El costo de gobernar como si aún se estuviera en campaña
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A cien días del gobierno de José Antonio Kast, el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau dejó al descubierto una tensión que va más allá del episodio parlamentario. Mientras el Ejecutivo insiste en que su prioridad es recuperar el crecimiento, una parte de su coalición continúa actuando bajo la lógica de la confrontación permanente. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse esa contradicción sin afectar la gobernabilidad.
Por Simón del Valle
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau no solo fracasó en el Senado. También dejó al descubierto una contradicción que comienza a atravesar al gobierno de José Antonio Kast y que podría transformarse en uno de los principales obstáculos para cumplir sus propias promesas económicas.
Mientras el Ejecutivo insiste en que la prioridad del país es recuperar el crecimiento, atraer inversiones y reactivar el empleo, una parte importante de la coalición que lo sostiene sigue actuando como si todavía estuviera sentada en los bancos de la oposición.
La derrota del libelo fue, en realidad, mucho más que una derrota parlamentaria.
Fue la evidencia de que existen dos derechas.
Una entiende que gobernar supone administrar el Estado, construir mayorías y utilizar con prudencia las herramientas institucionales. La otra continúa convencida de que la confrontación permanente constituye la mejor forma de hacer política.
La votación del Senado fue la expresión visible de esa fractura. Los partidos que impulsaron la acusación —Republicanos, Nacional Libertarios y sectores del Partido de la Gente— quedaron aislados frente a una parte importante de Chile Vamos, que optó por rechazar un libelo cuya debilidad jurídica era evidente desde el comienzo.
Pero el verdadero problema no es la división parlamentaria.
Es la ausencia de una estrategia de gobernabilidad.
Durante los días en que el Congreso discutía una acusación destinada casi inevitablemente al fracaso, la economía seguía enviando señales que no admiten consignas. El desempleo volvió a subir. La producción industrial registró una de sus peores caídas en casi una década. El Imacec confirmó una economía debilitada. La construcción continúa sin despegar. La inversión privada sigue esperando.
Si el diagnóstico del propio gobierno es que Chile enfrenta una emergencia económica, resulta inevitable formular una pregunta incómoda.
¿Por qué dedicar semanas del debate político a perseguir a un exministro mientras los principales problemas del país permanecen sin respuesta?
La explicación parece encontrarse menos en la economía que en la cultura política de la nueva derecha.
Su principal combustible no ha sido la construcción de acuerdos, sino la existencia permanente de un adversario. Durante años ese adversario fue la izquierda, luego el gobierno de Gabriel Boric y ahora continúan apareciendo nuevos responsables de los problemas que enfrenta el país.
Es una lógica conocida.
Donald Trump nunca dejó de hacer campaña después de llegar a la Casa Blanca. Jair Bolsonaro convirtió el conflicto permanente en su principal forma de gobernar. Javier Milei mantiene una confrontación cotidiana contra gobernadores, sindicatos, periodistas, universidades y opositores. En los tres casos existe una convicción común: un gobierno necesita conservar vivo al enemigo para mantener cohesionada a su base política.
El problema es que las economías no funcionan bajo esa lógica.
Los mercados no invierten porque un gobierno gane una batalla cultural.
Las empresas no desarrollan proyectos porque exista una nueva acusación constitucional.
La inversión responde a expectativas de estabilidad, reglas previsibles, confianza institucional y capacidad política para construir acuerdos de largo plazo.
La campaña permanente puede ser una estrategia electoral eficaz.
Difícilmente constituye una estrategia de desarrollo.
A más de cien días de asumir el poder, el gobierno continúa explicando buena parte de los malos indicadores por la herencia recibida. Toda administración hereda problemas de la anterior. Eso forma parte de la política democrática. Pero llega un momento en que esa explicación pierde eficacia. Los ciudadanos dejan de preguntar quién tuvo la culpa y comienzan a exigir quién tiene las soluciones.
Ese momento parece haber llegado.
La acusación contra Nicolás Grau simboliza precisamente esa dificultad para abandonar el papel de oposición. Mientras una parte importante del oficialismo sigue concentrada en derrotar políticamente al gobierno anterior, la economía comienza a exigir respuestas que ya no admiten explicaciones retrospectivas.
Existe una ironía difícil de ignorar.
La Concertación fue criticada durante décadas por haber administrado el modelo económico heredado de la dictadura en lugar de transformarlo profundamente. Sin embargo, comprendió muy temprano que gobernar exigía reemplazar la lógica de la confrontación por la lógica de la negociación. Esa decisión tuvo costos políticos, pero permitió construir estabilidad durante un largo período.
Hoy parece ocurrir lo contrario.
El gobierno declara que necesita estabilidad para atraer inversiones, pero sectores relevantes de su propia coalición alimentan una política de conflicto permanente que erosiona precisamente esa estabilidad.
La derecha ganó las elecciones.
Lo que todavía no termina de demostrar es que haya abandonado la cultura política de la oposición.
Y esa puede convertirse en una contradicción mucho más decisiva que cualquier acusación constitucional.
Porque ningún país consigue crecer sostenidamente cuando su principal energía política sigue concentrada en encontrar culpables del pasado, en lugar de construir las condiciones para el futuro.
Simón del Valle
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