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El movimiento estudiantil vuelve a las calles: Confech convoca paro nacional y secundarios intensifican protestas

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El movimiento estudiantil chileno comienza nuevamente a transformarse en un foco de tensión política y social para el gobierno de José Antonio Kast. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó oficialmente a una paralización y movilización nacional para el próximo miércoles 3 de junio, apenas dos días después de la primera Cuenta Pública presidencial.

La convocatoria tiene un tono abiertamente confrontacional frente al Ejecutivo. “Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la megarreforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas”, señaló la Confech en el comunicado difundido en redes sociales.

El eje central del conflicto es el proyecto “Escuelas Protegidas”, actualmente en discusión en el Senado. La iniciativa contempla medidas como revisión de mochilas, expulsiones asociadas a protestas y mecanismos de traslado de estudiantes considerados conflictivos.

Para las organizaciones estudiantiles, el proyecto representa un cambio de paradigma: desde una educación entendida como derecho social hacia una lógica de seguridad y control. La Confech incluso ha acusado al gobierno de impulsar una “criminalización del movimiento estudiantil”.




Pero la tensión no proviene solo del mundo universitario. Durante abril y mayo los liceos emblemáticos volvieron a convertirse en epicentro de protestas. El 23 de abril estudiantes realizaron tomas simultáneas en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo de Aplicación y el Liceo 1 Javiera Carrera precisamente en rechazo al proyecto “Escuelas Protegidas”.

El Liceo 1 Javiera Carrera ha mantenido un protagonismo constante. Ya el 11 de marzo, durante el cambio de mando presidencial, estudiantes realizaron una “toma simbólica” y desplegaron consignas contra Kast. Más recientemente, secundarios participaron en jornadas nacionales de protesta realizadas el 14 de mayo bajo consignas contra los recortes sociales, el aumento del costo de la vida y la precarización educativa.

También el Liceo Tajamar de Providencia ha vuelto al centro de las movilizaciones. Distintos grupos estudiantiles denunciaron nuevos lineamientos internos y sanciones que, según afirman, restringen la libertad de expresión y fortalecen mecanismos disciplinarios. En redes sociales circularon convocatorias de protesta y “mochilazos” organizados por estudiantes del Tajamar junto a alumnas de liceos como el Lastarria y el Carmela Carvajal.

El ambiente se ha ido densificando en pocas semanas. En Santiago han reaparecido escenas que parecían parte de otro ciclo político: barricadas en liceos emblemáticos, cortes de tránsito, enfrentamientos con Carabineros y asambleas estudiantiles permanentes. Sectores conservadores y parte de la prensa han puesto el foco en la violencia y el uso de capuchas, mientras organizaciones estudiantiles acusan una campaña sistemática de criminalización de adolescentes y secundarios.

El trasfondo político es profundo. Las movilizaciones estudiantiles en Chile rara vez permanecen encerradas en demandas exclusivamente educacionales. Desde el “Mochilazo” de 2001 hasta la “Revolución Pingüina” de 2006 y las protestas universitarias de 2011, los estudiantes han actuado históricamente como catalizadores de malestares sociales más amplios. Incluso el estallido social de 2019 tuvo uno de sus detonantes iniciales en las evasiones masivas organizadas por secundarios.

Por eso la convocatoria del 3 de junio genera preocupación en La Moneda. La movilización estudiantil comienza a coincidir con otros focos de conflictividad: críticas al ajuste económico, rechazo a la “megareforma”, tensiones laborales y caída en los niveles de aprobación del gobierno.

La consigna levantada por la Confech —“La educación se defiende en las calles”— parece buscar precisamente eso: reconstruir una articulación entre el movimiento estudiantil y un malestar social más amplio.



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