Trump quería el Nobel: se lo dieron a una jueza y sancionó a La Haya

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 9 segundos

El viernes, el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio de la Paz a Navanethem «Navi» Pillay, jurista sudafricana de 85 años. Es nieta de trabajadores tamiles llevados a las plantaciones de azúcar de Natal y fue la primera mujer no blanca en llegar al Tribunal Supremo de su país. Horas después, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional, del que Pillay fue jueza. La secuencia no necesita adjetivos. Basta ponerla en orden cronológico para saber quién defiende qué.

La trayectoria de la premiada es un mapa de la justicia internacional de las últimas tres décadas. Presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde la sentencia Akayesu reconoció en 1998 la violación como acto de genocidio. Fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En septiembre de 2025, la comisión que presidía concluyó que Israel comete genocidio en Gaza. Al conocer la noticia preguntó: «¿Por qué necesito valentía para decir la verdad?». Esa pregunta resume la época.

El Comité no premió a un negociador ni a un jefe de Estado con buenas intenciones. Premió a una jueza, y la elección es una tesis. Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, la formuló sin rodeos: el Estado de derecho «no es un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta». Es una respuesta directa a la escuela «realista» en relaciones internacionales, que solo ve las relaciones de fuerzas, trata la justicia como un estorbo para la diplomacia y a la impunidad como el precio de los acuerdos.

Washington respondió con su propio idioma. Ya había sancionado a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y a ocho jueces y cuatro fiscales, expulsándolos del sistema financiero estadounidense. Ahora el castigo alcanza a la institución entera y a cualquiera que colabore con ella, sean empresas, organismos o particulares. También pagarán las víctimas, cuya asistencia depende de esos circuitos. Rubio habla de un «tribunal díscolo» al que hay que cortarle los recursos. Es el vocabulario que se reserva a un cártel.

El comunicado tiene una franqueza que rara vez se permiten los imperios. Estados Unidos no «necesita» ni «quiere» un tribunal que investigue crímenes de guerra. Los aliados que «dependen de los militares estadounidenses para su defensa» deben pararle los pies. Si no lo hacen, Washington desmantelará el TPI «ladrillo a ladrillo». El mensaje es protección militar a cambio de renunciar a la jurisdicción penal universal. Eso no es política exterior. Es extorsión con membrete oficial.

El trasfondo tiene nombre: la orden de detención contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Netanyahu felicitó a Washington y llamó al TPI «organismo político». Su cancillería escribió que Goebbels «aplaude desde el infierno» el premio a una mujer que creció bajo el apartheid. El insulto dice más de quien lo firma que de su destinataria. Rubio, por su parte, promete que ningún estadounidense será juzgado jamás. Con eso, la impunidad pasa a ser una doctrina de Estado exportable a los aliados.

Los chilenos conocemos el valor de esa arquitectura que hoy se quiere demoler. En 1998 se adoptó en julio el Estatuto de Roma, en septiembre llegó la sentencia Akayesu y en octubre Pinochet fue detenido en Londres. Ese año la impunidad dejó de ser una garantía vitalicia para los criminales de Estado. Lo que Trump persigue es volver a ese mundo anterior, donde el poder protegía a sus verdugos y las víctimas solo tenían la memoria.

Europa calificó las sanciones de «profundamente lamentables» y confía en que quede «margen para el diálogo» antes de que entren en vigor, dentro de seis meses. Dialogar con quien anuncia la demolición de la casa es una forma educada de esperar las grúas. Pillay bromeó con compartir el premio con Trump, a quien María Corina Machado ya regaló su medalla en la Casa Blanca. La medalla se puede regalar. La autoridad moral, no.

Leopoldo Lavín Mujica