Nueva escalada: la Orden Ejecutiva que ahoga a Cuba
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 26 segundos
El Gobierno cubano condena con firmeza la nueva escalada sancionatoria de Washington
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó con severidad la Orden Ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026, que intensifica de modo extremo y sin precedentes el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla. A esa decisión se sumó, el 7 de mayo de 2026, la inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados del conglomerado estatal Gaesa y de la empresa MoaNickel S.A., la primera medida coercitiva derivada de la orden presidencial.
Para La Habana, estas medidas constituyen una agresión económica deliberada que amplifica los efectos extraterritoriales del bloqueo y abre la puerta a sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades de terceros países, aun cuando sus actividades en Estados Unidos no guarden relación con Cuba. El gobierno cubano advierte que tales medidas dificultarán aún más el funcionamiento de una economía ya asediada: desde el 29 de enero de 2026 está vigente un bloqueo sobre el suministro de combustibles que paralizó las importaciones energéticas y agravó la crisis interna.
En su comunicado, la Cancillería describe la iniciativa estadounidense como un ejercicio de coerción global que vulnera el Derecho Internacional y las normas del libre comercio, al intentar condicionar a otros Estados para que rompan o limiten sus relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba. Señala además que altos funcionarios estadounidenses han adoptado una postura de chantaje e intimidación destinada a forzar la sumisión de la comunidad internacional al régimen del bloqueo.
Cuba califica la política estadounidense de inaceptable y de riesgo evidente para la soberanía de los Estados: ninguna nación quedaría exenta, sostiene el texto, de la amenaza de ser objeto de presiones y medidas punitivas por intentar mantener vínculos con la isla. El comunicado recuerda la persistente condena internacional a una política que, según La Habana, se prolonga por casi siete décadas y ha sido denunciada como genocida por su impacto sostenido sobre la población.
El Gobierno cubano denuncia el carácter criminal de las acciones emprendidas: el objetivo —afirman— es desgastar y someter a la población mediante hambre y desesperación, con la intención de provocar una catástrofe social, económica y política de alcance nacional. Asimismo, manifiesta su rechazo a cualquier maniobra que pretenda fabricar una crisis humanitaria como pretexto para justificar intervenciones más graves, incluida la posibilidad de una agresión militar.
Frente a esta escalada, La Habana anuncia que intensificará sus denuncias en todos los foros internacionales y hace un llamado a la comunidad global a enfrentar lo que define como una peligrosa ofensiva estadounidense destinada a ejercer dominación y a vulnerar la independencia y soberanía de los Estados. El comunicado culmina con un llamamiento a la resistencia colectiva ante la intimidación, con la convicción de que los pueblos y las naciones soberanas no aceptarán someterse a normas que consideran ilegales ni renunciarán a la protección de sus ciudadanos, empresas e instituciones financieras.
En el mismo lapso en que Washington elevaba la presión con la Orden Ejecutiva del 1 de mayo y las sucesivas sanciones, La Habana protagonizó en Ginebra una operación diplomática destinada a blindar su legitimidad internacional y a subrayar el impacto humano del bloqueo. Del 23 al 24 de abril de 2026, la delegación cubana —encabezada por la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh y compuesta por altos representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General y varios ministerios— presentó su informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). El episodio sirve aquí como contrapunto político y simbólico: mientras Estados Unidos afina instrumentos de presión económica, Cuba buscó refrendar en foros multilaterales su narrativa sobre los daños del bloqueo y su compromiso con los derechos humanos.
El examen ante el CERD transcurrió en un clima descrito como respetuoso y constructivo, y los expertos prestaron especial atención a las iniciativas internas cubanas destinadas a enfrentar desigualdades raciales: el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y la Comisión “Color Cubano” recibieron mención expresa. También se reconoció la actualización del marco jurídico nacional en materia de derechos humanos, aunque los delegados cubanos admitieron la existencia de brechas de equidad y la necesidad de mejorar la captación y la desagregación de datos para orientar políticas públicas más eficaces.
Esa presencia en Ginebra tuvo, además, un objetivo pragmático: internacionalizar el costo del bloqueo. La delegación vinculó explícitamente las restricciones económicas —incluido el cerco sobre suministros energéticos impuesto desde el 29 de enero— con obstáculos concretos para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, y con las dificultades para implementar plenamente medidas dirigidas a grupos vulnerables. La repercusión de ese discurso fue notable: el Comité incorporó el tema del impacto del bloqueo en el diálogo, reforzando la plataforma diplomática de Cuba para denunciar las sanciones como un factor determinante en sus limitaciones internas.
En paralelo a las sesiones formales, la jefa de la delegación sostuvo intercambios con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los representantes de la misión cubana en Ginebra y la embajada en Berna; también se reunió con la comunidad de cubanos residentes en Suiza y con grupos de solidaridad, quienes rubricaron una declaración de apoyo y rechazo al bloqueo. Estas gestiones completan una estrategia dual: por un lado, consolidar argumentos técnicos y jurídicos ante organismos internacionales; por otro, movilizar redes de solidaridad que amplifiquen la denuncia política y pongan en evidencia el carácter extraterritorial de las medidas punitivas anunciadas por Washington.
Lejos de ser simplemente una respuesta ritual, la comparecencia ante el CERD se integra así en una respuesta diplomática más amplia que busca erosionar la legitimidad internacional de la política de sanciones y forzar a terceros actores a ponderar el riesgo reputacional y jurídico de someterse a presiones secundarias. En ese marco, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del 7 de mayo —que califica las nuevas medidas de agresión económica despiadada— debe leerse también como el eco de una estrategia que combina reclamo multilateral, despliegue jurídico y trabajo de redes para contrarrestar el asedio económico y preservar espacios de cooperación internacional.
Felipe Portales says:
Una nueva «andanza» del «Premio Nobel de la Paz»…