Cuando un embajador se convierte en actor político: el problema Brandon Judd

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 52 segundos

El embajador Brandon Judd afirmó que la inteligencia estadounidense estableció “categóricamente” que organizaciones de izquierda estuvieron detrás de la violencia del estallido social. Citado por Cancillería, reconoció después que EE.UU. no realizó una investigación en Chile, que no posee antecedentes específicos sobre grupos y que su análisis se construyó a partir de fuentes chilenas. El episodio abre una pregunta sobre las pruebas que sustentan su acusación y los límites de la actuación política de un embajador.

Brandon Judd hizo el martes una afirmación extraordinariamente grave. El embajador de Estados Unidos en Chile aseguró que la inteligencia de su país había determinado “categóricamente” que la violencia asociada al estallido social de 2019 provenía de organizaciones de izquierda o de esa orientación ideológica. No presentó aquello como una opinión personal ni como una interpretación política. Invocó expresamente a “nuestra inteligencia” y habló de un “análisis específico”.

Veinticuatro horas después, citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar los antecedentes, la contundencia inicial comenzó a desvanecerse.

“La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación”, aclaró Judd. Tampoco tiene documentos en Chile sobre el estallido, Estados Unidos no envió investigadores al país y, finalmente, el propio embajador reconoció algo todavía más significativo: “No tenemos nada específico sobre grupos”. Su explicación fue que Washington había realizado un análisis de fuentes abiertas, basado en información proveniente de políticos, policías y académicos chilenos.

La diferencia no es menor.

Una cosa es afirmar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos poseen antecedentes que permiten establecer categóricamente la participación de determinadas organizaciones en acontecimientos ocurridos en otro país. Otra muy distinta es decir que funcionarios estadounidenses analizaron información pública producida por instituciones, académicos y actores políticos de ese mismo país y extrajeron de ella una determinada interpretación.

La segunda puede ser perfectamente legítima. Pero no equivale a la primera.

Y precisamente por tratarse del embajador de Estados Unidos, esa diferencia importa.

La prueba que ahora deberá aparecer

El canciller Francisco Pérez Mackenna hizo lo que correspondía. Citó a Judd, le solicitó los antecedentes y anunció que cualquier información relevante que Washington entregue será remitida a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes.

Cancillería fue todavía más lejos: el ministro entregó al embajador un requerimiento oficial para que Estados Unidos remita por escrito la información que posea. Washington tendrá entonces que responder institucionalmente, ya sea entregando antecedentes o precisando qué información existe realmente.

Es una buena decisión porque permite sacar el asunto del terreno de las declaraciones políticas.

Si los organismos estadounidenses poseen información desconocida en Chile que permita identificar responsables de los graves hechos de violencia ocurridos en octubre de 2019, deben entregarla.

Si poseen antecedentes sobre una organización que planificó incendios, saqueos o ataques contra el Metro, deben entregarlos.

Si conocen nombres, estructuras, financiamiento o mecanismos de coordinación, las instituciones chilenas tienen que investigarlos.

Pero si no existe esa información y lo que Estados Unidos posee es simplemente un análisis político construido a partir de fuentes abiertas chilenas, corresponde decirlo con igual claridad.

La gravedad de una acusación debe guardar alguna relación con la solidez de la evidencia que la sustenta.

Lo que la justicia chilena todavía no establece

Hay otro problema con la seguridad exhibida inicialmente por Judd.

Las propias instituciones chilenas no han alcanzado la conclusión categórica que el embajador atribuyó a la inteligencia estadounidense.

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó este miércoles que las investigaciones todavía abiertas sobre los ataques al Metro fueron concentradas en la Fiscalía Metropolitana Sur, bajo la conducción del fiscal Héctor Barros. Entre las cuestiones que esas investigaciones buscan esclarecer se encuentra precisamente la eventual coordinación de los ataques.

Consultado directamente sobre si los antecedentes permiten relacionar la violencia con organizaciones de izquierda, Valencia evitó hacerlo:

“No quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza”.

También señaló que la Fiscalía no conoce los antecedentes mencionados por Judd y dejó abierta la posibilidad de reabrir causas si Estados Unidos entrega información nueva y relevante.

La posición del Ministerio Público parece bastante más prudente que la del embajador.

Han transcurrido casi siete años desde octubre de 2019. Ha habido investigaciones policiales, judiciales, académicas y parlamentarias. Existen causas terminadas y otras todavía abiertas. Se conocen numerosos responsables individuales de delitos cometidos durante aquellas jornadas. También continúan existiendo preguntas sin respuesta sobre algunos de los episodios más graves.

Precisamente por eso resulta impropio transformar una hipótesis política en una certeza de inteligencia antes de exhibir los antecedentes que permitirían sostenerla.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, resumió el problema de manera sencilla al señalar este miércoles que respecto de esos antecedentes “lo que hay es lo que todo el mundo conoce”.

Tal vez Washington tenga algo más.

Ahora deberá demostrarlo.

Un embajador no es un comentarista

El problema, sin embargo, va bastante más allá del 18 de octubre.

Judd está adquiriendo una presencia en la política chilena difícilmente comparable con la función pública desempeñada habitualmente por un representante diplomático.

Ha opinado sobre el estallido social, la izquierda chilena y latinoamericana, la orientación política del país, la doctrina Donroe y las condiciones que facilitarían su aplicación bajo el gobierno de José Antonio Kast.

