La catástrofe que el Gobierno no quiso ver
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En estos últimos cinco días, en la Región de Coquimbo ha caído una cantidad de agua inimaginable, posiblemente una de las peores precipitaciones que ha vivido la región. Lo digo como una persona que lleva tres años viviendo aquí, pero, al menos en la región, todo el mundo está sorprendido por la enorme cantidad de agua que ha caído.
Este temporal ha reflejado, en primer lugar, algunos problemas de infraestructura pública. Estoy hablando únicamente de la Región de Coquimbo; no voy a referirme a la Región de Atacama porque no la conozco tanto. Lo que ha quedado en evidencia es que las ciudades no están preparadas para enfrentar este tipo de situaciones, algo entendible si consideramos que durante muchos años prácticamente no llovía y que la zona venía arrastrando una sequía prolongada.
Pero este temporal también ha dejado al descubierto la precariedad de la vivienda que existe en Chile. No solo estamos hablando de la conurbación Coquimbo-La Serena, sino también del interior de la región: Punitaqui, Vicuña, Ovalle, Monte Patria, e incluso sectores más al norte, como Vallenar o Alto del Carmen. Este tipo de situaciones pone de manifiesto una realidad que muchas veces permanece invisible: esa pobreza que de pronto aparece en televisión y hace que mucha gente se dé cuenta de que existe. Emergen los campamentos, las poblaciones, las casas de madera y todas las carencias que normalmente pasan desapercibidas.
Creo que uno de los problemas de fondo es precisamente este: el modelo de Estado subsidiario, que finalmente no solo limita una mayor intervención estatal, sino que tiene que ir al rescate de toda la metástasis que genera el mercado neoliberal, por ejemplo, inmobiliario. Ni hablar en temas de educación, salud, etcétera. Esa es, en buena medida, una herencia del modelo neoliberal instaurado durante la dictadura, y administrado por todos los gobiernos de la centroizquierda, sin excepción. No voy a profundizar en ese tema, todos los conocemos, pero es parte importante de la situación que tenemos hoy.
Agréguese a lo anterior que, dentro de este mismo modelo de Estado subsidiario, existen propuestas como las de José Antonio Kast, que buscan reducir aún más los beneficios sociales estatales y disminuir los impuestos a las grandes empresas (la famosa megarreforma del Ministro Jorge Quiroz). El contexto resulta muy preocupante, porque solo queda el Tribunal Constitucional para impedirlo.
También son preocupantes las posturas que niegan el cambio climático, algo que caracteriza a buena parte de la ultraderecha a nivel mundial. Claro está, que ésta es una postura ideológica. En efecto, la tesis de esta postura, dentro del gobierno y de las derechas, en general, plantea que las políticas destinadas a enfrentar el cambio climático suelen verse como una forma de estatismo, porque implican regulaciones que, según ellos, afectan la inversión o la propiedad privada. Sin embargo, ese argumento resulta difícil de sostener cuando vemos que, en algunas zonas de la Región de Coquimbo, la existencia de humedales ha evitado tragedias mayores, y lo peor, es que este tipo de fenómenos climáticos serían más comunes de lo que pensamos. Construir sobre dunas, como ocurrió en algunos sectores de la Quinta Región, o intervenir humedales para favorecer proyectos inmobiliarios termina teniendo consecuencias muy graves para la población chilena. En los empresarios y algunos personeros de las derechas (salvo contadas excepciones que mencionaré más abajo) no hay preocupación alguna por sus compatriotas.
Más allá de este diagnóstico, también es necesario mencionar la lenta reacción del Gobierno. Da la impresión de que fue la presión ejercida por las autoridades regionales, como el gobernador Cristóbal Juliá, de derecha, y la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, de Renovación Nacional, la que terminó impulsando la declaración de zona de catástrofe. También el alcalde de Coquimbo, Ali Manoucheri. Recién entonces el Gobierno reaccionó. Si no hubiese sido también por las imágenes que aparecieron en televisión, pareciera que esta emergencia habría sido considerada un problema de menor importancia.
Todo esto es muy preocupante. Evidentemente, aquí no hay nada de «patriotismo» cuando los alcaldes tienen que salir por televisión para pedir, casi rogando, que el Gobierno tome decisiones frente a una emergencia de esta magnitud. Francamente, es una situación muy lamentable e indignante y que, con toda probabilidad, tendrá consecuencias en el mediano plazo sobre la aprobación del Gobierno.
Fabián Bustamante Olguín.
Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
