BTS y el costo político de llegar siempre tarde
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Hay polémicas que parecen triviales hasta que dejan de serlo. La discusión sobre los conciertos de BTS podría confundirse con un simple desacuerdo entre una productora y el Instituto Nacional de Deportes (IND) respecto del uso del Estadio Nacional. Sin embargo, basta observar la secuencia de los hechos para advertir que el verdadero problema no es el K-pop. Es la gestión del Estado.
La explicación oficial sostiene que el escenario en 360 grados, con un peso cercano a las 600 toneladas, representa un riesgo para la cancha híbrida del Estadio Nacional. Proteger un recinto público de esa importancia puede ser una decisión razonable. Ningún gobierno debería exponer un patrimonio deportivo a daños irreparables si existen antecedentes técnicos que los justifiquen.
Pero esa no es la pregunta que hoy se hacen cerca de 200 mil personas que compraron entradas para los tres conciertos programados para octubre.
La pregunta es otra: ¿cómo fue posible que las entradas se vendieran durante meses si el principal recinto considerado para el espectáculo nunca tenía asegurada su autorización?
Si el Estado sabía que el montaje era incompatible con el estadio, la decisión debió comunicarse oportunamente. Si no lo sabía, entonces el problema es aún más serio: revela una preocupante falta de coordinación entre los organismos públicos y los organizadores de eventos de gran escala.
En cualquiera de los dos escenarios, la conclusión es la misma: el conflicto pudo haberse evitado.
La oposición ha concentrado sus críticas en la ministra del Deporte, Natalia Duco, por tratarse de la autoridad de la cual depende el Instituto Nacional de Deportes. Es comprensible que así sea. Sin embargo, el problema trasciende a una ministra y revela una falla de conducción del Gobierno en su conjunto.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el Ministerio del Deporte había advertido con anticipación a la productora sobre las dificultades que implicaba instalar un escenario de estas características en el Estadio Nacional. Si aquello es efectivo, DG Medios también asumió un riesgo al vender la totalidad de las entradas sin contar con una autorización definitiva.
Pero la responsabilidad política no termina ahí.
Una ministra puede sostener, con razón, que nunca existió un permiso formal. Puede incluso respaldarse en informes técnicos que desaconsejan el uso del recinto. Sin embargo, la política no comienza cuando concluye la evaluación técnica. Si el Estado sabía que existían obstáculos prácticamente insalvables, la responsabilidad de un gobierno que hizo de la eficiencia su principal bandera era impedir que la incertidumbre creciera durante meses hasta afectar a cerca de 200 mil personas.
La responsabilidad administrativa puede ser compartida con la empresa organizadora. La responsabilidad política, en cambio, recae sobre el Gobierno.
Lo llamativo es que el Ejecutivo de José Antonio Kast construyó buena parte de su identidad precisamente sobre la promesa de una gestión más eficiente, ordenada y profesional que la de sus antecesores. Sin embargo, este episodio proyecta exactamente la imagen contraria: organismos públicos que llegan tarde, decisiones adoptadas cuando el problema ya estalló y autoridades obligadas a administrar una crisis que pudo haberse evitado.
Esa percepción se reforzó cuando el ministro Claudio Alvarado salió a respaldar la decisión del IND argumentando que existían informes técnicos que advertían sobre el riesgo para la cancha y asegurando que el Gobierno buscaba alternativas. La Moneda cerró filas con la ministra Duco, pero lo hizo cuando la controversia ya ocupaba titulares y movilizaba a miles de seguidores.
Ahí reside el verdadero problema político.
La intervención de Alvarado no anunció una solución. Explicó por qué el problema había ocurrido. Es una diferencia que parece menor, pero que suele definir la percepción ciudadana. Los gobiernos fuertes son recordados por anticipar los conflictos; los gobiernos débiles, por administrarlos cuando ya son noticia.
La política contemporánea no se juega únicamente en el Congreso o en los ministerios. También se juega en la capacidad de interpretar los cambios culturales.
Y allí aparece otro error de lectura.
BTS dejó hace mucho de ser una banda de música. Es uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XXI. Su influencia trasciende los escenarios y las plataformas digitales. Moviliza turismo, comercio, industrias creativas y comunidades organizadas en todo el mundo. Su base de seguidores, conocida como ARMY, desarrolla campañas solidarias, acciones comunitarias y una intensa actividad en redes sociales. En Chile, decenas de miles de jóvenes forman parte de esa comunidad.
No comprender esa dimensión significa reducir un fenómeno global a un simple recital.
La política suele cometer ese error cuando mira la cultura únicamente como entretenimiento y no como una expresión social capaz de construir identidad, pertenencia e incluso ciudadanía.
Por eso las manifestaciones pacíficas realizadas por seguidores de BTS en las afueras del Estadio Nacional no son un dato anecdótico. Expresan una ciudadanía joven que siente que las instituciones llegan tarde, no escuchan y reaccionan cuando el conflicto ya es inevitable.
Ese puede ser el costo político más profundo de este episodio.
No porque los jóvenes vayan a modificar de inmediato sus preferencias electorales por un concierto frustrado, sino porque se instala una imagen de distancia entre el Gobierno y una generación que entiende la cultura como un espacio de encuentro, identidad y participación. Un Ejecutivo que prometió eficiencia aparece, en cambio, asociado a la improvisación y a la incapacidad para comprender un fenómeno cultural de escala global.
Un error más en un desfile de improvisaciones.
Simón del Valle
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