Contraloría concluye que Trinidad Steinert actuó fuera de la ley y reabre el debate sobre el uso político del Ministerio de Seguridad
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El organismo fiscalizador determinó que la exministra de Seguridad excedió sus atribuciones al solicitar información reservada sobre funcionarios de la PDI vinculados a una investigación penal en la que ella misma había participado como fiscal. El Gobierno salió en su defensa, mientras desde la oposición ya se estudia una acusación constitucional.
A poco más de un mes de su salida del gabinete, la exministra de Seguridad Trinidad Steinert vuelve a instalarse en el centro de la controversia.
Un dictamen de la Contraloría General de la República concluyó que la exsecretaria de Estado actuó fuera del marco legal al requerir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto de funcionarios policiales que habían trabajado con ella cuando ejercía como fiscal regional de Tarapacá en la investigación contra el denominado «Clan Chen».
El informe, conocido este jueves tras una investigación iniciada a petición de diputados oficialistas, sostiene que la actuación de Steinert «no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial».
Más que un exceso administrativo
El episodio se remonta al 13 de marzo, apenas dos días después de asumir como ministra.
Mediante un oficio reservado dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, Steinert solicitó no solo información general sobre el traslado de detectives que habían integrado su antiguo equipo de investigación, sino también antecedentes personales de cada funcionario: nombres, cédulas de identidad, grados, destino actual, fundamentos de los traslados, antecedentes disciplinarios, denuncias administrativas e incluso información relacionada con investigaciones penales en curso.
Para la Contraloría, ese requerimiento excedía completamente las atribuciones que la ley entrega al Ministerio de Seguridad.
El dictamen sostiene que no existe justificación para que esa información fuera necesaria en tareas propias del ministerio, como la planificación, coordinación o evaluación de políticas públicas de seguridad.
Más aún, recuerda que Steinert tenía un deber especial de abstención precisamente porque los funcionarios consultados habían trabajado con ella cuando aún era fiscal regional.
El órgano fiscalizador concluye que esa circunstancia hacía improcedente cualquier intervención posterior desde su nuevo cargo ministerial.
La frontera entre política y persecución penal
El aspecto más delicado del informe no reside únicamente en el oficio.
La Contraloría pone énfasis en un principio fundamental del Estado de Derecho: la separación entre las funciones políticas del Ejecutivo y las investigaciones penales desarrolladas por el Ministerio Público y las policías.
Según el dictamen, Steinert utilizó facultades ministeriales para obtener antecedentes vinculados a una investigación penal que ella misma había dirigido anteriormente como fiscal.
Esa superposición de roles es precisamente la que el organismo considera incompatible con el deber de abstención que exige la legislación.
En otras palabras, el problema no es simplemente haber pedido demasiada información.
El problema es que quien antes dirigía una investigación penal pasó a ejercer poder político sobre instituciones involucradas en esa misma investigación.
El Gobierno cierra filas
Pese a la dureza del dictamen, La Moneda decidió respaldar públicamente a su exministra.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, restó dramatismo al informe y defendió la actuación de Steinert, mientras el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que el Gobierno «valora mucho la labor que realizó la exministra».
La defensa oficial busca contener un nuevo frente político para un Gobierno que ya enfrenta cuestionamientos por su agenda económica y por diversas controversias en materia de seguridad.
La oposición estudia nuevas acciones
El diputado socialista Raúl Leiva, uno de los parlamentarios que solicitó la intervención de Contraloría, sostuvo que el dictamen confirma que Steinert «actuó fuera del marco de sus atribuciones» y calificó como especialmente grave la vulneración del deber de abstención.
Diversos parlamentarios comenzaron además a evaluar una eventual acusación constitucional.
No obstante, el propio Leiva llamó a actuar con prudencia y planteó que primero corresponde analizar en detalle el contenido del informe e incluso estudiar la creación de una comisión investigadora antes de definir otras acciones parlamentarias.
Un problema político para Kast
El dictamen llega en un momento particularmente incómodo para La Moneda.
El Ministerio de Seguridad fue levantado como una de las principales apuestas institucionales del Gobierno de José Antonio Kast y Trinidad Steinert fue presentada como el rostro técnico que daría credibilidad a esa institucionalidad.
Su salida del gabinete, tras apenas 69 días en el cargo, ya había generado interrogantes sobre la conducción política del ministerio.
Ahora, el pronunciamiento de la Contraloría agrega un elemento adicional: cuestiona que la principal autoridad de esa cartera haya utilizado facultades ministeriales para intervenir en asuntos directamente relacionados con investigaciones en las que había participado anteriormente como fiscal.
El caso trasciende así la figura de Steinert. Pone nuevamente en discusión los límites entre la conducción política de la seguridad pública y la autonomía de la persecución penal, una frontera que constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y que la Contraloría estima que, en este caso, fue sobrepasada.
