La política de la emergencia: Kast busca imponer su megarreforma en medio de una ofensiva contra el gobierno de Boric
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La Moneda instala un clima de “país en ruinas”, multiplica auditorías y amenazas judiciales contra exautoridades mientras intenta aprobar una megarreforma rechazada por la opinión pública. Más que una discusión técnica, se configura una estrategia política de confrontación permanente.
A pocos días de la primera cuenta pública de José Antonio Kast, el gobierno desplegó una ofensiva política cuidadosamente diseñada. No se trata solo de economía ni únicamente de una discusión sobre cifras fiscales. Lo que se está configurando es una estrategia integral de poder basada en una lógica conocida en las nuevas ultraderechas: construir una sensación de emergencia nacional para justificar reformas estructurales regresivas, polarizar el escenario político y transformar el debate público en un conflicto moral entre “responsables” y “culpables”. Política de shock.
La secuencia de los hechos no parece casual.
Primero vino la instalación del relato del “país quebrado”, una tesis impulsada desde el inicio del gobierno por ministros, parlamentarios oficialistas y sectores empresariales afines. Luego apareció la ofensiva comunicacional para defender la llamada megarreforma tributaria —que reduce impuestos a grandes empresas y patrimonios— mediante campañas en redes sociales ampliamente cuestionadas por economistas. Y esta semana llegó un nuevo capítulo: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció haber detectado un supuesto “error” de más de US$10.000 millones en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante el gobierno de Gabriel Boric.
La acusación fue presentada en un momento políticamente preciso. Según reconocen fuentes oficialistas, la ofensiva fue planificada para preparar el clima político de la cuenta pública del próximo 1 de junio. El mensaje es transparente: Kast buscará instalar la idea de que recibió un Estado financieramente devastado y que, por tanto, sus medidas de ajuste y recorte serían inevitables.
El problema es que esa narrativa comienza a mostrar enormes fisuras.
El exministro de Hacienda Nicolás Grau respondió rápidamente explicando que no existe un “error” contable, sino diferencias en los supuestos macroeconómicos utilizados para proyectar deuda futura. La explicación técnica es relativamente simple: la deuda pública no depende solo del déficit fiscal, sino también del tipo de cambio, inflación, crecimiento nominal del PIB y otros factores financieros. Pero más allá del debate técnico, el episodio revela otra cosa: la voluntad del gobierno de convertir las cifras económicas en armas políticas.
Porque el objetivo real parece ser político y comunicacional.
La estrategia recuerda a experiencias recientes de las ultraderechas internacionales: exagerar o dramatizar una crisis heredada para legitimar programas de shock neoliberal. Javier Milei en Argentina utilizó exactamente el mismo mecanismo discursivo: un país “destruido”, una “catástrofe económica”, una “emergencia terminal” que permitiría aplicar ajustes brutales, despidos masivos y desmantelamiento estatal.
En Chile, Kast parece recorrer un camino similar.
No es casual que junto con la polémica por la deuda pública, el gobierno haya anunciado nuevas investigaciones y auditorías en organismos estatales vinculados precisamente a políticas sociales y programas de apoyo a sectores vulnerables. Entre las instituciones puestas bajo sospecha aparecen Junaeb, SernamEG, Prodemu, ANID y la Subsecretaría de Transportes.
La señal política es potente.
Estas instituciones no son neutras. Representan áreas históricamente asociadas a protección social, becas estudiantiles, igualdad de género, ciencia pública y subsidios estatales. El mensaje implícito es claro: el Estado social heredado sería ineficiente, sospechoso o incluso corrupto.
Más aún, el gobierno ya adelanta que estas auditorías podrían derivar en acciones ante Contraloría, Consejo de Defensa del Estado o Ministerio Público. Es decir, la discusión económica comienza a desplazarse hacia el terreno judicial y penal.
Y allí aparece otro elemento inquietante: la amenaza de acusación constitucional contra Nicolás Grau impulsada por republicanos y libertarios.
La ofensiva tiene un evidente carácter político-electoral.
Se busca instalar la imagen de un gobierno anterior irresponsable, incompetente o incluso fraudulento. La figura del “culpable” resulta esencial para sostener el relato de emergencia. No basta con afirmar que existe una crisis: es necesario identificar enemigos internos responsables del desastre.
Por eso el diputado republicano Agustín Romero no dudó en afirmar que el oficialismo debe “hacer responsables” a las exautoridades económicas del gobierno de Boric. El tono recuerda más a una campaña electoral permanente que a un gobierno buscando acuerdos para enfrentar problemas complejos.
Y allí emerge una de las principales contradicciones del momento político.
Mientras el Ejecutivo insiste públicamente en la necesidad de diálogo para aprobar la megarreforma, simultáneamente instala un clima de confrontación extrema, judicialización y culpabilización del adversario político. Incluso desde Chile Vamos han aparecido voces incómodas con esta estrategia, advirtiendo que una acusación constitucional contra Grau podría dificultar cualquier posibilidad de negociación legislativa.
Pero quizás el gobierno no busca realmente negociar.
La lógica parece ser otra: polarizar, tensionar y movilizar emocionalmente a su base política mediante la sensación de estar enfrentando una “herencia catastrófica”. Es la misma lógica comunicacional con la que Kast construyó buena parte de su ascenso político: inseguridad, caos migratorio, colapso estatal, amenaza moral y necesidad de autoridad fuerte.
Ahora esa narrativa se traslada a la economía.
La paradoja es evidente. Mientras se denuncia una supuesta crisis fiscal heredada, el gobierno impulsa simultáneamente una rebaja de impuestos a las grandes empresas y altos patrimonios. Es decir, el ajuste no se dirige hacia quienes concentran riqueza, sino hacia el gasto social y el aparato estatal.
En ese sentido, la “emergencia” parece funcionar más como argumento ideológico que como necesidad técnica.
La verdadera disputa de fondo no es contable. Es política.
Lo que está en juego es si Chile avanza hacia un modelo aún más radical de neoliberalismo, donde el Estado social construido parcialmente durante las últimas décadas sea reemplazado por una lógica de mercado mucho más extrema, similar a las experiencias libertarias que hoy atraviesan América Latina.
Y para imponer esa transformación, el gobierno parece convencido de que necesita primero convencer al país de que vive entre ruinas.
Simón del Valle
