La nube también pesa: el boom de los data centers abre un nuevo frente ambiental en Chile

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Chile se prepara para recibir decenas de nuevos centros de datos destinados a sostener la expansión del cloud y la inteligencia artificial. Algunos alcanzan los 100 MW de potencia, contemplan decenas de generadores diésel y requieren nuevas subestaciones y líneas eléctricas. Mientras varios proyectos consultan al SEA si pueden desarrollarse sin ingresar al sistema de evaluación ambiental, el gobierno busca acelerar los permisos para atraer nuevas inversiones. Detrás de una industria aparentemente limpia comienza a emerger una pregunta: ¿está preparado el país para medir su verdadero costo territorial y energético?

La nube no está en el cielo. Tiene edificios, subestaciones, líneas eléctricas, sistemas de refrigeración, enormes salas llenas de servidores y estanques con cientos de toneladas de combustible. Y está creciendo rápidamente en Chile.

El desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios digitales está impulsando una infraestructura que hasta ahora ha permanecido casi invisible para la discusión pública: los centros de datos o data centers.

Chile quiere convertirse en uno de los principales polos latinoamericanos de esta industria. El proceso no comenzó con el actual gobierno. El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, desarrollado durante la administración anterior, proyectaba decenas de nuevas instalaciones y miles de millones de dólares de inversión.

Pero la expansión está adquiriendo una nueva escala.

La consultora Colliers ha identificado 34 desarrollos para los próximos años. Proyectos actualmente en construcción de empresas como EdgeConnex, Scala, ODATA y Terranova sumarían más de 120 MW de capacidad, mientras nuevas iniciativas previstas hacia 2031 agregarían cientos de MW adicionales.

Detrás de estas cifras aparece una cuestión que recién comienza a discutirse: ¿cuánta energía, agua, infraestructura y territorio necesita la economía digital?

Cien megawatts en Lampa

Uno de los proyectos que permite dimensionar el fenómeno es Campo de Datos Lampa.

La iniciativa fue presentada en julio de este año mediante una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El titular busca determinar que el proyecto no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

No se trata de una instalación menor.

La inversión declarada alcanza los US$850 millones. El proyecto ocuparía un terreno de casi 22 hectáreas, con aproximadamente 39.400 metros cuadrados construidos, cinco módulos de salas de servidores y una potencia instalada de 100 MW.

Tendrá además una subestación eléctrica propia y una conexión soterrada de aproximadamente 1,7 kilómetros hasta la Subestación Nueva Lampa.

El expediente contempla 90 equipos chiller para refrigeración y 45 generadores de emergencia de 2.500 kW cada uno, además de otro grupo electrógeno destinado al edificio de oficinas.

Solo los generadores asociados al data center representan más de 112 MW de potencia de respaldo.

El sistema de refrigeración, según el proyecto, funcionará mediante un circuito cerrado de agua sin evaporación, una diferencia importante respecto de otros modelos de centros de datos que pueden demandar cantidades considerablemente mayores de agua.

El expediente no está resuelto. El 22 de septiembre el SEA solicitó antecedentes adicionales y actualmente figura como “en análisis-suspendida”.

¿Cuánto son 100 MW?

La cifra resulta abstracta hasta que se traduce a una escala conocida.

Los MW expresan potencia y no consumo energético. Pero si una instalación de 100 MW operara permanentemente a plena carga durante un año, demandaría aproximadamente 876 GWh de electricidad.

Tomando como referencia un hogar que utiliza entre 180 y 200 kWh mensuales, esa energía sería del mismo orden que el consumo anual de aproximadamente 365 mil a 405 mil hogares.

Otra comparación resulta todavía más gráfica.

La Estrategia Energética Local de Buin registró un consumo eléctrico total —residencial y no residencial— de aproximadamente 145 GWh durante 2019.

Los años y las condiciones no son directamente comparables y un data center tampoco necesariamente utiliza permanentemente toda su capacidad instalada. Pero la relación permite comprender el orden de magnitud: 100 MW funcionando continuamente representarían cerca de seis veces aquella referencia de consumo eléctrico anual de toda la comuna de Buin.

No estamos hablando simplemente de grandes edificios llenos de computadores.

Estamos hablando de grandes consumidores industriales de electricidad.

La inteligencia artificial necesita enchufe

La Comisión Nacional de Energía ya ha advertido sobre este fenómeno.

En mayo, el jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, Danilo Zurita, señaló que la infraestructura eléctrica no necesariamente se está desarrollando al mismo ritmo que las nuevas demandas vinculadas a los centros de datos.

