Crece la tensión con Estados Unidos: 14 diputados exigen declarar persona non grata al embajador Brandon Judd

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Parlamentarios del Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Democracia Cristiana y Acción Humanista acusaron al representante de Washington de intervenir reiteradamente en asuntos internos de Chile. Sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes y la Antártica reactivaron una controversia que también involucra el cable submarino con China, la política comercial y la adhesión al Escudo de las Américas. Cancillería ha manifestado sus reparos al diplomático, pero no contempla por ahora una nota formal de protesta.

La controversia diplomática entre Chile y Estados Unidos adquirió este sábado una nueva dimensión política. Catorce diputados de oposición solicitaron formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que declare persona non grata al embajador estadounidense Brandon Judd, a quien acusan de intervenir reiteradamente en decisiones soberanas del país y de pronunciarse sobre materias que excederían sus funciones diplomáticas.

La petición fue suscrita por parlamentarios de cinco sectores políticos, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y representa una escalada en los cuestionamientos que durante los últimos meses ha provocado el representante del Gobierno de Donald Trump.
El episodio más reciente se produjo durante una actividad empresarial realizada esta semana, cuando Judd abordó la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y la situación territorial de la Antártica.
Pero la carta parlamentaria va bastante más allá de esas declaraciones. Los diputados reconstruyen una sucesión de intervenciones del embajador sobre decisiones comerciales, infraestructura estratégica, legislación nacional y acontecimientos políticos internos, y cuestionan la respuesta que hasta ahora ha entregado la Cancillería.
En particular, los firmantes sostienen que la actuación del ministro Pérez Mackenna ha sido insuficiente para defender la autonomía de las decisiones chilenas frente a Washington.

Una solicitud que reúne a cinco sectores de oposición

La declaración está firmada por Luis Cuello, Nathalie Castillo, Daniela Serrano, Lorena Pizarro y Boris Barrera, del Partido Comunista; Nelson Venegas, Juan Santana y Emilia Nuyado, del Partido Socialista; Consuelo Veloso, Gael Yeomans, Lorena Fries y Gonzalo Winter, del Frente Amplio; Patricio Pinilla, de la Democracia Cristiana; y Ana María Gazmuri, de Acción Humanista.
Los parlamentarios expresaron su preocupación por lo que consideran una actitud reiterada de intervención del embajador estadounidense en asuntos que corresponden exclusivamente al Estado chileno.
La carta acusa al canciller de mantener una posición de pasividad frente a esas declaraciones y sostiene que esa respuesta afecta la imagen internacional de Chile como Estado independiente.
Para fundamentar su solicitud, los diputados invocaron el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece el deber de los agentes diplomáticos de respetar las leyes del Estado receptor y no inmiscuirse en sus asuntos internos.
También citaron el principio de igualdad soberana de los Estados, establecido en la Carta de Naciones Unidas, y las disposiciones de la Carta de la Organización de Estados Americanos relativas a la no intervención.
Sobre esa base, solicitaron recurrir al artículo 9 de la Convención de Viena, que permite a un Estado declarar persona non grata a un integrante de una misión diplomática sin estar obligado a explicar los motivos de su decisión.
La aplicación de ese mecanismo obligaría al Estado acreditante a retirar al diplomático o poner término a sus funciones. Sin embargo, hasta ahora se trata de una petición parlamentaria: el Gobierno chileno no ha adoptado esa medida.

Magallanes y la Antártica: el nuevo foco de controversia

Las declaraciones que desencadenaron esta nueva reacción fueron pronunciadas por Judd durante el Día del Comercio Global 2026, organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores.
Al referirse a la cooperación entre Chile y Estados Unidos, el embajador vinculó un eventual respaldo estadounidense a los intereses chilenos en el Estrecho de Magallanes con la disposición del país a colaborar en materias consideradas prioritarias por Washington.
Sus palabras provocaron cuestionamientos porque el Estrecho constituye un espacio estratégico para la navegación internacional y para la soberanía chilena en el extremo austral.
Posteriormente, el diplomático afirmó que no existe una Antártica perteneciente a Chile, invocando el régimen jurídico establecido por el Tratado Antártico.

Esta última afirmación requiere una precisión importante.

