Organizaciones chilenas denuncian ante la CIDH un “desmantelamiento” de las políticas de derechos humanos bajo el gobierno de Kast
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Representantes de organizaciones sociales, de memoria y de trabajadores públicos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los recortes presupuestarios, el debilitamiento de organismos estatales, las políticas de memoria y los denominados “indultos pasivos” a responsables de violaciones a los derechos humanos. Advirtieron que las medidas impulsadas por el Ejecutivo constituyen una política regresiva que podría vulnerar compromisos internacionales asumidos por Chile.
Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos chilenas denunciaron este miércoles 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que calificaron como un proceso de retroceso en materia de derechos humanos y debilitamiento de las capacidades del Estado durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La presentación se realizó en el marco de una audiencia temática ante el organismo interamericano y reunió a representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Londres 38 espacio de memorias, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
Intervinieron Nuvia Guajardo, directora nacional de la ANEF; Erika Hennings, presidenta de Londres 38; Paola Peebles, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, y Tamara Lagos, Magdalena Garcés y Paulina Zamorano, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
La exposición abordó cinco áreas principales: el desmantelamiento y reajuste del aparato estatal, el debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos, el retroceso de las políticas de memoria histórica, la situación de Colonia Dignidad y los denominados “indultos pasivos” a personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Durante la audiencia, las organizaciones sostuvieron que las medidas impulsadas por el Ejecutivo deben ser analizadas no solamente desde la perspectiva fiscal, sino también a la luz de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.
“Estos hechos constituyen un grave retroceso y una pérdida de garantías que han sido conquistadas tras décadas de movilización de la sociedad civil”, señalaron durante la presentación.
Por ello, solicitaron a la CIDH evaluar las políticas gubernamentales conforme a los principios de progresividad y no regresividad, participación, transparencia y rendición de cuentas.
ANEF denuncia reducción de las capacidades del Estado
Una parte importante de la presentación estuvo a cargo de Nuvia Guajardo, quien expuso ante la Comisión los efectos de los recortes presupuestarios y administrativos impulsados durante 2026.
La representante de la ANEF planteó que el problema excede una discusión convencional sobre austeridad fiscal.
“ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”, señaló.
Según la presentación, el Ejecutivo ha justificado las reducciones del gasto público en una situación fiscal restrictiva, mientras simultáneamente impulsa una reforma tributaria que, según las organizaciones, reduciría la recaudación estatal en unos US$4.500 millones anuales y beneficiaría principalmente a sectores de mayores ingresos.
Para la ANEF, la cuestión central es determinar si las medidas adoptadas cumplen los estándares internacionales que establecen que las políticas regresivas en materia de derechos deben estar justificadas, ser necesarias, proporcionales y temporales, además de considerar el deber de los Estados de utilizar el máximo de los recursos disponibles.
“El estándar no es cuánto gasta el Estado, sino si conserva la capacidad institucional para cumplir sus obligaciones”, sostuvo Guajardo.
Recorte transversal del gasto público
La presentación cuestionó particularmente el Decreto Supremo N°338, dictado en abril de 2026, mediante el cual se habría establecido un recorte transversal del 3% del gasto público en distintos servicios del Estado.
Según la ANEF, la medida ha provocado reducciones de personal, limitaciones presupuestarias y discontinuidad de programas públicos.
Entre los organismos afectados mencionó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde denunció una reducción de $652 millones y la eliminación de la Encuesta Laboral, instrumento destinado a medir las condiciones laborales y desigualdades existentes en el mercado del trabajo.
También expuso la situación del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), cuyo presupuesto, de acuerdo con los antecedentes entregados ante la CIDH, experimentaría una caída cercana al 47%, mientras su dotación se reduciría alrededor de un 75%.
Programas como Compromiso Joven, Hablemos de Todo y el Observatorio de Juventudes estarían entre las iniciativas afectadas.
La organización advirtió que estas reducciones se producen en un contexto especialmente sensible para las políticas dirigidas a jóvenes, entre ellas aquellas relacionadas con salud mental, prevención del suicidio, participación social y generación de información especializada.
Pueblos indígenas, trabajo y seguridad
La presentación también denunció la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales y el progresivo cierre del Plan Buen Vivir.
Las organizaciones señalaron que estas medidas deben analizarse considerando las obligaciones adquiridas por Chile mediante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en materia de consulta y derechos de los pueblos indígenas.
En el ámbito laboral, advirtieron que la Dirección del Trabajo estaría asumiendo nuevas obligaciones al mismo tiempo que disminuye su capacidad operativa.
Según la exposición, esto podría traducirse en mayores tiempos de tramitación y menor capacidad fiscalizadora frente a denuncias por acoso, violencia y otras vulneraciones de derechos laborales.
En materia de seguridad pública, las organizaciones identificaron además un cambio en las prioridades estatales: mientras se fortalecerían las capacidades de control y persecución penal, se reducirían programas de prevención, atención a víctimas y tratamiento de drogas.
Según la ANEF, esta orientación configura un Estado crecientemente reactivo y punitivo mientras se debilitan las políticas destinadas a prevenir las condiciones que generan vulneraciones sociales.
Salud y políticas sociales bajo presión
Uno de los ámbitos donde las organizaciones observan mayores riesgos es la Atención Primaria de Salud (APS).
Los antecedentes presentados ante la CIDH advierten debilitamientos en programas vinculados con salud mental comunitaria, prevención del suicidio, cuidados paliativos, personas mayores, demencia, atención odontológica preventiva, Fondo de Farmacia, hospitalización domiciliaria, población migrante, salud trans, PRAIS, rehabilitación comunitaria y acompañamiento psicosocial.
Las organizaciones denunciaron además reducciones en los equipos encargados de las políticas de autonomía económica y prevención de la violencia de género y disminuciones en los fondos culturales, cuyos efectos afectarían particularmente a comunidades rurales y sectores con menor acceso a actividades culturales.
El cuestionamiento al uso de decretos
La ANEF agregó a la discusión un argumento institucional: los recursos afectados fueron originalmente establecidos mediante la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso.
Según la exposición, una reducción general del gasto realizada posteriormente mediante decreto plantea interrogantes sobre las atribuciones del Ejecutivo para alterar partidas presupuestarias discutidas y aprobadas legislativamente.
“Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental. Viola la esencia del Estado de derecho”, sostuvo Guajardo ante la CIDH.
El planteamiento anticipa así una discusión que supera las consecuencias concretas de cada recorte y apunta a la forma en que el Ejecutivo está modificando las capacidades institucionales del Estado.
Una denuncia de regresividad estructural
La tesis presentada ante la Comisión Interamericana busca precisamente vincular políticas que, examinadas individualmente, podrían aparecer como decisiones administrativas o presupuestarias separadas.
Para las organizaciones, sin embargo, los recortes forman parte de un proceso más amplio.
“Lo que ha ocurrido durante 2026 como lo que ocurrirá entre 2027 y 2030 da cuenta de una regresividad simultánea: presupuestaria, institucional, programática y simbólica”, sostuvo la representante de la ANEF.
Desde esa perspectiva, la denuncia ante la CIDH plantea que no se estaría produciendo únicamente una reducción del tamaño del Estado, sino un cambio en sus prioridades y en su capacidad para garantizar derechos sociales, laborales y humanos.
La audiencia instala además el debate sobre la política interna del gobierno de Kast en una instancia internacional. Para las organizaciones participantes, las decisiones presupuestarias, los cambios institucionales y las políticas de memoria deben ser examinados a partir de las obligaciones internacionales asumidas por Chile y del principio fundamental de que los derechos ya conquistados no pueden retroceder sin una justificación excepcional.
