Seguridad sin contrapesos: la deriva autoritaria del Gobierno de Kast
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La seguridad del Estado no puede convertirse en argumento para vaciar de contenido los derechos democráticos. La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast para crear un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública abre precisamente esa peligrosa posibilidad: entregar al Ejecutivo facultades extraordinarias, en tiempos de paz, que se aproximan a las previstas para situaciones de guerra.
El proyecto permitiría restringir la libertad personal y de circulación, el derecho de reunión y de asociación, interceptar comunicaciones y requisar bienes. Más grave aún, podría mantenerse inicialmente durante 120 días y prorrogarse por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Como advierten constitucionalistas y parlamentarios, se trata de una concentración excepcional de poder presidencial con controles democráticos insuficientes.
No es un detalle jurídico. Es una cuestión de régimen democrático. Cómo señaló el senador Luciano Cruz-Coke, se conceden poderes al presidente que muchos de sus propios partidarios no querrían jamás en manos de la oposición. Y Matías Walker lo expresó con crudeza: “así mueren las democracias”. La advertencia debería ser escuchada antes de que la excepción termine convirtiéndose en una forma ordinaria de gobierno.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa el contexto político. Las ultraderechas contemporáneas tienden a presentar el debate parlamentario, los controles institucionales y la protesta ciudadana como obstáculos frente a la urgencia de gobernar. La seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado pasan entonces a funcionar como argumentos legitimadores de una ampliación permanente del poder ejecutivo y de una reducción correlativa del espacio democrático.
El riesgo consiste en criminalizar no sólo al delincuente, sino también las respuestas sociales frente a las decisiones del poder. Una democracia robusta debe perseguir al crimen organizado mediante inteligencia, investigación financiera, policías profesionales y justicia eficaz, no mediante categorías jurídicas expansivas capaces de convertir la excepción en regla y la protesta en sospecha. Esto último es el inicio de la tiranía.
A ello se suma una concepción económica que privilegia el crecimiento capitalista y la acumulación privada como horizonte superior de la política pública. Cuando se debilitan los contrapesos democráticos mientras se protegen intereses económicos —incluido el secreto bancario— y se favorece la concentración de la riqueza, la seguridad deja de ser únicamente una política contra el delito: puede transformarse en una herramienta para disciplinar a una sociedad atravesada por desigualdades.
La prensa de derecha tiene aquí una responsabilidad decisiva. Cuando la agenda pública queda reducida al miedo, al narcotráfico y al orden, mientras las restricciones a los derechos aparecen como respuestas técnicas inevitables, el debate democrático se empobrece. El periodismo no puede limitarse a reproducir la narrativa gubernamental: debe preguntar quién gana poder, quién pierde derechos y qué controles sobreviven después de aprobada cada excepción.
Un Estado democrático no debe manipular los miedos e inseguridades para gobernar. Debe proteger a sus ciudadanos del crimen sin convertirlos en ciudadanos sometidos a vigilancia, restricciones y poderes excepcionales permanentes. Debe perseguir la corrupción que recorre las redes de poder. Y debe garantizar que el crecimiento económico no se construya a costa de los trabajadores. La ultraderecha no puede facilitar el tránsito a una sociedad capaz de enfrentar los riesgos ecológicos de colapso ni la profundización de las desigualdades. En otras latitudes las ultraderechas comienzan a vivir derrotas.
Leopoldo Lavín Mujica
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