Chile delimitó su Territorio Antártico mediante el Decreto Supremo 1747, dictado en 1940 durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Esa reclamación continúa formando parte de la posición oficial del Estado chileno.
El Tratado Antártico, vigente desde 1961, no resuelve las reclamaciones territoriales existentes, pero tampoco las extingue. Su artículo IV establece un régimen que preserva las posiciones de los Estados reclamantes y evita que las actividades desarrolladas durante su vigencia sean utilizadas para fundamentar nuevas reclamaciones o ampliar las anteriores.
Estados Unidos no reconoce las reclamaciones territoriales antárticas, una posición histórica que explica parte de las diferencias jurídicas con Chile.
Sin embargo, la controversia actual no se limita a la interpretación del tratado. También involucra la conveniencia diplomática de que un embajador se pronuncie públicamente sobre una reivindicación territorial mantenida por el Estado ante el cual está acreditado.
El excanciller Teodoro Ribera sostuvo que Chile debe continuar reivindicando su declaración de límites de 1940, independientemente de la posición estadounidense.

La respuesta del canciller y las gestiones ante Judd
El ministro Francisco Pérez Mackenna respondió a la controversia reafirmando la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
«El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno», declaró ante el Congreso.
El canciller agregó que Chile dispone de sus propios medios para resguardar sus derechos y que no necesita apoyo extranjero para defender su soberanía.
Las declaraciones muestran que el Gobierno no ha compartido públicamente los planteamientos del embajador en esta materia.
Además, según informó Emol este sábado, Pérez Mackenna conversó dos veces con Judd durante las últimas 24 horas y le manifestó los reparos de la Cancillería.
No obstante, fuentes citadas por ese medio señalaron que el envío de una nueva nota formal de protesta no estaría contemplado por ahora.
Esta diferencia entre las gestiones realizadas y las medidas solicitadas por los parlamentarios es uno de los elementos centrales de la controversia.
La oposición exige una respuesta diplomática de mayor alcance. El Ejecutivo, en cambio, ha optado hasta ahora por manifestar sus objeciones mediante declaraciones públicas y conversaciones con el representante estadounidense.
El Gobierno tampoco ha anunciado que vaya a solicitar el retiro de Judd.

Los antecedentes de la controversia: China, el estallido social y la doctrina Donroe

La solicitud parlamentaria incorpora una serie de episodios anteriores que, a juicio de sus firmantes, muestran un patrón de intervenciones del embajador en materias de política interna.
Uno de ellos se relaciona con el proyecto de cable submarino entre Chile y China, iniciativa que ha generado tensiones con Washington por sus implicancias tecnológicas y estratégicas.
Los diputados cuestionan que Judd haya intervenido públicamente en la discusión sobre el futuro de ese proyecto y recuerdan las sanciones estadounidenses contra autoridades chilenas vinculadas a su tramitación.
También mencionan sus pronunciamientos sobre la denominada Ley Uber y las críticas que dirigió a ministros chilenos durante las controversias comerciales provocadas por los aranceles estadounidenses.
Otro antecedente corresponde a las declaraciones del embajador sobre el estallido social de octubre de 2019.
Judd afirmó que existían antecedentes de inteligencia estadounidense relacionados con la participación de organizaciones de izquierda en aquellos acontecimientos. Posteriormente matizó sus afirmaciones, que habían provocado cuestionamientos sobre la utilización de información de inteligencia extranjera para intervenir en el debate político chileno.
La carta incluye además sus referencias a la llamada doctrina Donroe, expresión utilizada para describir la reinterpretación de la histórica doctrina Monroe bajo la administración Trump.
En septiembre, Judd sostuvo que esa orientación estadounidense ya se estaba aplicando en Chile y que el Gobierno de Kast facilitaba su implementación.
Durante la interpelación parlamentaria del 28 de septiembre, Pérez Mackenna respondió que ningún embajador extranjero determina las decisiones del Estado chileno.
En esa misma sesión reconoció que Judd había recibido una nota de protesta del Gobierno chileno, pero aclaró que esa comunicación correspondía a la administración anterior, encabezada por Gabriel Boric.

