Bolivia elimina límites al estado de excepción y abre paso al despliegue militar contra las protestas
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El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley 1732, una norma que elimina la legislación aprobada en 2020 para limitar el uso del estado de excepción y restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La decisión ocurre en medio de una de las crisis políticas y sociales más graves que vive Bolivia desde 2019. La nueva ley abroga completamente la Ley 1341, creada tras las masacres de Senkata y Sacaba durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Aquella normativa había surgido luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que en la represión de 2019 se cometieron masacres y graves violaciones a los derechos humanos.
La ley eliminada establecía límites concretos al Ejecutivo: las Fuerzas Armadas solo podían intervenir cuando la Policía fuera claramente sobrepasada y, además, militares y policías no podían quedar exentos de responsabilidad penal por actos represivos. Con la derogación, el gobierno recupera amplias facultades para decretar estados de excepción y desplegar tropas frente a protestas y bloqueos.
La medida fue aprobada rápidamente por el Senado y luego sancionada por la Cámara de Diputados con más de dos tercios de respaldo, en una sesión virtual marcada por fuertes tensiones políticas. Horas después, Paz promulgó la norma y esta fue publicada en la Gaceta Oficial.
El trasfondo es una creciente ola de movilizaciones sociales que mantiene parcialmente bloqueadas varias regiones del país y cercada la ciudad de La Paz desde hace semanas. Participan sectores afines al expresidente Evo Morales, organizaciones vecinales de El Alto, mineros, maestros, campesinos y sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana.
Las protestas exigen la renuncia de Paz y rechazan las políticas de ajuste económico, el aumento del costo de la vida y la eliminación de subsidios. La situación se ha deteriorado rápidamente y el país enfrenta problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, mientras el gobierno acusa a los bloqueos de provocar una crisis humanitaria.
En los últimos días ya se registraron operativos conjuntos entre policías y militares, además de la muerte de al menos un manifestante durante enfrentamientos en las cercanías de La Paz.
La nueva legislación ha provocado fuertes críticas desde sectores sociales y defensores de derechos humanos, que advierten similitudes con el decreto 4078 firmado por Jeanine Áñez en noviembre de 2019, conocido en Bolivia como el “decreto de la muerte”, porque otorgaba protección legal a militares y policías durante la represión posterior al derrocamiento de Evo Morales.
Aquella política derivó en las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron decenas de personas, además de centenares de heridos y miles de detenidos.
Aunque la Constitución boliviana todavía exige que un eventual estado de excepción sea ratificado posteriormente por la Asamblea Legislativa dentro de 72 horas, analistas sostienen que la eliminación de la Ley 1341 reduce significativamente los controles políticos y jurídicos sobre el Ejecutivo.
La oposición y movimientos sociales denuncian que el gobierno busca ahora una salida represiva frente a una crisis que combina recesión económica, inflación, desgaste político y pérdida acelerada de apoyo popular.
Fuentes: Prensa Latina, El País, Reuters.
