Corte golpea estrategia de Seguridad del gobierno y deja en evidencia nuevo error político de La Moneda
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Un nuevo revés político y jurídico sufrió este viernes el gobierno de José Antonio Kast luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y declarara inadmisible la ampliación de la querella impulsada por el Ministerio de Seguridad en el caso de las agresiones contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
La decisión representa un duro golpe para la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y abre un nuevo flanco para un gobierno que en poco más de 60 días ya acumula una serie de errores políticos y administrativos que comienzan a erosionar la imagen de eficacia y control que intentó instalar al asumir.
La sentencia de la Corte fue unánime y cuestionó directamente la legitimidad del Ministerio de Seguridad para invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE), herramienta con la que el Ejecutivo buscaba endurecer la persecución penal contra los estudiantes imputados por las agresiones a la secretaria de Estado.
La estrategia era clave para La Moneda porque permitía elevar las posibles penas y facilitar medidas cautelares más severas, incluida la prisión preventiva.
Sin embargo, el tribunal determinó que el Ministerio de Seguridad simplemente no posee atribuciones legales para ejercer esa facultad.
“Se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella”, señala el fallo firmado por el ministro Juan Ignacio Correa y las ministras María Soledad Piñeiro y Soledad Orellana.
La sentencia agrega que la propia legislación que creó el nuevo Ministerio de Seguridad dejó expresamente la atribución de invocar la Ley de Seguridad del Estado radicada en el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales, sin extenderla a la nueva cartera encabezada por Steinert.
Un error advertido desde el inicio
El fallo confirma además cuestionamientos que ya habían surgido incluso desde sectores no opositores al gobierno.
Uno de los críticos más explícitos fue el senador Iván Flores (DC), quien había advertido públicamente que Steinert estaba utilizando facultades que la ley no le otorgaba.
Flores recordó que durante la tramitación legislativa del Ministerio de Seguridad —en cuya comisión mixta participó— se discutió precisamente que la facultad de invocar la LSE debía mantenerse exclusivamente bajo Interior.
Pese a esas advertencias, el entorno político de la ministra defendió la estrategia con fuerza.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, uno de los principales respaldos políticos de Steinert, había respaldado categóricamente la actuación de la secretaria de Estado.
La sentencia dejó ahora sin piso esa defensa política y expuso un error jurídico que golpea directamente la credibilidad técnica de la nueva institucionalidad de Seguridad, uno de los proyectos emblemáticos impulsados por la actual administración.
La derrota personal de Steinert
El fallo tiene además un componente particularmente delicado para la ministra debido a que la cuestionada ampliación de querella fue elaborada y defendida por abogados de su propio gabinete.
La abogada Isidora Villalobos, asesora jurídica cercana a Steinert, fue quien alegó ante la Corte de Valdivia durante la jornada de este viernes.
Por eso, en La Moneda el revés no es visto únicamente como una derrota procesal, sino como un error político y jurídico evitable que terminó debilitando la ofensiva del gobierno en un caso altamente sensible para el discurso oficial sobre orden público y seguridad.
La propia sentencia subraya que el error terminó afectando garantías fundamentales de los imputados.
“El yerro (…) generó una circunstancia que ha afectado a los amparados en el adecuado ejercicio de sus derechos en el proceso penal”, sostiene otro de los considerandos del fallo.
Un gobierno que comienza a acumular costos
La derrota judicial llega además en un momento complejo para el Ejecutivo.
Este mismo viernes el gobierno recibió otro golpe político luego de conocerse el IPC de abril, que registró una fuerte alza mensual de 1,3%, impulsada principalmente por el incremento de combustibles y energía.
El impacto inflacionario estuvo directamente relacionado con la decisión del gobierno de no utilizar inicialmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), permitiendo que el aumento internacional del petróleo y la energía fuera traspasado directamente a los consumidores.
La situación se volvió aún más incómoda para La Moneda luego de que el miércoles recién pasado publicara un decreto corrigiendo parcialmente la medida, permitiendo una disminución proyectada cercana a 70 pesos por litro en las gasolinas.
La corrección fue interpretada transversalmente como una admisión implícita de que el Ejecutivo sí tenía margen para amortiguar previamente el impacto sobre los hogares.
Ahora, el fallo de Valdivia profundiza la percepción de improvisación en áreas especialmente sensibles para el gobierno: seguridad y costo de la vida.
Tensiones internas en La Moneda
Antes incluso de conocerse la sentencia, en sectores del gobierno ya existía molestia interna por la estrategia impulsada por Steinert.
Fuentes de Interior comentaban en privado que, jurídicamente, quien debía liderar una eventual invocación de la Ley de Seguridad del Estado era el ministro Claudio Alvarado, titular de Interior y militante UDI.
Sin embargo, esa alternativa nunca prosperó debido a la ofensiva política encabezada por la propia ministra de Seguridad y su equipo jurídico.
El resultado terminó siendo una derrota judicial que no sólo debilita la posición de Steinert, sino que instala dudas sobre la coordinación política y técnica del gobierno en una de sus principales banderas programáticas.
En menos de dos meses, el gobierno de Kast comienza así a enfrentar los costos de errores que ya no aparecen como hechos aislados, sino como señales de dificultades más profundas en la conducción política y administrativa de La Moneda