El problema no consiste solamente en disponer de suficiente generación eléctrica en Chile. La energía tiene que llegar físicamente hasta los lugares donde se instalan estos gigantescos consumidores.

Eso requiere capacidad de transmisión, nuevas subestaciones y, en algunos casos, nuevas líneas eléctricas.

Lampa ofrece nuevamente un ejemplo.

Antecedentes del Coordinador Eléctrico muestran desarrollos de infraestructura asociados a grandes demandas de data centers que pueden alcanzar varios cientos de MW en esa zona.

Así, el impacto territorial de la industria digital deja de estar encerrado dentro del predio donde se encuentran los servidores.

Puede extenderse hacia una cadena mucho mayor:

data center, subestación, transmisión, generación, almacenamiento energético y sistemas de respaldo.

La nube comienza entonces a tener una geografía.

Agua: el precedente de Cerrillos

Chile ya conoció un conflicto ambiental provocado por un centro de datos.

El proyecto de Google en Cerrillos contemplaba originalmente un sistema de refrigeración que podía extraer importantes cantidades de agua del acuífero Santiago Central.

En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente su autorización al considerar insuficientes los antecedentes utilizados para descartar impactos significativos sobre el acuífero, particularmente frente a escenarios de cambio climático.

Google modificó posteriormente su diseño hacia un sistema de refrigeración por aire.

El caso dejó un precedente relevante: los centros de datos pueden parecer instalaciones tecnológicas relativamente inocuas, pero sus sistemas de refrigeración pueden convertirlos en grandes consumidores de agua.

El propio SEA reconoció esta nueva realidad.

En enero de este año publicó por primera vez un criterio específico para la evaluación ambiental de centros de datos, que entró en vigencia el 25 de febrero y aborda sus principales componentes, impactos, contingencias y condiciones de ingreso al SEIA.

La institucionalidad ambiental está, en otras palabras, aprendiendo a evaluar una industria que se expande rápidamente.

El límite de las mil toneladas

Aquí aparece uno de los puntos más delicados.

La modificación del Reglamento del SEIA que entró en vigencia en enero cambió distintos umbrales que determinan cuándo determinados proyectos deben ingresar obligatoriamente al sistema.

Entre ellos se modificaron criterios relacionados con el almacenamiento de sustancias inflamables.

El cambio no fue realizado por el gobierno de José Antonio Kast. Fue preparado durante la administración anterior y forma parte de una reforma más amplia destinada a concentrar la evaluación ambiental en proyectos considerados capaces de generar impactos significativos.

Pero sus efectos coinciden ahora con la expansión de los data centers.

Varias iniciativas han presentado consultas de pertinencia preguntando al SEA si están obligadas a ingresar al sistema.

Y algunas cifras llaman la atención.

Proyectos han declarado cantidades de combustible cercanas pero inferiores al umbral relevante: 990 toneladas en un caso; menos de mil en otro; 756 toneladas en Puente Alto; alrededor de 695 toneladas en Cerrillos; más de 500 toneladas en Lampa.

Estar bajo un umbral no constituye una irregularidad ni demuestra una intención de eludir la legislación ambiental.

Pero sí plantea una pregunta regulatoria.

Porque quedar fuera del SEIA no significa quedar sin regulación.

Seguridad no es lo mismo que evaluación ambiental

El almacenamiento de combustibles continúa sometido a normas sanitarias y de seguridad.

Existen exigencias para estanques, distancias, prevención de incendios, planes de emergencia y autorización sanitaria. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles también fiscaliza normas aplicables al almacenamiento de combustibles líquidos.

Por tanto, un proyecto que no ingrese al SEIA no puede simplemente instalar cientos de toneladas de diésel sin regulación.

Pero existe una diferencia fundamental.

Las normas sectoriales preguntan si el estanque cumple determinadas condiciones técnicas y de seguridad.

Una evaluación ambiental puede formular una pregunta mucho más amplia:

¿qué impacto produce el proyecto completo sobre las personas y el territorio?

Porque un data center no es solamente un estanque.

Es electricidad, generadores, combustible, refrigeración, agua, ruido, emisiones, infraestructura eléctrica, tráfico, suelo y eventualmente nuevas líneas de transmisión.

Y cuando varios proyectos comienzan a concentrarse en un mismo territorio surge otra interrogante: ¿quién evalúa sus efectos acumulativos?

Un proyecto aquí, otro al lado

La expansión no está ocurriendo de manera dispersa.

Lampa, Colina, Huechuraba, Cerrillos, San Bernardo, Buin, Puente Alto y Tiltil aparecen repetidamente entre los territorios escogidos para estas instalaciones. También comienzan a surgir proyectos en Valparaíso y otras regiones.

