Familia de Mauricio Hernández Norambuena denuncia traslado a cárcel de alta seguridad y acusa motivaciones políticas
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La familia de Mauricio Hernández Norambuena denunció públicamente el traslado del exfrentista desde el Complejo Penitenciario de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, calificando la medida como un «retroceso» en sus condiciones de reclusión y atribuyéndola a una decisión de carácter político.
Según la declaración difundida este 4 de junio, el traslado fue ejecutado por Gendarmería el miércoles 3 de junio «sin previo aviso» y sin que se informaran fundamentos que justificaran la decisión. La familia sostiene que Hernández Norambuena fue trasladado sin poder llevar consigo pertenencias personales, ropa adecuada para el invierno ni sus medicamentos.
Los familiares afirman que el ingreso al REPAS implica un endurecimiento de sus condiciones penitenciarias. En la declaración señalan que el recinto opera bajo un régimen de alta seguridad que contempla desplazamientos engrillados, allanamientos diarios y fuertes restricciones en materia de visitas, atención médica, actividades recreativas y tratamientos de salud. También sostienen que no se le ha permitido continuar terapias psicológicas ni tratamientos de salud que mantenía anteriormente.
La familia recordó además que durante 2025 un intento anterior de trasladar a Hernández Norambuena al mismo recinto fue cuestionado por organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería. Según la declaración, dichos organismos habrían concluido que no correspondía su permanencia en el REPAS debido a que no registra faltas disciplinarias y no encajaría en el perfil de internos para el cual fue concebido ese establecimiento.
En el documento, la familia atribuye el traslado a una decisión política y acusa una «venganza y revancha de la extrema derecha» contra Hernández Norambuena. Asimismo, cuestiona lo que considera un trato diferenciado respecto de los condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
Finalmente, responsabilizan al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, por cualquier deterioro que pudiera sufrir la salud del exfrentista y agradecen las muestras de solidaridad recibidas, convocando a participar en actividades de denuncia por su situación.
La controversia se suma al debate abierto en las últimas semanas sobre la política penitenciaria del gobierno, particularmente respecto del tratamiento de presos considerados de alta connotación pública y de los cambios impulsados en recintos penitenciarios especiales.
