CAE, deuda y neoliberalismo: la lectura de Gómez Leyton sobre el conflicto que reabre el gobierno
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Por qué el cientista político sostiene que el cobro de las deudas universitarias va más allá de una medida administrativa y forma parte de una redefinición del modelo económico impulsada por La Moneda.
El conflicto generado por el cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha abierto un debate que supera ampliamente el ámbito financiero. Mientras continúan las controversias por los descuentos realizados a deudores y los cuestionamientos judiciales a los procedimientos de la Tesorería General de la República, el cientista político Juan Carlos Gómez Leyton propone una interpretación más amplia: lo que está en juego no es solamente una deuda universitaria, sino la reafirmación de uno de los principios fundamentales del neoliberalismo chileno.
Según plantea el académico, el gobierno de José Antonio Kast no estaría actuando únicamente para recuperar recursos fiscales. A su juicio, la decisión busca reinstalar una idea central que ha estructurado la sociedad chilena desde los años ochenta: en una economía basada en el crédito, las deudas deben pagarse.
Una sociedad construida sobre el crédito
Para Gómez Leyton, el CAE debe entenderse dentro de un proceso histórico más amplio.
La expansión de la educación superior durante los gobiernos de la Concertación fue posible gracias a la creación de mecanismos de financiamiento que permitieron a cientos de miles de jóvenes acceder a universidades e institutos profesionales. El crédito apareció entonces como una herramienta de inclusión social.
Los resultados fueron evidentes. La matrícula en educación superior se multiplicó durante las últimas décadas, incorporando a sectores sociales que históricamente habían permanecido excluidos de ese nivel educativo.
Sin embargo, ese acceso tuvo un costo.
Miles de estudiantes egresaron cargando deudas que, en muchos casos, crecieron debido a los intereses y a las dificultades para insertarse laboralmente en condiciones que permitieran su pago regular.
Para el académico, la discusión actual no se reduce a determinar si esas deudas son justas o injustas. Lo relevante es el mensaje político contenido en la ofensiva de cobro.
“La deuda es un compromiso y debe cumplirse”, sería la lógica que busca reinstalar el actual gobierno.
Juan Carlos Gómez Leyton
El fin de un equilibrio
Una de las tesis desarrollada por Gómez Leyton apunta a que durante los últimos treinta años el neoliberalismo chileno experimentó una serie de correcciones que permitieron estabilizar el sistema.
No se modificó la estructura económica heredada de la dictadura, sostiene el académico. Sin embargo, distintos gobiernos incorporaron mecanismos de protección social que amortiguaron algunas de sus consecuencias más severas.
La ampliación de programas sociales, el fortalecimiento de subsidios estatales, la gratuidad universitaria para determinados sectores y, más recientemente, la Pensión Garantizada Universal (PGU), formarían parte de ese proceso.
Según su análisis, se configuró una combinación entre mercado, crédito y protección social que permitió mantener altos niveles de legitimidad política.
Ese equilibrio es precisamente el que estaría siendo cuestionado por la actual administración.
A juicio de Gómez Leyton, el gobierno de Kast representa una versión más ortodoxa del neoliberalismo, interesada en reducir el papel corrector del Estado y fortalecer los mecanismos de mercado.
El “desacople” del modelo
El académico utiliza una idea particularmente sugerente para explicar el proceso.
Durante décadas coexistieron dos elementos: por una parte, el acceso al crédito como mecanismo de integración social; por otra, un conjunto de políticas públicas destinadas a compensar las desigualdades generadas por el mercado.
Hoy, sostiene, ambos elementos comienzan a separarse.
Mientras el crédito continúa siendo el principal mecanismo de acceso a bienes, servicios y oportunidades, las políticas de apoyo social se reducen o pierden relevancia.
Ese “desacople”, como lo denomina, podría generar tensiones crecientes en una sociedad que sigue altamente endeudada.
La paradoja, según su análisis, es que el propio éxito histórico del neoliberalismo chileno dependió de la existencia de esos mecanismos compensatorios.
Seguridad y protección del orden
La reflexión de Gómez Leyton no se limita al ámbito económico.
También vincula el fortalecimiento de determinadas políticas de seguridad con la necesidad de preservar el orden social existente.
En este marco interpreta iniciativas como el registro de personas sancionadas por hechos de violencia o vandalismo, así como el fortalecimiento de herramientas policiales y de inteligencia.
A su juicio, estas medidas no sólo responden al combate contra la delincuencia, sino también a la necesidad de proteger institucionalmente un determinado modelo económico y social.
Por ello habla de un proceso de “blindaje” del Estado frente a eventuales expresiones de descontento.
Una oposición sin proyecto alternativo
Otro de los puntos centrales de su análisis es la situación de la oposición.
Gómez Leyton distingue entre una oposición al gobierno y una oposición al modelo.
Según sostiene, la primera existe y se expresa diariamente en el Congreso, en los partidos y en los medios de comunicación.
La segunda, en cambio, aparece fragmentada y sin capacidad de articular una propuesta política alternativa.
Esta situación permitiría que las discusiones se concentren en medidas específicas —como el CAE, las contribuciones o los recortes presupuestarios— sin cuestionar los fundamentos estructurales del sistema económico.
Más que una discusión sobre deudas
Desde esta perspectiva, la controversia por el CAE se transforma en algo más que un conflicto administrativo o financiero.
Para Gómez Leyton, el gobierno está utilizando este caso para reafirmar una determinada concepción de sociedad: una en la que el crédito ocupa un lugar central y donde el cumplimiento de las obligaciones individuales constituye un principio esencial del orden económico.
La discusión, por tanto, no sólo involucra a los deudores universitarios.
También abre interrogantes sobre el futuro de las políticas sociales, el papel del Estado y el rumbo que seguirá el modelo económico chileno durante los próximos años.
En ese sentido, el debate sobre el CAE podría terminar convirtiéndose en una discusión mucho más amplia sobre los límites y las transformaciones del neoliberalismo en Chile.
