Cuando comer destruye el planeta: la ONU exige una transformación radical
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Los sistemas alimentarios industriales, sostenidos por combustibles fósiles y petroquímicos, se han convertido en uno de los principales motores del colapso climático y de la vulneración de derechos humanos. En su informe al Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial Elisa Morgera advierte que transformar estos sistemas no es una opción técnica, sino una obligación jurídica y ecológica impostergable.
La revolución verde y la petro‑agricultura
Desde mediados del siglo XX, la llamada Revolución Verde impulsó un modelo agrícola basado en fertilizantes sintéticos, pesticidas, monocultivos y mecanización intensiva. Este paradigma, presentado como modernización, consolidó la dependencia estructural de la agricultura respecto a los combustibles fósiles.
A partir de los años 1990, fusiones y adquisiciones entre gigantes agroquímicos y biotecnológicos dieron lugar a un oligopolio global. Hoy, cuatro corporaciones controlan la mayoría de las semillas y agroquímicos, mientras otras dominan fertilizantes, maquinaria y cadenas de distribución. Este proceso alimentó prácticas de greenwashing, desinformación climática y captura regulatoria.
Subsidios públicos que sostienen el daño
Pese a los impactos ambientales y sanitarios, los Estados continúan destinando más de 670.000 millones de dólares anuales a la agricultura industrial, la pesca a gran escala y la acuicultura intensiva. El resultado: un sistema que contamina, emite y enferma, pero que sigue siendo financiado con dinero público.
El modelo industrial es responsable de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad y la contaminación química agravan la inseguridad alimentaria, especialmente en regiones afectadas por conflictos y fenómenos climáticos extremos.
Frente a este modelo, los sistemas alimentarios basados en agroecología campesina, saberes indígenas y cadenas cortas han demostrado ser más resilientes, sostenibles y protectores de los derechos humanos. La cuestión, según Morgera, no es técnica: es política y jurídica.
En un momento en que las crisis climáticas, geopolíticas y alimentarias se entrelazan con una violencia inédita, los sistemas alimentarios industriales se revelan como uno de los principales motores del colapso ecológico y de la vulneración de derechos humanos. Así lo advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos la Relatora Especial de la ONU sobre cambio climático y derechos humanos, Elisa Morgera, al presentar su último informe: “Debemos desfosilizar y desintoxicar los sistemas alimentarios con urgencia”.
Su diagnóstico es contundente: la arquitectura alimentaria global —basada en combustibles fósiles, petroquímicos y cadenas de suministro extensas y frágiles— se ha convertido en un vector de inestabilidad planetaria. Y, sin embargo, sigue siendo masivamente subvencionada por los Estados.
Un sistema alimentario que alimenta la crisis climática
Morgera recordó que los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una cifra que podría aumentar debido a la falta de acción climática en el sector. Pero el problema no se limita al CO₂: la agricultura industrial depende de plásticos, fertilizantes y pesticidas derivados del petróleo, que degradan suelos, bosques y océanos, y generan una cascada de impactos tóxicos sobre la salud humana.
La relatora subraya que esta contaminación química —sumada a la pérdida de biodiversidad, el desperdicio alimentario y la proliferación de ultraprocesados— está vinculada a un aumento global de malnutrición, obesidad y enfermedades no transmisibles, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, especialmente a los niños.
El poder corporativo y la arquitectura de la impunidad
Uno de los elementos más incisivos del informe es la denuncia de la concentración sin precedentes del poder corporativo en el sector agroalimentario. Según Morgera, unas pocas empresas globales controlan tierras, semillas, insumos y cadenas de distribución, mientras despliegan estrategias de desinformación, lavado verde y obstrucción climática para evitar regulaciones.
El resultado es un círculo vicioso:
- los Estados subsidian con más de 670.000 millones de dólares anuales a la agricultura industrial, la acuicultura intensiva y la pesca a gran escala;
- al mismo tiempo, financian indirectamente la producción de combustibles fósiles, plásticos y petroquímicos;
- y finalmente, la sociedad paga el coste de los daños ambientales, estimados en varios billones de dólares al año.
“En otras palabras —resume Morgera— los contribuyentes están subvencionando varias veces una industria profundamente dañina, mientras cargan con el coste de sus impactos”.
Los derechos humanos como brújula para la transformación
Para la relatora, la transformación de los sistemas alimentarios no puede limitarse a “mejores salvaguardas” o ajustes técnicos. Debe basarse en las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos y clima, recientemente clarificadas por la Corte Internacional de Justicia.
Esto implica que los Estados deben:
- prevenir daños previsibles,
- regular eficazmente las actividades nocivas,
- garantizar la rendición de cuentas de los actores corporativos que agravan la crisis climática y la dependencia fósil.
Las alternativas ya existen: agroecología, pueblos indígenas y campesinado
Frente al modelo industrial dominante, Morgera destaca que existen alternativas probadas, sostenibles y resilientes: los sistemas alimentarios basados en los conocimientos y prácticas de pueblos indígenas y campesinos, que continúan garantizando la seguridad alimentaria mundial pese a la presión creciente.
Transformar los sistemas alimentarios significa, por tanto:
- apoyar legal y financieramente la agroecología,
- fortalecer los mercados locales y las cadenas cortas,
- proteger los territorios y los derechos colectivos,
- reducir la dependencia de insumos fósiles y químicos.
Repriorizar la regulación y la financiación
La conclusión de Morgera es inequívoca: no se trata de “hacer menos daño”, sino de reorientar radicalmente la regulación y la financiación pública hacia sistemas alimentarios que protejan la salud del planeta y de las personas.
En un contexto de crisis múltiples, esta transformación no es solo una opción política: es una condición para la supervivencia ecológica y la justicia social.