Durante el Foro Madrid, una reunión política internacional de la ultraderecha realizada en Santiago, altos representantes estadounidenses sostuvieron que fuerzas de izquierda habían intentado desestabilizar Chile en 2019. Judd respaldó posteriormente esa interpretación.

Y este mismo miércoles, horas después de acudir a Cancillería para explicar sus declaraciones, volvió a difundir desde sus redes sociales palabras del secretario de Estado Marco Rubio afirmando que “la izquierda” había destruido Venezuela, Cuba y Nicaragua y prácticamente todos los países del hemisferio donde había llegado al poder.

No parece, por tanto, que estemos simplemente ante una frase desafortunada.

Existe un discurso político reconocible.

Judd representa al gobierno de Donald Trump y naturalmente tiene la obligación de defender la política exterior de su administración. Nadie podría reprocharle aquello. Pero representar los intereses de Estados Unidos no convierte al embajador estadounidense en participante de la política interna chilena.

Hay una frontera entre ambas funciones.

Pérez Mackenna terminó por recordárselo públicamente este miércoles: los embajadores, dijo el canciller, “no deben opinar sobre la política interna de los países en que están”.

La observación parece elemental. Resulta revelador que haya sido necesario formularla.

El lenguaje de la inteligencia

También existe un problema específico en la utilización del concepto de “inteligencia”.

Cuando un ciudadano, académico o dirigente político afirma que determinadas organizaciones estuvieron detrás del estallido, expresa una interpretación que puede ser contrastada con otras.

Cuando el embajador de una potencia mundial afirma que “nuestra inteligencia nos dice categóricamente” que determinados sectores fueron responsables, está invocando algo diferente.

Está atribuyendo su afirmación a capacidades institucionales de un Estado que posee una de las mayores estructuras de inteligencia del planeta.

El peso de la frase proviene precisamente de aquello que el público supone que existe detrás de ella: información reservada, capacidades de investigación, fuentes, documentos, análisis especializados.

Pero Judd explicó después que no hubo una investigación estadounidense en Chile y que las conclusiones proceden de una revisión de información generada por policías, académicos y actores políticos chilenos. Tampoco identificó grupos o individuos específicos.

Entonces la pregunta resulta inevitable.

¿Estamos ante información de inteligencia desconocida por Chile o ante una interpretación estadounidense de información chilena conocida?

No es una discusión semántica.

Es precisamente la diferencia entre presentar antecedentes y conferir autoridad institucional a una opinión política.

Una discusión que Chile debe resolver por sí mismo

El estallido de octubre de 2019 continúa siendo una fractura abierta en la sociedad chilena.

Para algunos fue esencialmente una rebelión social originada por décadas de desigualdad y malestar acumulado. Para otros constituyó un proceso de violencia política que buscó derribar al gobierno de Sebastián Piñera. Entre ambos extremos existe una realidad considerablemente más compleja: millones de personas participaron pacíficamente en movilizaciones, mientras simultáneamente se produjeron saqueos, incendios, ataques a infraestructura y graves hechos de violencia; también se documentaron violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Las instituciones chilenas siguen teniendo la obligación de esclarecer todos los delitos que puedan investigarse.

Pero esa discusión pertenece a Chile.

No corresponde que Washington establezca quién fue políticamente responsable del 18-O, como tampoco correspondería que el embajador chileno en Estados Unidos explicara a los estadounidenses quién estuvo realmente detrás del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 invocando informes del Estado chileno.

Mucho menos si esos informes, llegado el momento de exhibirlos, resultaran ser análisis de noticias, declaraciones de políticos, documentos policiales y estudios académicos estadounidenses.

La comparación ayuda a dimensionar el problema.

Diplomacia o batalla cultural

Hay finalmente una cuestión que el gobierno de Kast tendrá que observar con atención.

La cercanía ideológica entre la administración republicana estadounidense y el actual Gobierno chileno no puede convertir a la Embajada de Estados Unidos en una extensión local de la denominada “batalla cultural” de la derecha internacional.

Judd puede defender a Trump.

Puede explicar la política estadounidense hacia China, Venezuela, Cuba o cualquier otro país.

Puede promover inversiones estadounidenses, defender los intereses comerciales de Washington y expresar las posiciones internacionales de su Gobierno.

Lo que no corresponde es utilizar la autoridad de su cargo para intervenir en controversias partidarias chilenas y, menos todavía, invocar información de inteligencia para otorgar apariencia de certeza a afirmaciones políticas que después no puede acompañar inmediatamente con antecedentes concretos.

La Cancillería ha establecido esta vez un límite que debió resultar innecesario recordar.

Ahora existe además un requerimiento oficial.

La mejor manera de terminar esta controversia es extraordinariamente sencilla: que Estados Unidos entregue los antecedentes que su embajador dijo poseer.

Si contienen información nueva, Chile deberá investigarla sin prejuicios y hasta sus últimas consecuencias.

Si no existe esa información específica, Brandon Judd tendrá que explicar por qué presentó como una conclusión categórica de la inteligencia estadounidense lo que después describió como un análisis de fuentes abiertas.

Porque un embajador puede equivocarse.

Lo que no puede hacer es olvidar que, cada vez que habla públicamente en nombre de su país, sus palabras no son las de un comentarista: comprometen la autoridad del Estado que representa.

Simón del Valle