Comunidades del Valle del Huasco exigen esclarecer qué ocurrió en el Tribunal Ambiental por Pascua Lama 2.0

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Tras la publicación anticipada y posterior eliminación de una noticia que informaba el rechazo de medidas cautelares contra el proyecto minero El Alto, seguida por la inhabilitación de los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental, comunidades diaguitas y habitantes del Valle del Huasco exigieron que se investigue lo sucedido. Piden respuestas de la justicia, la Corte Suprema y las autoridades vinculadas a la implementación del Acuerdo de Escazú.

Las comunidades del Valle del Huasco que mantienen reclamaciones judiciales contra el proyecto “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada, vinculada a Barrick Gold, elevaron este miércoles el tono frente a la inédita situación producida en el Primer Tribunal Ambiental y exigieron esclarecer públicamente qué ocurrió al interior del organismo.

En un comunicado suscrito por comunidades diaguitas, agricultores, organizaciones ambientales y habitantes del valle que participan en las causas R-189-2026 y R-174-2026, los reclamantes sostienen que los acontecimientos conocidos durante los últimos días han abierto interrogantes que afectan directamente la confianza en la justicia ambiental.

“¿Qué ocurrió realmente al interior del Primer Tribunal Ambiental?”, preguntan.

El origen de la controversia se remonta al 23 de septiembre, cuando el sitio oficial del Primer Tribunal Ambiental publicó una noticia informando que habían sido rechazadas medidas cautelares solicitadas para detener temporalmente el avance del proyecto El Alto mientras se resolvían las reclamaciones presentadas contra su aprobación ambiental.

El problema fue que, según los antecedentes conocidos, al momento de difundirse esa información no constaba en los expedientes una resolución que hubiese comunicado formalmente aquella decisión a las partes.

La publicación fue posteriormente eliminada.

Un día después ocurrió algo todavía más excepcional: los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental —Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas— quedaron inhabilitados para continuar interviniendo en las causas.

Como consecuencia, los expedientes debieron ser remitidos al Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago.

“Una cosa es un error en una noticia”

Las comunidades sostienen que la secuencia de acontecimientos requiere una explicación que vaya más allá de atribuir lo sucedido a una equivocación comunicacional.

“Una cosa es un error en una noticia, otra muy distinta es que un sitio institucional comunique el resultado de una cuestión judicial pendiente antes de que las partes conozcan la resolución que debería contener esa decisión”, afirman.

El Primer Tribunal Ambiental señaló posteriormente que había reforzado sus procedimientos internos para la comunicación de decisiones judiciales. Sin embargo, al tratarse de causas pendientes, no entregó una explicación detallada sobre lo ocurrido.

La controversia adquiere otra dimensión por los antecedentes profesionales de personas vinculadas a la tramitación de las causas.

Las comunidades mencionan específicamente al relator Álvaro Funes Palacios, quien antes de incorporarse al Tribunal trabajó durante aproximadamente cinco años en asuntos legales de Minera Zaldívar.

La compañía minera Zaldívar pertenece en partes iguales a Antofagasta Minerals y Barrick Gold.

Ese antecedente, por sí solo, no acredita una actuación irregular ni una interferencia de la empresa en el proceso.

Las propias organizaciones hacen explícita esa distinción.

“No afirmamos, sin antecedentes que lo acrediten, que haya existido presión indebida, interferencia o corrupción en estas causas”, señalan.

Pero consideran que la sucesión de acontecimientos hace legítimo preguntar si se trató simplemente de hechos independientes o si existen otras circunstancias que deben ser investigadas.

Tres ministros fuera de la causa

La inhabilitación de la totalidad de los ministros titulares constituye uno de los elementos más inusuales del episodio.

Las causales de inhabilidad buscan precisamente proteger la imparcialidad de los tribunales cuando existen determinadas circunstancias previstas por la legislación.

En este caso, las comunidades señalan que los ministros quedaron apartados por una causal vinculada a haber manifestado previamente opinión o decisión sobre la cuestión sometida a su conocimiento.

El resultado práctico fue que la integración titular completa del Primer Tribunal Ambiental quedó fuera de las reclamaciones vinculadas a El Alto.

Los expedientes fueron enviados al Segundo Tribunal Ambiental.

Pero allí podría surgir otra situación que las comunidades ponen bajo observación.

La presidenta de ese tribunal, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Minera Zaldívar.

Nuevamente, la existencia de ese vínculo no determina por sí misma una irregularidad ni permite anticipar cómo se integrará finalmente el tribunal que conocerá las causas. Sin embargo, podría dar lugar al análisis de una eventual inhabilidad conforme a las reglas correspondientes.

El episodio ilustra una dificultad particularmente sensible para una jurisdicción especializada que debe resolver controversias donde participan algunas de las empresas más grandes del país.

Pascua Lama vuelve al centro del conflicto

El proyecto que está detrás de toda esta controversia es “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada.

Formalmente es un proyecto diferente de Pascua Lama.

Barrick ha sostenido que El Alto constituye una iniciativa jurídicamente independiente y que sus actividades no interfieren con el proceso de cierre del antiguo proyecto minero.

Las comunidades sostienen una interpretación muy diferente.

