Estados Unidos: cuando la justicia migratoria se convierte en un campo de batalla político
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La arquitectura de una purga silenciosa
En el corazón del sistema migratorio estadounidense, una transformación profunda avanza sin ruido pero con consecuencias devastadoras. Desde enero de 2025, al menos 135 jueces —113 jueces de inmigración, 13 jueces jefes adjuntos y nueve jueces de apelación— han sido destituidos de manera abrupta, sin causa individualizada ni explicación formal. La magnitud de estas remociones revela un patrón que los expertos de Naciones Unidas califican como una amenaza directa a la independencia judicial y a la integridad del sistema de justicia migratoria.
La purga no es aleatoria. Los datos disponibles muestran que entre los jueces destituidos, la mayoría tenía tasas de concesión de asilo superiores al promedio nacional o al de sus tribunales específicos. También fueron removidos de manera desproporcionada aquellos con experiencia profesional en defensa de inmigrantes o en organizaciones humanitarias, así como jueces nombrados durante la administración presidencial anterior. En el órgano de apelación, solo queda un juez nombrado por un gobierno demócrata. La frontera entre justicia y política se difumina peligrosamente.
La justicia migratoria como instrumento de poder
La remoción masiva de jueces no solo altera la composición de los tribunales: transforma su función. Los expertos de la ONU advierten que el Poder Ejecutivo está convirtiendo el sistema de cortes migratorias en un mecanismo para implementar objetivos de deportación, desplazando la adjudicación independiente por una lógica de eficiencia punitiva. La justicia migratoria deja de ser un espacio donde se evalúan riesgos de persecución, tortura o muerte, para convertirse en un engranaje administrativo orientado a acelerar expulsiones.
Mientras ocurrían las destituciones, el Departamento de Justicia emitió más de 50 memorandos de política, algunos de los cuales advertían a los jueces sobre posibles sanciones disciplinarias por decisiones consideradas “lentas” o “sesgadas”. La presión institucional se convierte en un mensaje inequívoco: la independencia judicial es un obstáculo, no un principio.
El colapso del debido proceso
La erosión de la independencia judicial tiene efectos inmediatos sobre quienes enfrentan procedimientos de deportación. Los jueces de inmigración deciden casos que pueden determinar si una persona será enviada a un país donde enfrenta persecución, tortura o muerte. Cuando los jueces no pueden actuar de manera imparcial, los extranjeros pierden la oportunidad real de presentar sus reclamaciones, y el principio de no devolución —prohibido por múltiples tratados internacionales ratificados por Estados Unidos— queda en riesgo.
La introducción de audiencias “mega master calendar”, donde un solo juez debe gestionar cientos de casos en una sesión de medio día, elimina cualquier posibilidad de adjudicación individualizada. La eficiencia se convierte en una coartada para sacrificar el debido proceso. La justicia migratoria se transforma en un procedimiento masivo, despersonalizado, incapaz de evaluar riesgos reales y de proteger vidas.
Las obligaciones internacionales ignoradas
Los expertos recuerdan que Estados Unidos está obligado por normas internacionales que prohíben el refoulement: el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, vinculante para Estados Unidos a través del Protocolo de 1967. Estas normas exigen que toda persona enfrentando deportación tenga acceso a un órgano independiente e imparcial capaz de evaluar riesgos de daño irreparable.
La transformación del sistema judicial migratorio en un instrumento político no solo viola principios constitucionales internos: contradice compromisos internacionales que Estados Unidos ha asumido voluntariamente. La justicia migratoria se convierte así en un espacio donde la legalidad internacional se diluye y donde la protección de los derechos humanos queda subordinada a objetivos administrativos.
La frontera judicial como espejo de una crisis mayor
La crisis en las cortes migratorias refleja una tendencia más amplia: la politización de las instituciones encargadas de proteger derechos fundamentales. La remoción de jueces con experiencia en defensa de inmigrantes, la presión institucional para acelerar deportaciones y la sustitución del análisis individual por procedimientos masivos revelan una transformación estructural del sistema judicial migratorio.
Los expertos de la ONU han comunicado sus preocupaciones al Gobierno de Estados Unidos, pero el problema excede la coyuntura. La justicia migratoria se ha convertido en un campo de batalla donde se disputa el sentido mismo del Estado de derecho. La independencia judicial, principio fundacional de cualquier democracia, se ve erosionada por una lógica que privilegia la eficiencia sobre la justicia, la rapidez sobre la protección, la política sobre el derecho.
La pregunta que emerge es inquietante: ¿qué queda de la justicia cuando quienes deben garantizarla son removidos por ejercerla?
