Caso Lautaro: comienza en Temuco el juicio contra cinco comuneros mapuche en medio de denuncias de persecución política
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El juicio oral por el denominado “Caso Lautaro” comenzó esta semana en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, reabriendo uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al conflicto entre el Estado chileno y el movimiento mapuche autonomista en los últimos años. Cinco comuneros mapuche enfrentan acusaciones por hechos ocurridos en 2022 en el fundo San Luis, ubicado en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía.
Entre los acusados se encuentra Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, dirigente histórico de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche autonomista que desde fines de los años noventa ha protagonizado acciones de recuperación territorial y sabotaje contra empresas forestales y predios privados en el sur de Chile. También son imputados Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez.
La Fiscalía Regional de La Araucanía sostiene que los acusados participaron en delitos de robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de armas prohibidas y tenencia ilegal de municiones. Las penas solicitadas fluctúan entre 59 y 71 años de presidio efectivo. El juicio contempla cerca de 29 jornadas y se desarrolla bajo un fuerte resguardo policial y militar.
El proceso ocurre además bajo el contexto del Estado de Excepción Constitucional vigente en provincias del sur del país, medida implementada por el gobierno chileno para enfrentar hechos de violencia rural y ataques incendiarios en la denominada Macrozona Sur. Diversas organizaciones mapuche y defensores de derechos humanos han cuestionado la prolongación de la militarización en Wallmapu, argumentando que profundiza el conflicto político y territorial existente entre el Estado y comunidades mapuche.
Durante los días previos al inicio del juicio, la defensa de los imputados denunció que el caso constituye un ejemplo de “criminalización” de la causa mapuche. La abogada defensora Magdalena Rivera cuestionó el uso de testigos protegidos y la acumulación de cargos penales para solicitar condenas de alta magnitud. Según señaló, el Ministerio Público estaría utilizando herramientas excepcionales para transformar demandas territoriales y políticas en causas asociadas a seguridad interior.
En la misma línea, Ernesto Llaitul —vocero mapuche y hermano de uno de los acusados— afirmó que las comunidades no confían en la imparcialidad de la Fiscalía ni del Poder Judicial chileno. También criticó el rol del fiscal Roberto Garrido, a quien acusó de mantener vínculos con intereses empresariales y sectores ligados a la industria forestal en la región.
El “Caso Lautaro” se suma a otros procesos judiciales que han involucrado a integrantes o cercanos a la CAM, organización fundada a fines de los años noventa y que ha sido investigada reiteradamente por atentados incendiarios, ocupaciones de predios y ataques armados en el sur de Chile. Héctor Llaitul fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por delitos asociados a usurpación, hurto de madera y atentados contra la autoridad.
El tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Ziehlmann y Javier Bascur. La causa había sido suspendida en varias ocasiones previas, por lo que su inicio es observado tanto por organismos de derechos humanos como por sectores políticos y empresariales de La Araucanía.
Más allá del resultado judicial, el proceso vuelve a instalar el debate sobre el tratamiento estatal del conflicto mapuche, la utilización de legislación penal excepcional y el rol que cumplen los tribunales en un escenario marcado por la militarización, la violencia rural y las demandas de autonomía territorial en Wallmapu.