En Lampa, por ejemplo, ya existen antecedentes de desarrollos de data centers que pueden alcanzar varios cientos de MW.

Puede ocurrir entonces que cada iniciativa sea analizada individualmente:

un centro de datos,

una subestación,

una línea,

otro centro de datos,

otra ampliación.

Pero para el territorio todos ellos forman parte de una misma transformación.

Este problema no es desconocido para la evaluación ambiental chilena. El SEA cuenta desde 2024 con criterios para considerar impactos acumulativos y sinérgicos.

La cuestión será determinar cómo se aplicarán cuando una nueva industria comience a concentrar enormes cargas eléctricas en determinadas comunas.

La carrera por atraer inversiones

Existe además un contexto político que no puede ignorarse.

El gobierno de José Antonio Kast ha colocado la aceleración de inversiones y la reducción de los tiempos de tramitación entre sus prioridades económicas.

La semana pasada, durante un encuentro con inversionistas estadounidenses en Nueva York, aparecieron precisamente los permisos ambientales y las condiciones regulatorias para inversiones, incluyendo preguntas relacionadas con inteligencia artificial y data centers.

El objetivo gubernamental es reducir demoras que considera innecesarias sin eliminar las obligaciones ambientales.

Esa distinción será decisiva.

Porque acelerar procedimientos administrativos no significa necesariamente reducir estándares ambientales. Un expediente puede tramitarse más rápidamente manteniendo las mismas exigencias.

El problema aparecería si la necesidad de acelerar inversiones termina desplazando la evaluación de impactos que por su naturaleza requieren una mirada territorial más amplia.

Y los centros de datos constituyen probablemente una de las primeras pruebas para esa política.

Una política que atraviesa dos gobiernos

Sería equivocado presentar esta expansión como una creación del gobierno de Kast.

La estrategia comenzó antes.

El Plan Nacional de Data Centers del gobierno anterior buscaba precisamente convertir a Chile en un polo regional de infraestructura digital y proyectaba miles de millones de dólares de nuevas inversiones.

También durante la administración anterior se modificaron los umbrales de ingreso al SEIA que ahora están siendo utilizados para determinar la pertinencia ambiental de nuevos proyectos.

El gobierno actual recibe esa política y la inserta dentro de una estrategia todavía más amplia de aceleración de inversiones.

Existe, por tanto, una continuidad que atraviesa administraciones políticamente muy diferentes: Chile quiere atraer data centers.

La discusión pendiente es bajo qué condiciones.

El costo material de la inteligencia artificial

Durante años Internet cultivó una metáfora extraordinariamente eficaz: “la nube”.

Nuestros archivos estarían allí arriba, en algún espacio aparentemente inmaterial. Ahora ocurre algo parecido con la inteligencia artificial.

Pero cada pregunta realizada a un modelo, cada fotografía almacenada, cada video reproducido y cada operación ejecutada en servicios digitales termina procesándose en computadores físicos instalados en algún lugar del planeta.

Esos computadores necesitan edificios.

Los edificios necesitan refrigeración.

Los servidores necesitan electricidad.

La continuidad operacional necesita generadores.

Los generadores necesitan combustible.

Y la electricidad necesita centrales, subestaciones y redes capaces de transportarla.

Nada de eso es virtual.

¿Evaluar antes o después?

Chile conoce bien otra secuencia.

Primero llega una industria considerada estratégica para el desarrollo. Después crece rápidamente. Más tarde aparecen los conflictos territoriales y finalmente comienza la discusión sobre los límites ambientales que debieron establecerse desde el comienzo.

Ha ocurrido con distintas actividades productivas y extractivas.

Los centros de datos ofrecen una oportunidad diferente.

La industria todavía está comenzando su gran expansión y la institucionalidad ambiental ya reconoce que posee características particulares. El SEA creó este año criterios específicos para evaluarla. Existen precedentes judiciales. Hay información sobre consumo energético y se conocen los territorios donde comienzan a concentrarse las inversiones.

Todavía existe, por tanto, la posibilidad de discutir las reglas antes de que el modelo territorial quede consolidado.

La pregunta no es si Chile debe utilizar inteligencia artificial ni si debe impedir la instalación de centros de datos.

Es otra.

¿Puede convertirse en un gran polo latinoamericano de infraestructura digital sin trasladar silenciosamente a determinados territorios el costo energético y ambiental de esa transformación?

Porque la nube puede parecer invisible.

Pero pesa.

Y cada vez pesa más.

Félix Montano