“El despojo nunca terminó”: conversación con Sonia Liliana Ivanoff sobre Wallmapu, Chubut y la regresión de derechos en Argentina
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Una voz desde el Atlántico del Wallmapu
Profesora de Historia, abogada y doctora en Ciencias Sociales y Humanas, coordina la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, la trayectoria de Sonia Ivanoff la ha convertido en una de las voces jurídicas más sólidas en la defensa del pueblo mapuche tehuelche en Chubut, “un territorio de transición”, como ella lo define, donde las identidades mapuche y tehuelche conviven desde tiempos milenarios.
“Argentina es uno de los países donde hay una invisibilización sistemática de los pueblos indígenas”, afirma. La frase no es retórica: es diagnóstico. Durante la entrevista, Sonia vuelve una y otra vez sobre la matriz colonial que estructura el Estado argentino, una matriz que hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se ha reactivado con una intensidad que preocupa a quienes trabajan en derechos humanos.
Un territorio en disputa permanente
Chubut, explica, es un espacio donde más de 150 comunidades se autorreconocen como mapuche, mapuche-tehuelche o tehuelche. La coexistencia es histórica, pero la conflictividad es contemporánea. “La situación es muy difícil: hay una regresividad en el reconocimiento de derechos, derogaciones de leyes y un avance del despojo territorial”, señala.
La derogación de la Ley 26.160 —que suspendía desalojos y reconocía la ocupación tradicional indígena— abrió la puerta a una ofensiva de terratenientes y empresas. “Los actos administrativos de reconocimiento están siendo reabiertos a pedido de los privados”, dice. La frase resume el clima actual: un Estado que desanda sus propios compromisos y habilita la judicialización contra las comunidades.
La extranjerización de tierras, impulsada por el gobierno, agrava el panorama. “Benetton tiene más de 900.000 hectáreas con población mapuche adentro. Ahora se suman capitales qataríes y otros grupos dominantes con enorme poder político económico”, explica. Las nacientes del río Chubut —un punto vital para la provincia— atraviesa una disputa judicial entre la comunidad mapuche y compradores extranjeros.
El retroceso jurídico y la criminalización
La Constitución argentina de 1994 reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitaria indìgena. Pero ese reconocimiento, dice Sonia, “quedó en la Constitución, no bajó a una legislación o políticas públicas”. La tensión entre propiedad privada y propiedad comunitaria indígena se ha convertido en un campo de batalla donde el Estado, lejos de mediar, toma partido.
“El gobierno actual cerró oficinas donde se podía denunciar racismo. No hay un ente nacional para denunciar el racismo estructural”, lamenta. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado en 1985, “es vetusto, piensa en la integración y asimilación del indígena”.
La criminalización es cotidiana. “Cada recuperación territorial es considerada una usurpación. Hay activistas detenidos sin juicio durante más de un año y medio”, afirma. La regresión no es solo normativa: es policial, judicial y discursiva.
La justicia como campo de disputa
A diferencia de Chile, donde las comunidades suelen judicializar sus defensas, en Argentina —dice Sonia— “las comunidades han optado por denunciar al Estado”. La estrategia es política y jurídica: llevar al Estado a juicio por violencia policial, racismo o incumplimiento de obligaciones internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina en el caso Lhaka Honhat por violaciones a la propiedad comunitaria, la identidad cultural y los derechos ambientales – derecho al agua- de comunidades indígenas. Pero la ejecución de la sentencia se produce a pasos muy lentos. “Con Milei se cortaron todas las instancias de diálogo” con los pueblos indìegnas, explica.
La relación con el poder judicial es ambivalente. Hay jueces que dictan sentencias favorables, pero pagan un costo político. “Un juez que falló a favor de Facundo Jones Huala entró a un restaurante y todos se levantaron y se fueron”, recuerda. La escena ilustra la presión social y mediática sobre quienes reconocen derechos indígenas.
Colonialismo persistente y pluralismo jurídico ausente
La entrevista avanza hacia un análisis más profundo: la estructura colonial del derecho argentino. “El poder judicial es muy colonizante”, afirma. La formación jurídica reproduce jerarquías: primero el derecho nacional, luego el indígena, subordinado. “Incluso los abogados indígenas reciben la misma formación monocultural.”
Argentina no reconoce el pluralismo jurídico como derecho, a diferencia de Bolivia o Ecuador que lo ha reconocido en sus constituciones. Lo que existe es “un pluralismo jurídico comunitario participativo de hecho”, insuficiente para garantizar la libre determinación.
La falta de consulta y participación indígena en decisiones estatales es estructural. “El Estado sigue siendo un Estado colonizador y racista, que ejerce superioridad y la actitud de los funcionarios es no dar participación indígena”, dice Sonia. La frase es dura, pero describe una práctica cotidiana: leyes sobre pueblos indígenas redactadas sin pueblos indígenas.
Activismo, juventud y resistencia
La conversación se detiene en la figura de Facundo Jones Huala y en los jóvenes mapuches que han impulsado nuevas formas de acción política. “Los muertos siempre están del mismo lado”, dice Sonia con una mezcla de tristeza y admiración. La criminalización, la violencia policial y la estigmatización mediática han marcado a una generación que decidió confrontar al Estado.
Pero la resistencia mapuche, insiste, es histórica. “Es un pueblo que siempre buscó el diálogo y siempre fue defraudado”, afirma. La desconfianza actual no es ideológica: es producto de siglos de incumplimientos.
¿Cómo relacionarse con el Estado?
La pregunta final es la más compleja: ¿cómo debería ser la relación entre el pueblo mapuche y el Estado argentino? Sonia no ofrece una respuesta cerrada. “Hay una diversidad interna. Algunos no acuerdan con el Estado; otros dicen que no se puede vivir en guerra constante”, explica.
La clave, dice, es reconocer esa heterogeneidad y construir estrategias jurídicas y políticas que no reproduzcan la subordinación. “Ser un sujeto colectivo implica tomar decisiones, no sólo defenderse cuando lo agreden”, afirma.
La entrevista termina con una reflexión que resume todo: “Mientras sigan existiendo subordinaciones, no habrá ejercicio pleno del derecho a la libre determinación.”
Ginebra, 30 de julio 2026,
Elena Rusca
