El Colegio de Arquitectos asumió su rol

By Patricio Herman 17 agosto, 2026 No comment

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El Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos acaba de dictar un fallo bastante incómodo para quienes durante años han sostenido que en los centros de la empresa Bodegas San Francisco (BSF), localizada en la comuna de Pudahuel, todo estaba perfectamente en regla, lo que era una soberana mentira, acorde a las distintas denuncias ingresadas en la administración del Estado por la empresaria Paula Behnke, apoyada por, entre otros, este columnista. El asunto se refleja en el canal de youtube “Behnke” en entrevistas que hace el cineasta Ricardo García.

La causa se inició en esa orden profesional por una acusación formal de la misma empresaria, en contra del arquitecto Enrique Barba, revisor independiente de proyectos del Centro Logístico Américo Vespucio, donde funcionaban las bodegas de la díscola BSF y donde ocurrió el gran incendio del 20 de febrero de 2024. La empresaria Behnke hizo algo bastante poco habitual en Chile: insistió, exigiendo expedientes, revisando permisos, comparando documentos, acudiendo a distintos organismos y finalmente llevó los antecedentes probatorios al Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos.

El resultado se conoció el pasado 29 de julio de 2026 dictado por ese Tribunal que acordó aplicar a Barba una censura pública, impedirle ejercer cargos directivos en ese Colegio durante dos años y suspender por el mismo período su calidad de arquitecto colegiado.

¿Y qué encontró el Tribunal? Entre otras cosas, que en los antecedentes se hablaba de un “Estudio de Carga Combustible” que, al revisar la carpeta municipal, simplemente no aparecía como tal. Lo que existía era otro documento, elaborado además sobre supuestos respecto de lo que se almacenaría en las bodegas. Estamos hablando de bodegas destinadas al arriendo a terceros, es decir, lugares donde el propietario no necesariamente conoce qué mercancías terminarán almacenándose allí.

Y justamente por esa situación las normas de protección contra incendios son exigentes. El Tribunal también detectó inconsistencias entre las superficies consideradas en esos cálculos y las enormes superficies realmente autorizadas por los permisos, además de deficiencias relacionadas con exigencias de resistencia al fuego. Después vino el incendio, pues según el antecedente de Bomberos, recogido por el propio Tribunal, la nave afectada estaba dividida en 19 bodegas y aproximadamente 10.000 m² que terminaron directamente comprometidos por el fuego y sus efectos. Entonces aparece la pregunta obvia en los siguientes términos.

Si el Colegio de Arquitectos pudo advertir estas irregularidades leyendo los documentos suministrados, en qué estaba la distraída Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel cuando otorgó los permisos y recepciones finales, pues tales documentos no llegaron por arte de magia al municipio: esa oficina “técnica” los aprobó. En qué estado mental estaba el funcionario de apellido Gallardo cuando les dio el visto bueno. Sabemos que por otras “equivocaciones”, reflejadas en un completo dictamen de la Contraloría General de la República este funcionario está sometido, desde hace años, a procedimientos disciplinarios. Es más, existe un sumario en contra de él, iniciado en 2022 y otro de 2024, respecto del cual incluso ya se aplicó una medida disciplinaria que todavía no está firme porque existe una reposición de él pendiente.

Hemos sabido que, entre julio de 2022 y junio de 2026, según las propias nóminas de Transparencia Activa, muestran más de $220 millones en remuneraciones brutas a nombre de este curioso funcionario, quien además continúa recibiendo graciosos pagos asociados al insensato Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), a pesar de que no está yendo al municipio. ¿Será lícito que los funcionarios que están en sus hogares reciban dineros públicos disfrazados como “mejoramientos”? Esperamos que el ente fiscalizador resuelva que ello no es posible.

Debido a que Benhke envió el contundente fallo del Colegio de Arquitectos a la Contraloría, suponemos que este órgano de control de la legalidad, remitirá esa conclusión al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), pues estaríamos ante el delito de prevaricación administrativa, el que debe ser investigado por un acucioso fiscal, teniéndose en cuenta que en este episodio se ha intentado presentar las denuncias en contra de BSF como si fueran el resultado de una contienda entre una molesta arrendataria de bodegas y una “importante” empresa privada.

Finalmente, valoramos que el Tribunal Constitucional (TC) haya eliminado la ocurrente indemnización, con fondos públicos, a actores privados en materia ambiental y en tal sentido lo juicioso, como lo ha propuesto el abogado Jorge Andrés Cash, es que los inversionistas contraten seguros en el mercado para que sus proyectos no se vean afectados económicamente cuando se producen reclamos de terceros.