones tributarias— quedarían excluidas de estos empleos.
Desde una perspectiva estrictamente normativa, el dictamen se apoya en el artículo 10 de la Ley N° 18.883, que regula el estatuto administrativo para funcionarios municipales y que efectivamente establece el requisito de ciudadanía. La Contraloría, según el propio comunicado, fundamenta su decisión en el principio de igualdad ante la ley, sosteniendo que todos los trabajadores municipales deben cumplir las mismas condiciones.
Sin embargo, la Red de Migrantes plantea que esta interpretación, aunque formalmente coherente, resulta problemática en su aplicación. Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la aparente confusión entre los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. Mientras la primera se vincula a derechos políticos —como votar o ser elegido—, la segunda refiere al vínculo jurídico con el Estado. Exigir ciudadanía para funciones que no implican ejercicio de poder político podría, según el comunicado, constituir una extensión indebida del requisito legal.
El debate no es meramente conceptual. También se inserta en un contexto normativo más amplio que parece tensionado. Por ejemplo, la Ley N° 21.325 sobre migración reconoce que los extranjeros gozan de los mismos derechos laborales que los nacionales. Además, en 2021 se introdujeron modificaciones a la Ley N° 18.834 que permiten el ingreso de personas extranjeras a la Administración del Estado. No obstante, dicha actualización no se replicó en la legislación municipal, generando una asimetría normativa que hoy queda en evidencia.
A ello se suma el marco internacional. Chile ha ratificado instrumentos como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, que limita la posibilidad de discriminar en el acceso al empleo, salvo en cargos que impliquen ejercicio de soberanía. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que solo ciertas funciones justifican exigir nacionalidad, lo que abre espacio a interpretaciones más restrictivas del requisito.
Más allá del debate jurídico, el impacto práctico del dictamen es uno de los aspectos más relevantes. El comunicado advierte sobre posibles consecuencias como la exclusión laboral de miles de migrantes, la precarización del empleo al limitar alternativas formales y una contradicción con políticas públicas orientadas a la integración. Asimismo, se menciona el riesgo de generar desigualdades territoriales, donde una persona extranjera podría trabajar en organismos estatales centrales pero no en municipalidades.
Desde un enfoque analítico, la controversia revela una tensión clásica entre legalidad estricta e interpretación evolutiva del derecho. Por un lado, la Contraloría cumple su rol de control de juridicidad, aplicando la norma vigente sin modificar su contenido. Por otro, organizaciones sociales plantean la necesidad de interpretar las leyes en coherencia con estándares constitucionales y compromisos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos.
También emerge una discusión sobre el alcance del principio de igualdad. Mientras el dictamen lo invoca para justificar la uniformidad de requisitos, sus críticos sostienen que la igualdad sustantiva exige diferenciar según la naturaleza de las funciones. Esta distinción es relevante en sistemas jurídicos modernos, donde no todos los cargos públicos implican el mismo nivel de responsabilidad institucional.
En cuanto a posibles salidas, el propio comunicado menciona alternativas como reformas legislativas para armonizar normas, acciones judiciales por parte de afectados e incluso reinterpretaciones administrativas futuras. En cualquier caso, el escenario sugiere que la discusión no está cerrada y que podría evolucionar tanto en el ámbito político como judicial.
En definitiva, el dictamen de la Contraloría ha puesto en el centro una cuestión compleja: cómo equilibrar el respeto a la legalidad vigente con la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a una realidad social diversa y cambiante. Más allá de las posiciones, el debate evidencia la importancia de revisar coherencias normativas y de considerar los efectos concretos de las decisiones jurídicas en la vida cotidiana de las personas.
Simón del Valle
