Red de Migrantes advierte uso político del caso de niños haitianos y apunta a fallas estructurales del Estado
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Mientras continúan las investigaciones por el ingreso de niños haitianos bajo programas de reunificación familiar y el eventual extravío del rastro de más de 200 menores, la Red de Migrantes y Promigrantes llamó a evitar conclusiones anticipadas y acusó una utilización política de los antecedentes revelados por un preinforme de la Contraloría General de la República.
La organización difundió una declaración pública en la que reconoce la gravedad de los hechos investigados, pero cuestiona el tratamiento que han recibido en el debate político y mediático durante los últimos días.
El documento recuerda que el informe elaborado por la Contraloría corresponde a un preinforme reservado emitido el 14 de abril de 2026 y que aún se encuentra en etapa de revisión. Por ello, sostiene que los organismos involucrados —el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Subsecretaría de la Niñez— todavía tienen derecho a presentar descargos antes de que exista una conclusión definitiva.
Según la organización, la auditoría no detectó ilegalidades generales en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, aunque sí identificó graves problemas de coordinación institucional, deficiencias en los sistemas de información y ausencia de protocolos adecuados para proteger a niños y adolescentes en situaciones de riesgo.
La Red de Migrantes destaca especialmente que la investigación apunta a fallas en el funcionamiento del aparato estatal más que a irregularidades atribuibles a las familias haitianas que participaron en los procesos de reunificación.
A juicio de la organización, el problema de fondo es que el Estado chileno diseñó mecanismos para permitir el ingreso de menores de edad, pero no desarrolló simultáneamente sistemas eficaces de seguimiento, protección y acompañamiento.
«La noticia es real y los hechos son graves», señala el comunicado, pero agrega que todavía no existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades definitivas o afirmar la existencia de redes de trata de personas.
El foco debe estar en los derechos de los niños
Uno de los aspectos más relevantes de la declaración es que desplaza el centro de la discusión desde la migración hacia los derechos de la infancia.
La organización sostiene que un niño que aparece como «inubicable» no debe ser visto únicamente como una posible evidencia de un delito migratorio, sino como una persona cuyos derechos fundamentales podrían estar siendo vulnerados.
En ese sentido, advierte que la principal preocupación debería ser determinar si esos menores están recibiendo atención de salud, acceso a la educación, protección familiar y acompañamiento institucional.
La Red de Migrantes plantea que la verdadera discriminación puede encontrarse en la forma en que operan las instituciones públicas cuando son incapaces de garantizar esos derechos.
Según su análisis, el caso revela una forma de discriminación institucional derivada de la debilidad de los mecanismos estatales de protección social.
Críticas a la filtración
El comunicado también cuestiona el momento en que los antecedentes fueron divulgados.
La organización sostiene que la filtración del documento ocurre en un contexto de alta tensión política y legislativa y acusa que algunos sectores han aprovechado el caso para reforzar discursos antimigratorios y obtener ventajas en la disputa política.
A su juicio, existe el riesgo de que el debate termine concentrándose en la nacionalidad de los menores en lugar de abordar las responsabilidades institucionales que permitieron que se produjeran las irregularidades detectadas por la auditoría.
La declaración incluso advierte que la exposición pública del caso podría terminar dificultando las propias investigaciones si efectivamente existieran redes criminales involucradas.
Los largos tiempos de espera
Otro elemento destacado por la organización es la situación que enfrentan miles de familias migrantes durante los extensos procesos de reunificación familiar.
Según el comunicado, los retrasos administrativos, las dificultades para regularizar la situación migratoria y los años de separación familiar generan condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por terceros.
En esa línea, la Red de Migrantes sostiene que la precariedad institucional puede convertirse en un factor que favorece la actuación de organizaciones ilícitas cuando el Estado no logra ofrecer respuestas oportunas.
«El Estado ya perdió»
Una de las frases más duras del documento afirma que, mientras el mundo político utiliza los antecedentes para sus disputas parlamentarias, las posibles redes criminales —si existieran— continúan operando.
Por ello, la organización concluye que el principal desafío no es convertir a los menores en símbolos de una controversia migratoria, sino encontrarlos y garantizar efectivamente su protección.
«La verdadera hospitalidad exige fronteras ordenadas», señala el comunicado, «pero exige, por sobre todo, que el Estado asuma su rol de garante del interés superior del niño».
Desde esa perspectiva, la Red de Migrantes sostiene que el caso debe ser abordado como una crisis de protección de la infancia antes que como un episodio más del debate sobre migración.
La pregunta central, afirman, no es cómo ingresaron los niños, sino dónde están y qué está haciendo el Estado para encontrarlos.
