Más allá de la polémica migratoria: ¿cómo Chile perdió el rastro de más de 200 niños haitianos?
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La noticia ha sido presentada como un nuevo capítulo de la crisis migratoria. Sin embargo, reducir el caso de los más de 200 niños haitianos cuyo paradero hoy es desconocido a una controversia sobre fronteras o controles migratorios es no comprender la verdadera dimensión del problema.
Lo que está en cuestión no es solamente la eficacia de los mecanismos de ingreso al país. Lo que está en cuestión es la capacidad del Estado chileno para proteger a niños y niñas que llegaron a su territorio bajo programas oficiales de reunificación familiar y que, en muchos casos, desaparecieron de los registros públicos sin que nadie pudiera explicar dónde están.
La gravedad del asunto se vuelve evidente cuando se observa desde una perspectiva distinta. Si en cualquier comuna de Chile se extraviara el rastro de doscientos menores de edad, la situación sería considerada una emergencia nacional. Habría operativos policiales, alertas públicas y una movilización institucional de gran escala. Sin embargo, en este caso, la desaparición administrativa de cientos de niños parece haber permanecido invisible durante años.
Las investigaciones preliminares de Contraloría y Fiscalía apuntan a una cadena de irregularidades que incluye documentación insuficiente, falta de verificación de vínculos familiares y controles deficientes en los procesos de ingreso. Más inquietante aún es la posibilidad de que algunos menores hayan ingresado acompañados por adultos sin relación parental acreditada.
Por ahora no existe evidencia judicial que permita afirmar que estos niños hayan sido víctimas de trata de personas o de tráfico internacional de menores. Sin embargo, precisamente porque esa posibilidad no puede descartarse, el caso adquiere una enorme relevancia.
La experiencia internacional demuestra que las redes de explotación infantil suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad extrema. Haití atraviesa desde hace años una crisis humanitaria, política y de seguridad sin precedentes. Miles de familias buscan desesperadamente alternativas para sacar a sus hijos del país. Ese contexto crea condiciones propicias para la actuación de organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
Por eso las preguntas que hoy enfrenta Chile son mucho más profundas que las que dominan la discusión política cotidiana.
¿Cómo ingresaron estos menores?
¿Quién verificó la autenticidad de los documentos presentados?
¿Quién supervisó su llegada y posterior instalación en el país?
¿Quién debía controlar que efectivamente residieran en los domicilios declarados?
¿En qué momento el Estado perdió su rastro?
Las respuestas todavía no existen. Lo que sí existe es una disputa política que amenaza con desplazar el foco del problema. Mientras el actual gobierno responsabiliza a las autoridades anteriores por haber flexibilizado controles migratorios, exfuncionarios del gobierno pasado aseguran que las irregularidades fueron denunciadas oportunamente a la Fiscalía y a otros organismos competentes.
La discusión sobre responsabilidades administrativas es necesaria. Pero no debería eclipsar la pregunta central: dónde están los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace más de tres décadas, establece que el interés superior del menor debe ser la consideración primordial en toda actuación estatal. Bajo ese principio, la prioridad no puede ser determinar qué gobierno cometió los errores, sino reconstruir el recorrido de cada niño y garantizar su seguridad.
Porque detrás de las cifras existen personas concretas. Niños y niñas que llegaron a Chile confiando en la protección de las instituciones. Menores que debían ser objeto de especial cuidado por parte del Estado y respecto de los cuales hoy existen más interrogantes que certezas.
La investigación recién comienza y es posible que muchas de las sospechas más graves nunca se confirmen. Ojalá así sea. Pero incluso en el escenario más benigno, el caso ya representa un fracaso institucional de enormes proporciones.
Un país puede equivocarse en sus políticas migratorias. Puede debatir sobre visas, fronteras y controles. Lo que no puede permitirse es perder el rastro de cientos de niños y descubrirlo años después.
Esa es la verdadera dimensión del problema. Y esa es la razón por la cual este caso podría transformarse en uno de los más graves y sensibles que haya enfrentado el Estado chileno en materia de protección de la infancia durante las últimas décadas.
Simón del Valle
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