El Escudo de las Américas vuelve al centro de la discusión

La controversia también reactivó los cuestionamientos sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por el Gobierno estadounidense.
Durante septiembre, el Ejecutivo chileno anunció su incorporación a esta alianza, presentada como un mecanismo para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.
Sin embargo, parlamentarios de oposición han solicitado conocer los compromisos concretos asumidos por el país y sus eventuales consecuencias sobre materias de defensa, seguridad e intereses estratégicos.
La interpelación del 28 de septiembre buscó precisamente obtener antecedentes sobre esa decisión.
En esa oportunidad, el canciller sostuvo que la adhesión no había requerido la firma de un documento y que el mecanismo no tenía carácter jurídicamente vinculante.
La oposición considera insuficientes esas explicaciones y reclama información adicional sobre las condiciones de participación chilena.
Entre sus preocupaciones figuran la protección de recursos minerales estratégicos y la posibilidad de que futuros acuerdos contemplen operaciones de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Estas últimas cuestiones corresponden a riesgos planteados por los parlamentarios: no existe en los antecedentes examinados una confirmación de que Chile haya autorizado el despliegue de tropas estadounidenses como consecuencia de su adhesión al Escudo.
La controversia plantea, por tanto, dos discusiones distintas: la conveniencia política de participar en una iniciativa liderada por Washington y el alcance jurídico de los compromisos que eventualmente pueda asumir el Estado chileno.

Judd rechaza las acusaciones sobre Magallanes

El embajador estadounidense ha rechazado que sus declaraciones hayan buscado condicionar la soberanía chilena.
En una aclaración difundida después de la controversia del miércoles, Judd sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y negó haber puesto condiciones al reconocimiento de los derechos territoriales de Chile.
El diplomático afirmó que su intervención buscaba destacar la cooperación bilateral y las oportunidades de trabajo conjunto en seguridad, comercio y desarrollo.
También agradeció al ministro de Defensa, Fernando Barros, y a quienes, según señaló, habían comprendido el contexto de sus declaraciones.
La explicación no cerró la controversia política.
Los parlamentarios que solicitan su retiro sostienen que el problema no se reduce a una frase aislada, sino a la reiteración de pronunciamientos sobre materias que consideran reservadas a las autoridades chilenas.
La Cancillería, por su parte, mantiene abiertos los canales diplomáticos con la embajada estadounidense.

Una decisión que corresponde al Ejecutivo

La declaración de persona non grata constituye uno de los mecanismos más severos previstos en las relaciones diplomáticas para expresar el rechazo a la actuación de un representante extranjero.
Su aplicación no requiere una sentencia judicial ni demostrar previamente una infracción ante un tribunal internacional. La Convención de Viena reconoce esa facultad al Estado receptor.
Sin embargo, se trata de una decisión con consecuencias políticas relevantes, pues puede deteriorar las relaciones bilaterales y provocar respuestas diplomáticas del país afectado.
En este caso, la solicitud de los 14 diputados no obliga jurídicamente al Gobierno a adoptar la medida.
Corresponde al Ejecutivo, a través de la conducción de las relaciones exteriores, evaluar si considera necesario recurrir a ese mecanismo o mantener las gestiones diplomáticas que ya ha iniciado.
La decisión se produce en un momento especialmente sensible para la relación entre Chile y Estados Unidos, marcada por las diferencias comerciales, la competencia estratégica entre Washington y Beijing, la cooperación en seguridad y la discusión sobre los intereses nacionales en la zona austral.
La controversia con Brandon Judd ha dejado así de concentrarse exclusivamente en las palabras del embajador. También ha instalado una discusión sobre la manera en que el Gobierno chileno responde a los pronunciamientos de representantes extranjeros y sobre los límites que deben regir las relaciones con sus principales socios internacionales.
Por ahora, el canciller Pérez Mackenna ha reafirmado públicamente la soberanía chilena y ha realizado gestiones ante Judd, mientras un grupo de diputados exige que el Gobierno avance hacia una medida diplomática de mayor gravedad.
El próximo paso dependerá de la respuesta del Ejecutivo a la petición parlamentaria y de la evolución de una controversia que ya involucra al Congreso, la Cancillería y la representación diplomática de Estados Unidos.

Redacción Clarín

Fuentes: La Tercera, El Paín, Emol, BioBío, El Mostrador.