Aluvión en Las Condes: el riesgo era conocido desde enero y las obras de contención seguían pendientes

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La emergencia que este jueves afectó a San Carlos de Apoquindo no fue el primer desastre registrado en el sector precordillerano. Un incendio forestal ocurrido a fines de 2025 y un aluvión en enero de este año habían dejado en evidencia la vulnerabilidad del territorio. Tras las nuevas lluvias, el delegado presidencial metropolitano reconoció que todavía no estaban instaladas las mallas de contención previstas para la zona. La secuencia abre interrogantes sobre las medidas preventivas, la planificación urbana y la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos.

El aluvión que este jueves 8 de octubre descendió por el sector precordillerano de Las Condes, arrastrando barro, piedras y vehículos por calles de San Carlos de Apoquindo, dejó al descubierto una situación que trasciende la emergencia provocada por las intensas precipitaciones: la zona ya había sufrido episodios destructivos durante los meses anteriores y existían antecedentes concretos de su vulnerabilidad.

El desastre afectó principalmente a sectores próximos a General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur. Las imágenes difundidas durante la tarde mostraron corrientes de agua y sedimentos avanzando por las calles, vehículos atrapados y equipos de emergencia trabajando en medio del barro.

Un bus del sistema Red Movilidad resultó afectado y también se reportaron inundaciones en instalaciones de salud del sector.

Según los balances preliminares conocidos durante la noche, al menos seis personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encontraba un menor de edad que sufrió una fractura.

Las autoridades activaron los mecanismos de emergencia y Senapred declaró alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana, mientras continuaban las evaluaciones de daños.

Pero, más allá de las consecuencias inmediatas, la pregunta que surge es por qué una zona donde ya se habían registrado incendios y remociones en masa volvió a sufrir un episodio de estas características.

Un incendio forestal y un aluvión anterior

Los antecedentes más relevantes se remontan a diciembre de 2025.

Durante ese mes, un incendio forestal afectó extensas superficies de vegetación en San Carlos de Apoquindo. Según información de la Municipalidad de Las Condes, el fuego comprometió más de mil hectáreas del sector precordillerano.

La pérdida de cobertura vegetal constituye un factor relevante para la estabilidad de las laderas. Las raíces ayudan a sujetar los suelos y la vegetación contribuye a reducir la velocidad de escurrimiento del agua. Cuando esa cobertura desaparece, las precipitaciones intensas pueden facilitar el arrastre de sedimentos.

Poco después, el 31 de enero de 2026, la misma zona sufrió un aluvión que movilizó aproximadamente 47.000 metros cúbicos de material, de acuerdo con los antecedentes municipales.

La emergencia obligó a desplegar trabajos de limpieza, recuperación y evaluación de medidas de protección.

De esta manera, el fenómeno ocurrido este jueves no encontró a las autoridades ante un territorio sin antecedentes recientes de riesgo.

En menos de un año, San Carlos de Apoquindo había experimentado un incendio de grandes proporciones y dos episodios de arrastre de sedimentos asociados a precipitaciones.

La sucesión de estos acontecimientos obliga a examinar cómo se evaluaron las amenazas y qué medidas se ejecutaron entre una emergencia y otra.

Las mallas de contención que aún no estaban instaladas

Uno de los antecedentes más significativos surgió de las declaraciones del delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, durante la emergencia.

La autoridad reconoció que se había acordado la instalación de mallas de contención en sectores precordilleranos para enfrentar el arrastre de materiales, pero que estas todavía no estaban instaladas.

La declaración introduce una interrogante sobre los plazos de ejecución de las medidas preventivas previstas después de los episodios anteriores.

Hasta ahora no se ha establecido públicamente, con el detalle necesario, qué organismos tenían a su cargo cada una de las obras, cuáles eran los cronogramas comprometidos, qué recursos estaban asignados ni qué dificultades explican que parte de las medidas continuara pendiente.

Tampoco existe todavía una evaluación técnica que permita afirmar que la instalación de esas mallas habría impedido el aluvión de este jueves o reducido significativamente sus daños.

Sin embargo, el reconocimiento de obras pendientes en un sector que ya había sufrido un desastre semejante justifica solicitar explicaciones a las autoridades responsables.

La prevención de aluviones no depende de una sola intervención. Puede requerir obras de control de sedimentos, estabilización de laderas, mantención de cauces, infraestructura de evacuación de aguas lluvias y sistemas de alerta temprana.

La eficacia de esas medidas depende, además, de las características de cada quebrada y de la magnitud de las precipitaciones.

