La vivienda en España, una mercancía para especular

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Se ha pateado el tablero. En España, habrá elecciones generales el 29 de noviembre. No fue Ceuta, la inmigración, la corrupción o la guerra judicial, ni siquiera la derecha. Ha sido la movilización del sindicato de inquilinas e inquilinos contra uno de tantos desahucios, el de Maricarmen Abascal, mujer de 87 años, reivindicando regular los alquileres, el punto de inflexión. La presión social logró revertir el proceso y Maricarmen volverá a su vivienda, pagando un alquiler proporcional a su pensión.

Los cárteles de la vivienda, integrados por fondos de inversión, capitales especulativos y promotoras inmobiliarias, se han sentido amenazados. A diferencia de la crisis hipotecaria de 2008, que dejó sin vivienda a propietarios, hoy son inquilinos quienes sufren la especulación. Se les expulsa para transformar las casas en pisos turísticos, trocear el espacio en habitaciones o venderlos a fondos buitres.

Quienes son inquilinos desean estabilidad, contratos renovables y seguridad de no verse en la calle al albur del propietario, sea persona física o jurídica. Se pide respeto. Pero no se les respeta. Se les aplica la ley del especulador, sean grandes, medianos o pequeños propietarios. No les importa causar dolor ni la violencia empleada a la hora de llevar a cabo el desahucio.

Silvia Bardelás, en Una conciencia nueva, apunta el motivo de semejante sicopatía: se trata de “…hacer daño cuando el otro nos es ajeno. Si el otro es un ser humano como nosotros, si somos capaces de sentirlo verdaderamente como diferente en cuanto humanidad, entonces es difícil que vayamos a hacerle daño”. Tres son los derechos de ciudadanía que han dejado de serlo para transformarse en mercancía: salud, educación y vivienda.

En España, la negativa de la derecha y sus representantes políticos, Vox, Partido Popular, UPN y Junts per Cat, a legislar una ley de mínimos que proteja a los inquilinos lo corrobora. Otro tanto sucede con la educación y la salud. Se han convertido en negocio. Son, dirán, “derechos del capital” en una economía de mercado. Los capitales financieros, los fondos de inversión inmobiliarios, tienen sus representantes en el Congreso y cumplen órdenes, rechazar dos decretos de ley para poner freno momentáneo a los desahucios, al menos durante dos años, limitar el precio de los alquileres y hacer contratos renovables.

Pero no nos engañemos, votar a favor no era la panacea. Sólo un parche para lavar la cara a la socialdemocracia, corresponsable de estar donde estamos, sobrepasada por las movilizaciones populares y las acampadas. Justicia poética. La convocatoria de elecciones y la disolución de las cortes abre la puerta a una aprobación de urgencia. Ahora será la comisión permanente quien decida y Junts per Cat resulta irrelevante. Si nadie cambia su voto, se aprobará un decreto que evite los desahucios en el corto plazo y mantenga estable los contratos de alquiler.

En España, la vivienda desde los gobiernos de Felipe Gónzalez forma parte del botín generado en décadas de políticas de liberalización de alquileres y venta de suelo público a inmobiliarias para edificar. Ha sido el mantra para solucionar el problema de la demanda de viviendas: construir, construir y construir. Pero, según el Banco de España, en su informe anual de 2025, existe casi un millón de viviendas que han sido sustraídas del mercado del alquiler, para fines rentistas.

Edificar no es la solución, es mantener el problema si previamente no hay una ley que regule los arrendamientos. Hoy se trata de recuperar viviendas. Pero se va en sentido contrario. La venta de vivienda protegida y social en favor de los nuevos amos de las ciudades por ayuntamientos se ha generalizado. Basta recordar las mil 860 viviendas de protección social construidas con dinero público, con mil 797 garajes y mil 569 trasteros que el Partido Popular, siendo alcaldesa Ana Botella, entregó a precio de saldo al fondo de inversión Blackstone.

De esta manera, cuando se menciona la necesidad de recuperar las viviendas, la derecha pone el grito en el cielo y exclama ¡Comunismo! Azuzan el miedo, ¡quieren expropiar la propiedad privada! Cuando se busca restablecer la función social de la propiedad privada, en este caso de la vivienda. Tal vez, el triunfo electoral de Die Linke, la izquierda en Berlín, dé pautas. Su programa captó que el principal problema de los berlineses era el acceso a la vivienda de alquiler.

El sociólogo belga, diputado y concejal del ayuntamiento de Amberes, Peter Mertens, en su artículo “¿El elector o el capital: ¿Quién gobierna Berlín?” sentencia de qué va el debate: “se trata de la lucha de clases en su forma más material. Trasladar el poder de los grandes propietarios inmobiliarios a los inquilinos y a la propiedad pública. El sector inmobiliario quiere mantener el reinado de la propiedad privada, las rentas de alquiler y la rentabilidad de las inversiones. Lo que está en juego no puede ser más concreto.

¿A quién pertenecen las viviendas, quién cobra los alquileres, adónde va el dinero público y quiénes tienen derecho a decidir al respecto?” Sin duda, sus conclusiones se pueden extrapolar a cualquier ciudad de España. ¡Y sí! la lucha de clases existe. No por negarla desaparece, como la ley de gravedad. Salte de un edificio y verá como cae.

Marcos Roitman Rosenmann