Lo denominan “Pascua Lama 2.0” porque las prospecciones se desarrollan en el mismo territorio cordillerano donde durante décadas se produjo el conflicto por Pascua Lama y consideran que no puede analizarse desconectado de esa historia.

El Alto contempla 62 sondajes diamantinos distribuidos en 43 plataformas y busca obtener nueva información geológica y metalúrgica para determinar el potencial de recursos minerales y eventuales inversiones futuras.

El proyecto fue aprobado ambientalmente a comienzos de este año.

Desde entonces distintas comunidades del Valle del Huasco han recurrido a la institucionalidad ambiental y judicial para cuestionar esa autorización.

Una historia de 25 años

Para las organizaciones firmantes, lo sucedido en el Tribunal no puede separarse de los más de 25 años de conflicto ambiental que el Valle del Huasco mantiene en torno a Pascua Lama.

Durante ese período las comunidades han utilizado prácticamente todas las vías que ofrece la institucionalidad: participación ciudadana, observaciones ambientales, procedimientos administrativos, reclamaciones y acciones judiciales.

Pascua Lama terminó finalmente sancionado con la clausura definitiva de sus instalaciones.

En 2022, además, la Corte Suprema resolvió otra controversia relacionada con sondajes realizados en el área, estableciendo límites relevantes respecto de las actividades que podían desarrollarse mientras se ejecutaba el cierre.

Por ello la llegada de un nuevo proyecto de exploración minera al mismo territorio ha reactivado una discusión que parecía cerrada.

Y explica también la sensibilidad con que las comunidades observan cualquier anomalía institucional relacionada con estas nuevas reclamaciones.

Piden intervención de la Corte Suprema

Las organizaciones sostienen ahora que los hechos deberían ser conocidos por las instituciones con atribuciones para determinar si corresponde investigarlos.

Entre ellas mencionan específicamente a la Corte Suprema.

Los Tribunales Ambientales están sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica del máximo tribunal, de acuerdo con la legislación que regula su funcionamiento.

Por esa razón, las comunidades solicitan que se determine si corresponde investigar lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

También piden que las autoridades encargadas de implementar en Chile el Acuerdo de Escazú examinen el episodio desde las obligaciones del país relacionadas con el acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales.

El tratado regional establece principios de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

Para las comunidades, la independencia, transparencia e imparcialidad de los tribunales constituyen una condición indispensable para que ese derecho pueda ejercerse realmente.

Un llamado al Congreso

El comunicado también emplaza al mundo político.

Las organizaciones solicitan a senadores y diputados —especialmente a los representantes de Atacama— y a las comisiones parlamentarias competentes que pidan antecedentes y contribuyan a esclarecer los acontecimientos.

“Las comunidades no deberíamos enfrentar solas la tarea de obtener estas respuestas”, sostienen.

Los firmantes anuncian además que estudiarán los distintos caminos legales e institucionales disponibles.

Existe otra preocupación: el tiempo.

Cada inhabilitación, modificación de la integración del tribunal o traslado de un expediente puede prolongar la resolución de las reclamaciones.

Mientras el proceso judicial continúa, advierten las comunidades, el proyecto puede seguir avanzando.

Por eso sostienen que el acceso a la justicia ambiental no consiste solamente en tener derecho a presentar una reclamación.

La respuesta debe llegar oportunamente.

La credibilidad de la justicia ambiental

Lo sucedido trasciende finalmente al proyecto El Alto.

Los Tribunales Ambientales fueron creados precisamente para dotar a Chile de una jurisdicción especializada capaz de resolver conflictos cada vez más complejos entre comunidades, empresas y Estado.

Su legitimidad depende de que las partes puedan confiar en la independencia de quienes adoptan las decisiones.

Hasta ahora no existen antecedentes públicos que permitan concluir que Barrick haya intervenido indebidamente en las reclamaciones por El Alto ni que la publicación anticipada haya sido consecuencia de una presión externa.

Pero tampoco resulta irrelevante que una institución judicial haya anunciado públicamente el resultado de una cuestión pendiente antes de que la correspondiente resolución apareciera comunicada en el expediente, que posteriormente eliminara esa publicación y que al día siguiente sus tres ministros titulares quedaran inhabilitados para continuar conociendo las causas.

Es esa secuencia la que las comunidades quieren que sea esclarecida.

Firman el comunicado la Asamblea por la Defensa del Agua y los Glaciares del Valle del Huasco; las comunidades indígenas diaguitas Molle Diaguita Kay Ko, Alta Cordillera y sus Afluentes, Quebrada de Colpe, Hermana Agua de Conay y Montañas Fértiles de Chollay; además de la Asociación Gremial de Turismo Alto del Carmen, entre otras comunidades, agricultores y habitantes que participan en las reclamaciones.

Después de más de dos décadas enfrentando el conflicto de Pascua Lama, las organizaciones aseguran que continuarán utilizando las vías institucionales.

Pero ahora la pregunta está dirigida precisamente hacia esas instituciones.

“Necesitamos que se nos responda públicamente qué ocurrió realmente al interior del Primer Tribunal Ambiental y quién asumirá las responsabilidades”, concluyen.

Esperan respuestas.