La urbanización de la precordillera

San Carlos de Apoquindo forma parte de una extensa área de expansión urbana sobre el piedemonte de Santiago, donde durante décadas se han construido viviendas, establecimientos educacionales, centros de salud e infraestructura vial.

La cercanía de la cordillera constituye uno de los atributos paisajísticos más valorados de estos sectores, pero también supone una exposición a amenazas naturales.

Las quebradas que descienden desde las laderas cumplen una función de evacuación de aguas y sedimentos. Cuando sus cursos son intervenidos, canalizados o incorporados a sistemas urbanos de drenaje, su comportamiento durante precipitaciones extraordinarias puede adquirir una complejidad adicional.

El arquitecto y urbanista Pablo Allard señaló, tras la emergencia, que deben considerarse varios factores concurrentes: la pérdida de vegetación provocada por el incendio, las condiciones meteorológicas y las limitaciones de los sistemas de evacuación de aguas en sectores donde las quebradas han sido intervenidas.

Entre los elementos mencionados figura también la altura de la isoterma cero, que influye en la proporción de precipitaciones que cae como lluvia o nieve en las zonas cordilleranas.

Estas observaciones no sustituyen los estudios técnicos necesarios para establecer las causas específicas del aluvión.

Sí permiten identificar un problema más amplio: la relación entre la expansión urbana hacia la precordillera y la necesidad de disponer de infraestructura capaz de enfrentar fenómenos hidrometeorológicos intensos.

El hecho de que las viviendas se encuentren en sectores de altos ingresos no modifica las condiciones geográficas del territorio.

Las amenazas naturales tampoco desaparecen por el valor de las propiedades ni por la calidad de las edificaciones.

¿Qué ocurrió con las medidas posteriores a enero?

El aluvión del 31 de enero debió proporcionar información relevante sobre el comportamiento de las quebradas, el volumen de sedimentos movilizados y los puntos donde la infraestructura resultó insuficiente.

Por eso, la emergencia de octubre plantea preguntas que requieren respuestas documentadas.

¿Cuáles fueron las recomendaciones técnicas formuladas después del aluvión de enero? ¿Qué obras se aprobaron? ¿Cuáles fueron ejecutadas y cuáles permanecían pendientes? ¿Qué responsabilidades correspondían al municipio, al Ministerio de Obras Públicas y a otros organismos del Estado?

También será necesario establecer si existieron evaluaciones específicas sobre los efectos del incendio forestal de diciembre en la estabilidad de los suelos y si sus resultados fueron incorporados a los planes de prevención.

La información disponible hasta ahora no permite distribuir responsabilidades administrativas ni establecer eventuales incumplimientos.

Pero sí muestra que había antecedentes suficientes para considerar el sector como un territorio expuesto a nuevas emergencias.

La reconstrucción de la secuencia de decisiones y trabajos realizados durante los últimos nueve meses será indispensable para comprender qué ocurrió.

Un problema que supera a Las Condes

Los aluviones y las remociones en masa no constituyen una amenaza exclusiva de los sectores precordilleranos de Santiago.

Durante los últimos meses, distintas localidades del norte de Chile han sufrido daños por precipitaciones intensas, activación de quebradas y arrastre de sedimentos.

Las regiones de Antofagasta y Coquimbo han enfrentado episodios que afectaron caminos, viviendas e infraestructura de servicios básicos.

En algunos lugares, las obras de control aluvional han logrado retener importantes volúmenes de material, demostrando la relevancia de la inversión preventiva.

En otros, los daños han vuelto a poner en discusión la ocupación de áreas expuestas y la mantención de la infraestructura existente.

La experiencia acumulada en distintas regiones del país plantea una cuestión que también deberá abordarse en Santiago: hasta qué punto las ciudades están incorporando las amenazas naturales en sus decisiones de crecimiento y planificación.

El cambio climático agrega una dimensión a esta discusión, porque las modificaciones en los patrones de temperatura y precipitación obligan a revisar los criterios tradicionales utilizados para diseñar obras de protección.

No obstante, determinar qué papel tuvo el calentamiento global en un episodio particular requiere estudios especializados. La emergencia de Las Condes no puede atribuirse automáticamente a ese fenómeno.

La prevención, antes de la próxima emergencia

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la limpieza de calles, el retiro de sedimentos y la evaluación de los daños, las autoridades deberán determinar las causas inmediatas del aluvión.

También tendrán que explicar qué medidas de protección estaban disponibles y cuáles permanecían pendientes.

El incendio de diciembre, el aluvión de enero y el desastre de octubre forman una secuencia que merece ser investigada.

Redacción de El Clarín